22/11/2016

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Andrey Panevin / Slavyangrad.org

Obstrucción a la justicia: Cómo el Gobierno británico protegió a 8.000 soldados de la División Waffen SS-Galizien

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Miembros de la SS-Freiwilligen-Division “Galizien” marchan frente a Fritz Freitag, Heinrich Himmler y Otto Wachter

El continuo apoyo otorgado a políticos y militares fascistas ucranianos por los gobiernos occidentales ha hecho surgir la pregunta de cómo es posible tal traición a los sacrificios de los Aliados en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, lo que gran parte de la población desconoce, principalmente debido a una prensa cada vez más corrompida, es que esos mismos gobiernos cuentan con una larga historia de protección a quienes cometieron algunos de los crímenes más terribles de aquella guerra. Uno de los más atroces ejemplos de estas prácticas de proteger de la justicia a criminales de guerra, confirmada en 2005 cuando el British Home Office desclasificó la documentación que mostraba que el Gobierno británico protegió a al menos 8.000 miembros de la División Waffen SS-Galicia de la justicia soviética.

Cuando la Alemania nazi se rindió ante las fuerzas aliadas en mayo de 1945, la 14ª División Waffen SS-Galicia, compuesta por voluntarios ucranianos, continuó su retirada hacia el oeste desde sus posiciones en Austria para evitar así ser capturados y castigados por el avance del Ejército Rojo. La división –de aproximadamente 10.000 soldados– optó finalmente por rendirse a las tropas británicas y estadounidenses y fue enviada, brevemente, al campo de internamiento de Spittal an der Drau, Austria. Contra lo acordado en la Conferencia de Yalta, el Gobierno británico rechazó repatriar a la División Galicia a la Unión Soviética y optó por enviarlos a otro campo de internamiento en Bellaria-Igea Marina, al norte de Italia. Fue allí donde tres de los más prominentes fascistas ucranianos –Mykola Lebed, Ivan Hryoj y el obispo Ivan Buchko– consiguieron que el Vaticano intercediera por los soldados, a los que Buchko calificó de “buenos católicos y fervientes anticomunistas”.

Con ayuda de dicha intervención, las autoridades británicas y estadounidenses que controlaban el campo de prisioneros se mantuvieron firmes en su intención de rechazar su obligación de repatriar a los soldados a la Unión Soviética. Uno de los principales defensores de la decisión británica de no repatriar a la División Galicia fue el mayor Denis Hill, dispuesto a proteger a los soldados pese a admitir que sabía que “eran de las SS”, afirmando que el ejército “no estaba interesado en los crímenes de guerra”. Según escribió el académico británico Stephen Dorril en su libro M16: Inside the Covert World of Her Majesty’s Secret Service (MI6: En el Mundo Oculto de los Servicios Secretos de Su Majestad), el mayor Hills era un autodenominado fascista y convencido anticomunista que quiso asegurarse de que la División Galicia fuera trasladada a Gran Bretaña. Fue el propio Hills el que aconsejó al líder de la división, el mayor Yaskevycz, que entrenara a sus hombres para que mintieran al ser interrogados para la repatriación soviética y que insistieran en que fueron obligados a luchar junto a los nazis, negando rotundamente ser voluntarios.

A causa también del temor británico a que una mejora en las relaciones entre Italia y la Unión Soviética resultara en la repatriación, el 1 de abril de 1947 se tomó decisión de trasladar a 8.000 miembros de la División Galicia a Gran Bretaña.

Los documentos del British Home Office desclasificados en 2005 revelan al detalle los pasos de las autoridades gubernamentales para conseguir otorgar la ciudadanía y empleo a los miembros de la División Galicia. Fue un proceso fuertemente apoyado por políticos de origen ucraniano como Gordon Bohdan Panchuk, diputado canadiense que presionó duramente a Gran Bretaña para que ejerciera “comprensión y acción favorable” hacia los miembros de la División. Panchuk amenazó a las autoridades británicas con una reacción negativa de las comunidades ucranianas en Canadá y Gran Bretaña en caso de maltrato o que se planteara la repatriación de los soldados.

Los documentos muestran también el conocimiento del perfil de los hombres de la División Galicia. Era perfectamente conocido que el expediente de guerra de estos soldados era “malo y es previsible que aparezcan dificultades si son empleados junto a polacos”. Pese a todo, la correspondencia muestra una tendencia a ignorar la reciente historia de la División Galicia y su papel en las Waffen-SS. Hay, sin embargo, notables objeciones de empleados del Home Office asignados a esta tarea, incluyendo a Beryl Hughes, que lo describe que era “difícil de comprender la actitud del Ministerio de Trabajo ante estos prisioneros de guerra. Atragantarse con una mosca como la OLP mientras se está dispuesto a tragarse un camello de grandes dimensiones en forma de 4.000 reconocidos voluntarios de la Wehrmacht me parece rozar el absurdo… No puedo evitar tener serias dudas sobre su intento de introducir a los prisioneros de guerra ucranianos en el mercado laboral como un grupo más de EVWs” [European Volunteer Workers o trabajadores voluntarios europeos].

Otro empleado del Home Office de nombre F.L.F Devey se refirió estatus de Personal Enemigo Entregado (Surrendered Enemy Personnel o SEP) que inicialmente permitió el internamiento en Italia y que ignoraba el verdadero estatus de prisioneros de guerra.

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Otro aspecto de interés presente en estos documentos, especialmente en las peticiones del diputado canadiense Panchuk, es la exigencia de compasión por los hombres de la División Galicia por haber luchado contra Rusia y contra los comunistas en lugar de contra los “aliados occidentales”. Esta será también la lógica utilizada por la CIA años después con operativos de alto rango como Harry Rositzke para explicar que, antes y durante la Guerra Fría, cualquiera podía ser considerado un aliado “siempre que fuera anticomunista…no había que mirar sus expedientes en detalle”.

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Una investigación del exdiputado británico Rupert Allison reveló que un número importante de miembros de la división fue trasladado a la RNAS Royal Naval Air Station ‒ed.] de Crail, en Escocia, para ayudar a enseñar la lengua rusa a los reclutas de la inteligencia británica. Además, Allason también declaró ante el Parlamento británico en 1990 que había “obtenido pruebas de quienes habían servid allí y habían aprendido ruso de personas que abiertamente se jactaban de las atrocidades que habían cometido…Todo eso era conocido por los reclutas que se preparaban para servir en los servicios de inteligencia de la misma forma que debían ser conocidos por el Gobierno británico en los años posteriores”.

Pese todas las pruebas, que según numerosas fuentes habían estado disponibles para las autoridades británicas durante años, no se tomó ninguna medida y nunca ha habido reconocimiento oficial del papel de Gran Bretaña para proteger de la justicia a miles de criminales de guerra. Pero lo más sorprendente es que la disposición a aceptar la llegada de criminales de guerra a Gran Bretaña en la época de la Segunda Guerra Mundial no se limitó a esos 8.000 fascistas ucranianos sino que se extendió la protección a un número significativo de soldados del Eje. Los historiadores británicos Andrew Thompson y David Cesarani han demostrado con sus investigaciones que “criminales de guerra de una buena cantidad de nacionalidades llegaron a Gran Bretaña” a través de programas para los trabajadores de posguerra e iniciativas de reasentamiento de quienes trataban de evitar ser repatriados a territorios soviéticos.

Una investigación del exdiputado británico Rupert Allison reveló que un número importante de miembros de la división fue trasladado a la RNAS Royal Naval Air Station ‒ed.] de Crail, en Escocia, para ayudar a enseñar la lengua rusa a los reclutas de la inteligencia británica. Además, Allason también declaró ante el Parlamento británico en 1990 que había “obtenido pruebas de quienes habían servid allí y habían aprendido ruso de personas que abiertamente se jactaban de las atrocidades que habían cometido…Todo eso era conocido por los reclutas que se preparaban para servir en los servicios de inteligencia de la misma forma que debían ser conocidos por el Gobierno británico en los años posteriores”.

Pese todas las pruebas, que según numerosas fuentes habían estado disponibles para las autoridades británicas durante años, no se tomó ninguna medida y nunca ha habido reconocimiento oficial del papel de Gran Bretaña para proteger de la justicia a miles de criminales de guerra. Pero lo más sorprendente es que la disposición a aceptar la llegada de criminales de guerra a Gran Bretaña en la época de la Segunda Guerra Mundial no se limitó a esos 8.000 fascistas ucranianos sino que se extendió la protección a un número significativo de soldados del Eje. Los historiadores británicos Andrew Thompson y David Cesarani han demostrado con sus investigaciones que “criminales de guerra de una buena cantidad de nacionalidades llegaron a Gran Bretaña” a través de programas para los trabajadores de posguerra e iniciativas de reasentamiento de quienes trataban de evitar ser repatriados a territorios soviéticos.

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En vista de esta información, la lógica del actual apoyo occidental al fascismo ucraniano se hace más clara, especialmente en el contexto de la actual histeria de odio a Rusia, fuertemente basada en la retórica anti-soviética de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Las imágenes de políticos británicos y estadounidenses abrazando a los defensores del pasado fascista ucraniano sorprendieron al principio, pero ahora pueden verse como la progresión de una tradición de varias décadas que traiciona a los verdaderos héroes y a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial.

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