En Ecuador, las elecciones presidenciales, celebradas el pasado domingo 19 de febrero, mostraron un país dividido.

Una segmentación establecida a partir del proyecto de continuidad ofrecido por el candidato oficialista de la Alianza País, el Administrador Público Lenin Moreno que obtuvo un 39,33% de los votos y las visiones neoliberales ofrecidas por sus más cercanos competidores, el  banquero y empresario Guillermo Lasso del Movimiento Creando Oportunidades CREO – con un 28,18 % y la candidata socialcristiana Cynthia Viteri con un 15,7 %

Un 40 % imposible de alcanzar

La incógnita sobre la posibilidad que Lenín Moreno alcanzara el 40 % de los votos y con ello triunfar en primera vuelta,  se mantuvo hasta el último minuto. Esto, pues la constitución ecuatoriana consigna, que la dupla presidencial vencedora en primera  vuelta  debe reunir al menos el 50 % más uno de los votos válidamente emitidos o si sus papeletas superan el 40 % del total escrutado debe tener una diferencia de 10% sobre el candidato que está en segundo lugar. Ya las cifras finales, revisadas el 98,5 % de las actas de votación mostraron, según el presidente del Consejo Nacional Electoral – CNE – Juan Pablo Pozo “una tendencia claramente establecida y que el restante de actas por escrutar no afectará  los porcentajes recibidos por los presidenciables”

Así, el país sudamericano deberá enfrentar una segunda vuelta – ballotage —  entre los candidatos más votados: Lenín Moreno de la Alianza Oficialista País y el líder derechista del Movimiento CREO, Guillermo Lasso definiendo así, el próximo 2 de abril al sucesor de Rafael Correa, quien estuvo al mando del país durante una década triunfando en tres elecciones presidenciales en lo que se denominó la Revolución Ciudadana.

La elección de este año 2017 mostró con claridad que el carisma, la popularidad, las cualidades y el estilo de gobierno de Rafael Correa no tiene un traslado mecánico al candidato oficialista, un Lenín Moreno, que a pesar de todas características de hombre comprometido con el mundo social, representante de la continuidad del llamado “Socialismo del Siglo XXI” estrechamente involucrado con el tema de la inclusión del mundo de la discapacidad e incluso su experiencia política – recordemos que se desempeñó como vicepresidente de Correa entre los años 2007 al 2013 —  unido a las propias dificultades económicas y políticas de  la alianza gobernante,  no ha sido suficiente para triunfar en primera vuelta.

Consciente de esa posibilidad, Lenín Moreno declaró, pocos minutos después que el Consejo Nacional Electoral diera a conocer los votos con el 98,5 % de las mesas escrutadas que “esta es una lucha de largo aliento, porque esta batalla la vamos a ganar, pero hay muchas otras que librar, que hay que seguir librando. Hay que ir conquistando espacios. Ya se han conquistado muchos, pero seguiremos conquistando otros”. Un millón de votos de diferencia entre la Alianza País y el Movimiento derechista es el resultado de las elecciones generales  ecuatorianas destinadas a elegir el mandatario de la nación sudamericana, su vicepresidente  y a 137 integrantes  de la Asamblea Nacional – de los cuales 76 corresponden ya a la alianza oficialista generando con ello una mayoría en la cámara parlamentaria —  además de  cinco representantes al Parlamento Andino.

A todo ello se adicionó una consulta a la ciudadanía, por iniciativa del gobierno de Rafael Correa, para prohibir que cargos públicos tenga  bienes o capitales en paraísos fiscales. La pregunta específica fue «¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?». Una consulta que tendrá efectos indudables,  sobre la vida política latinoamericana, donde parte importante de su clase política tiene estrechas vinculaciones con el mundo de los negocios, las empresas, la banca y el sistema financiero a través de los grupos económicos que suelen financiar la actividad política de la casta política. Tal como ha sucedido en países como Chile donde su denuncia ha generado una profunda crisis en la institucionalidad política de este país andino.

Más de 12 millones de ecuatorianos respondieron el pasado domingo 19 de febrero a la consulta popular denominada “pacto ético”: Hasta el cierre de este articulo, con el 72,5 por ciento de actas escrutadas, el SÍ conseguía un 55,10 por ciento de los votos, contra un 44,9 % del NO. Recordemos que el 3 % del PIB del Ecuador – estimada en 32 mil millones de dólares está depositada en paraísos fiscales como fue denunciada el año 2016 por el mandatario ecuatoriano tras el escándalo de los llamados  Panamá Papers. El propio candidato derechista posee capitales en países considerados paraísos fiscales, por tanto, si eventualmente fuese el ganador de la elección presidencial, el hecho que el SI se haya impuesto obligaría a los funcionarios públicos, en el plazo de un año, repatriar dichos fondos so pena de ser destituidos.

Seguridad, salud, educación, empleo fueron los temas principales que movieron el sentir ciudadano ecuatoriano y las propuestas de los distintos movimientos políticos que pugnaron por alcanzar la primera magistratura del país sudamericano. Moreno llamó al diálogo, al consenso, entenderse, escucharse y hacer realidad una sociedad inclusiva, factores fundamentales dentro de la consolidación de la democracia. Ello, en momentos que la tensión se deja sentir en el ambiente político ecuatoriano con las sospechas y denuncias – emanadas desde CREO y de la oposición agrupada en torno a Cynthia Viteri – de un supuesto fraude por la decisión del CNE de dar a conocer la cifra final de la votación presidencial, tres días después del fin de los sufragios. Idea alentada también  por medios de comunicación internacionales, crónicamente opositores, como el Diario El País de España que han sostenido una fuerte campaña de desprestigio contra el gobierno de Correa y que magnificaron las protestas derechistas, que hubiese alcanzado mayor virulencia si el candidato del oficialismo hubiese alcanzado el 40 % necesario para ser el nuevo presidente.

Pozo afirmó ante el hecho del retraso en la información oficial sobre si habría ganador en primera vuelta o un ballotage que “El retraso en el ingreso de los datos oficiales se debe a inconsistencias, actas rezagadas y entrega de resultados que no han tenido firmas adecuadas de secretarios o presidentes de juntas». Mientras las cifras de Moreno se acercaban lentamente al deseado 40 % el nerviosismo se intensificó en la nación sudamericana, incluso con amenazas de bombas en la sede de la Alianza País, sumado al intento de atentado explosivo contra la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira,  el pasado jueves 16 de febrero. Encendiendo aún más el ánimo de la población con el incremento de las acusaciones de parte de la derecha, que salió en pequeño pero virulento y ruidoso gentío a acusar al gobierno de un supuesto fraude. A pesar que el gobierno invitó a la  Alianza País y CREO, organizaciones como Unasur y la OEA a ser protagonistas  y participes de la etapa final del proceso de escrutinio, como muestra absoluta de transparencia. Para la derecha eso no fue suficiente y comenzó a aplicar tácticas de desestabilización, conocidas y crónicas en su forma de hacer política desinformando, llamando a la población a “defender la democracia” y otros clásicos de los manuales golpistas.

Se pone en juego la revolución Ciudadana

Concretada una segunda vuelta, el escenario se complica para Lenín Moreno visto, esencialmente, dos puntos: Uno, la decisión de parte importante de la oposición de anunciar su voto a favor de Guillermo Lasso como fue el caso de la candidata derechista socialcristiana Cynthia Viteri, que obtuvo el  tercer lugar en la presidencial con el 15,5% de los votos señalando “Votaremos por la candidatura del señor Lasso pero no formaremos parte de un eventual gobierno de CREO” un apoyo que no garantiza, en modo alguno el endosar a Lasso el porcentaje obtenido por esta abogada y periodista nacida en Guayaquil. En segundo lugar, la fuerte competencia que se desatará para conseguir los apoyos y votos necesarios que permitan, a uno y otro candidato llegar a la presidencia con los clásicos ofertones de cargos y prebendas, que suelen acompañar el juego electoral de una derecha decidida a recuperar el poder ejecutivo en Ecuador.

En ese plano, Lasso ha convocado a la oposición a construir “una mesa de gobernabilidad por el Ecuador” lanzando la ya conocida provocación respecto a que los gobiernos del llamado “socialismo del Siglo XXI” no generan esa estabilidad, en una matriz discursiva que se ha utilizado contra la exmandataria argentina Cristina Fernández, Dilma Rousseff en Brasil y Nicolás Maduro en Venezuela. Una derecha agrupada en CREO que intensificará su llamado a derrotar lo que llama “el autoritarismo Correista” negativizando la labor del actual mandatario, calificando a  esta década de gobierno, como una década perdida, sin reconocer logro alguno de la Alianza País. Acusando que no se ha logrado salir de la práctica de un Estado Rentista, con un modelo fracasado en lo económico y con métodos autoritarios en lo político, lo comunicacional y en materia de participación política.

Por su parte, la Alianza gobernante apelará a la consideración que los diez años de gobierno de Correa son una “Década Ganada” donde las relaciones políticas y económicas internacionales se han diversificado, como integrantes de  alianzas regionales pero también buscando nuevos mercados. Con una clara disminución de la pobreza – sacando de esa línea a dos millones de ecuatorianos – con reformas del Estado en materia de consolidación de instituciones democráticas y una reforma en el ámbito educativo como nunca antes en Ecuador bajo la premisa de pasar de la manufactura a la mente factura, invirtiendo en formación, capacitación y apostar al mañana. Junto a una reforma sanitaria de envergadura.

En un escenario de ballotage la Alianza País deberá establecer puentes a la oposición y a sectores sociales desencantados, lo que se ha denominado una corrección estratégica, reconociendo, que no es la fuerza interna avasalladora que era con Correa el año 2009 y el 2013. Sobre todo en un escenario transversal de acusaciones de corrupción, convertido en una plaga en las últimas elecciones en Latinoamérica, que obliga a replantearse la forma de hacer política pero, sobre todo, depurar de malos elementos el aparato estatal y la labor del sector privado en  el mismo plano. Aquí se trata de un mal general y no sólo adscrito al ámbito público. En este marco las acusaciones contra la estatal Petroecuador fue un duro golpe a la imagen de gobierno y con ello la posibilidad de un triunfo holgado en primera vuelta.

Las cifras de la votación presidencial y ratificada por el Consejo Nacional Electoral – CNE – muestran un triunfo con sabor amargo de Lenin Moreno. La incertidumbre frente al ballotage del próximo 2 de abril da muestra de una división marcada en la sociedad ecuatoriana. Entre los partidarios de un proyecto que se prolongó por diez años y aquellos, que en una oposición fragmentada – pero dispuesta a unirse contra Moreno – muestran la disposición de modificar fuertemente lo que ha sido la política económica, política, comunicacional y de relaciones exteriores de la República del Ecuador si llegan a ocupar el gobierno.

Prueba de ello, por ejemplo, es la opinión del candidato Guillermo Lasso, quien declaró que en caso de ser electo, el perseguido Julian Assange deberá dejar la Embajada de Ecuador en Londres , donde se encuentra refugiado desde hace un lustro “Nuestra Embajada no es un hotel. Le diremos al señor Assange cordialmente que se retire de la embajada del Ecuador en Inglaterra y buscaremos hacerlo dentro del marco del respeto al derecho internacional en los primeros 30 días del gobierno». Un claro guiño a la nueva administración estadounidense y la muestra fehaciente del lado en que se encuentra en materia de la defensa de la transparencia informativa, del manejo político y de las alianzas que pretende tejer en caso de llegar a ocupar el Palacio de Carondelet.

Este mes y algunos días de espera, para la segunda vuelta, serán de fuerte tensión en Ecuador, desde el este y su confluencia con los ríos Napo y Aguarico, hasta el extremo oeste en la Punta de Santa Elena. Desde el Río Mataje en el norte al Río Chinchipe en el sur. Un mes donde se agudizarán las contradicciones y visiones dispares entre el oficialismo, representante del llamado “Socialismo del Siglo XXI” y una derecha que pugnará por volver a ocupar la primera magistratura. Y, en este período, la sociedad ecuatoriana tendrá que caminar con mucho cuidado. Esto, pues la historia en Latinoamérica nos enseña en forma contumaz, que cuando la derecha temer perder en las mesas de sufragio, cuando sus intentos de apoderarse del Estado se ven frustrados, suele acudir con entusiasmo desbordante a la violencia e incluso a Golpes de Estado, para así generar el temor en la población, torcer las decisiones ciudadanas, enrarecer el ambiente.

Las elites conservadores, los dueños del capital no dudan en llamar a las calles y a la violencia  en un actuar intimidatoria destinado a fomentar el caos. Es la clásica visión que trata de imponer la idea, que si gana la derecha todo el proceso es limpio pero si triunfan aquellos que propugna una visión distinta al neoliberalismo, no dudan en llamar a las calles, acusar de fraude, sabotear a las instituciones electorales, incentivar el terror y con ello torcer la voluntad ciudadana. Sin negar la necesaria autocrítica a la forma de hacer gobierno de los gobiernos centrados en garantizar el apoyo social, también es fundamental estar alerta, denunciar y cortar de raíz cualquier intento desestabilizador contra  el Estado ecuatoriano como lo está haciendo el sector oligárquico y reaccionario de la sociedad de este país sudamericano. El 2 de abril se juega algo más que una presidencia en momentos que Latinoamérica soporta vientos de fuerte derechización.

Por Pablo Jofre Leal

 

 

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