La sociedad panameña está hoy indignada por la presunta red de corrupción en su Asamblea Nacional bajo el manto de donaciones a personas necesitadas, según reveló esta semana una investigación periodística del diario La Prensa.

El presidente del actual período legislativo, Rubén de León, anunció la suspensión de donaciones y contratos profesionaloes, e informó la creación de una comisión investigadora integrada por los diputados Yánibel Ábrego, Leandro Ávila y Juan Carlos Arango, además de una firma de auditores independientes.

Paralelamente, la Contraloría General anunció una auditoría al respecto, mientras la Corte Suprema de Justicia analizará el martes próximo una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto que norma las donaciones, y que en una primera apreciación, el magistrado Harry Díaz consideró no avalado por la Constitución.

La publicación de documentos probatorios de la solicitud de dinero por panameños de bajos ingresos, junto las correspondientes actas y cheques, respaldan desembolsos que pudieran alcanzar 14 millones de dólares desde julio de 2014 hasta diciembre de 2016, en una partida presupuestaria cuya legalidad es cuestionada.

Pero el mayor rechazo popular es que de una treintena de estas personas consultadas por el medio de prensa, unos negaron que recibieron dinero, mientras otros confesaron que fueron hasta el banco a cambiar el cheque con un supuesto funcionario, el cual le solicitó devolver el 95 por ciento del efectivo.

Otra línea de corrupción fue denunciada con relación a contratos supuestamente falsos de personal para laborar en la Asamblea, pues las personas consultadas por el rotativo dijeron no conocer del documento, ni laboraron o recibieron remuneración alguna por tales funciones consignadas en el mismo.

En este último caso, el monto desembolsado fue de 68 millones de dólares en igual período, según la investigación, que posteriormente hizo una tercera denuncia de donaciones a organizaciones no gubernamentales controladas por diputados.

Entre los ejemplos citados por La Prensa, estuvo el de Cynthia Alba Cáceres, de 51 años, residente en La Chorrera, al oeste de esta capital, quien aseguró que recibió el ofrecimiento de ayuda para lo cual solo debía escribir una carta de solicitud que entregó a una presunta funcionaria del parlamento.

Aseguró al diario que nunca volvió a saber del tema, pero su nombre aparece en la documentación mostrada por la investigación, la que da fe de recibir dos mil 800 dólares en noviembre de 2015, en calidad de donativo.

En la denuncia pública se mencionaron al menos tres diputados por sus nombres, de los cuales aún no se obtuvieron declaraciones hasta el momento, pero fuentes de la Asamblea narraron al medio que entre noviembre y diciembre de 2016, se remitían más de 100 cheques por semana para diferentes diputados.

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