El Congreso de Colombia aprobó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por medio de la cual se juzgará a los rebeldes y militares que han participado en el conflicto armado interno colombiano.

«Con 62 votos a favor y después de dos sesiones, la Plenaria del Senado de la República aprobó en último debate el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, cuya columna vertebral es la Jurisdicción Especial para la Paz», informó a la prensa el Ministerio de Justicia en un comunicado emitido a las 23.20 hora local del lunes (04.20 GMT del martes).

Esta jurisdicción, de competencia temporal, permitirá investigar, esclarecer, juzgar y sancionar graves violaciones de derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en contexto y a razón del conflicto armado interno de Colombia.

«La tarea de este sistema, cuyo centro son las víctimas, es satisfacer y proteger sus derechos a la justicia, ofrecer la verdad a la sociedad colombiana, ir en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas y reparar el daño causado a comunidades o territorios», precisó el Ministerio sobre el alcance de lo aprobado.

La JEP busca llevar a la práctica la implementación de las normas que permitan sancionar con dos años de restricción efectiva de la libertad (no prisión) a aquellos rebeldes de la guerrilla de las FARC que no hubieran participado de modo determinante en los casos más graves y reconozcan la verdad, mientras que para quienes no reconozcan sus culpas en juicio se les aplicarán penas de 20 años en prisión.

El acto legislativo también permite juzgar a los agentes del Estado como actores del conflicto, por lo que los comandantes de las diferentes ramas militares y de policía podrán ser juzgados por los delitos cometidos por sus subalternos.

La iniciativa aprobada esta noche con 62 votos a favor también contempla un capítulo en el que se garantiza la «no extradición para todos los integrantes de las FARC y personas acusadas de formar parte de dicha organización, por cualquier conducta realizada con anterioridad a la firma del acuerdo final» y que se acojan a la justicia para la paz.

El Congreso debió aprobar la iniciativa hace una semana, pero ante el ausentismo de algunos senadores, tanto de los partidos afines al acuerdo de paz como de la oposición, debió aplazarse para este lunes.

El Gobierno colombiano y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) firmaron el pasado 24 de noviembre, en Bogotá, un Acuerdo Final de Paz por medio del cual se busca poner término a más de medio siglo de conflicto armado en el país.

En virtud de ese acuerdo, ahora se trabaja en la implementación de los acuerdos que permitirán el retorno a la civilidad de los desmovilizados y la formación de un partido político por parte del grupo insurgente.

El conflicto armado colombiano, que ha enfrentado a guerrillas, paramilitares, agentes del Estado y grupos narcotraficantes por más de medio siglo, es el más antiguo del continente y ha dejado unos ocho millones de víctimas, así como 300.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,8 millones de desplazados, según reportes oficiales.

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