El informe final de la Comisión por la Justicia y la Verdad en Venezuela contabilizó 10.071 víctimas de asesinato, tortura y desaparición por razones políticas durante el periodo puntofijista de los gobiernos establecidos entre 1958 y 1998.

El documento es el resultado de la investigación y desclasificación de archivos de la antigua Dirección General de Policía (Digepol), la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

También se investigaron documentos archivados en la Corte Marcial, así como de los cuadernos de novedades de los centros de detención y tortura dirigidos por fuerzas de seguridad de Estado en esa etapa, reportó PL.

Por su parte, la fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, quien preside la Comisión, informó a través de su cuenta en Twitter que además fue «firmada la declaratoria como muertos desaparecidos de un total de 283 víctimas identificadas y 176 sin identificar».

El puntofijismo —Pacto de Punto Fijo— fue un acuerdo de gobernabilidad firmado entre los partidos políticos venezolanos Acción Democrática (AD), Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei) y Unión Republicana Democrática (URD), el 31 de octubre de 1958, poco meses después del derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez.

Este acuerdo, rubricado en Caracas, y que excluyó al Partido Comunista de Venezuela, fue un pacto de gobernabilidad adoptado por los partidos políticos tradicionales, que se caracterizó por aplicar métodos represivos contra los opositores a los gobiernos de turno.

Entre las principales masacres que se recuerdan de este periodo destacan las de Ejido, en el estado Miranda (1961); Cantaura, estado Anzoátegui (1982); Tazón, Caracas (1984); Yumare, estado Yaracuy (1986); Amparo, estado Apure (1988); y el Caracazo, ocurrido el 27 y28 de febrero de 1989, entre otras.

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