Atrapado en una dinámica migratoria compleja, el gobierno italiano trata de frenar el tráfico de personas por la vía del Mediterráneo Central a través de la cual llegaron a este país 181 mil 436 inmigrantes en 2016.

Esa cifra representó un incremento de 18 por ciento en comparación con el año precedente y siete por ciento más que el récord de 170 mil 100 impuesto en 2014, en tanto otros cuatro mil 576 hombres, mujeres y niños perecieron en el intento.

El Mediterráneo Central devino el canal principal de acceso irregular a Europa, tras el cierre de la ruta de los Balcanes y la entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, en marzo del año pasado.

Datos oficiales manejados por la Comisión Europea indican que, en el período comprendido entre 2011 y 2016, el número total de arribos a Italia por esa vía ascendió a unos 630 mil, con más de 13 mil fallecidos, a lo cual se suma una cantidad indeterminada de muertos en el trayecto desde países del África Subsahariana hasta Libia.

De esa nación norafricana parte alrededor del 90 por ciento del total de migrantes que llegan a Italia por mar, como parte de un flujo interminable organizado por traficantes de personas quienes operan abiertamente allí desde 2011, tras el derrocamiento y posterior asesinato de Muammar Gadaffi.

A pesar de la explotación y el maltrato a los cuales son sometidos los potenciales migrantes antes y después de la llegada a territorio libio, cada día son más quienes intentan la peligrosa travesía hacinados en embarcaciones carentes de las condiciones mínimas para la navegación.

La posición del gobierno italiano respecto a la crisis migratoria, desde hace algún tiempo, se mueve en dos carriles: salvar vidas en el mar y acoger a quienes considere con motivos para solicitar del derecho de asilo; y el establecer proyectos de cooperación con los países emisores y de tránsito, para enfrentar las causas del fenómeno, más que sus manifestaciones.

La recepción, identificación, clasificación y procesamiento de los recién llegados se convirtió con el transcurso de los años en un problema cada vez más complejo, tanto desde el punto de vista operativo como económico y humano.

Según cifras oficiales, al cierre de 2016 había en Italia 175 mil inmigrantes en diferentes instalaciones. De ellos, más de 23 mil en el Sistema de protección para solicitantes de asilo y refugio, unos 137 mil en otras instancias temporales y el resto, en centros de primera acogida y puntos calientes (hotspots), donde se les identifica y decide quienes pueden pedir asilo.

Otros datos aportados también por instituciones del gobierno revelan que Italia eroga un promedio de alrededor de seis millones 125 mil euros diarios por la estancia de esas personas, a razón de unos 35 cada una.

Una de las principales causas para la acumulación de inmigrantes al amparo del Estado italiano es la excesiva demora en los procesos administrativos y judiciales relacionados con las solicitudes de asilo y otras decisiones como la repatriación o la reubicación en otro país de la Unión Europea.

En 2016, se presentaron 123 mil peticiones de asilo, equivalentes al 70 por ciento del total de arribos y cada uno de esos procesos puede tardar, en las condiciones actuales, hasta nueve meses, según explicó en declaraciones a la prensa el ministro de Justicia Andrea Orlando.

Hace apenas dos días, el Consejo de Ministros aprobó un decreto ley con nuevas disposiciones para agilizar esos procesos, hacer más transparentes los mecanismos de acogida y facilitar la repatriación en los casos necesarios, como explicó el primer ministro, Paolo Gentiloni.

Seguimos muy apegados -subrayó- a nuestros valores humanitarios y de hospitalidad, al tiempo que reivindicó el trabajo realizado por Italia en la gestión del flujo migratorio, a pesar de su masividad y otras dificultades.

Gentiloni expresó que de cierta manera, en los últimos años, Italia mostró el camino a la Unión Europea y ‘ahora se necesita hacer efectivo el principio de compartir la carga de la acogida’.

Las nuevas medidas incluyen la supresión de un nivel intermedio de los procedimientos para la evaluación de las solicitudes y la creación de secciones especializadas en materia migratoria en 14 tribunales ordinarios en todo el país.

Prevé además, la asignación de 250 especialistas para acelerar los trámites y la posibilidad de emplear, en forma voluntaria y gratuita, a los migrantes en labores de utilidad pública mientras esperan la respuesta a sus peticiones.

Estas disposiciones se unen a otras acciones acordadas con Túnez, cuyo presidente, Beji Caid Essebsi, estuvo aquí esta semana y otras acordadas por la Unión Europea en su reunión cumbre del pasado 3 de febrero en Malta, en coordinación con Libia y países vecinos.

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