La convocatoria de un nuevo referendo sobre la independencia de Escocia pone al gobierno británico contra la pared, en un momento en el que se dispone a activar el Brexit, su salida de la Unión Europea (UE).

La ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, reveló el día 13 que impulsará un segundo plebiscito de escisión de Reino Unido en 2018 o 2019 ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con el ejecutivo de Londres sobre los términos de la salida del país del bloque comunitario.

Sturgeon argumenta que la consulta popular es una cuestión de ‘sentido común’ dado que Escocia se encamina a la puerta de salida de la UE arrastrada por el conjunto del Reino Unido.

Escocia, la más septentrional de las cuatro naciones constituyentes de Reino Unido, votó a favor de la permanencia en la UE, y teme que el Brexit, sobre todo la salida del mercado único europeo, perjudique sus intereses.

‘El referendo por la independencia no será por mala fe de parte del Gobierno escocés, sino por la pura intransigencia de parte del Gobierno de Reino Unido’ ante el Brexit, dijo Sturgeon.

La región autónoma propuso un acuerdo diferenciado para continuar dentro del mercado único europeo y con la libre circulación laboral tras el Brexit, pero Londres descarta la posibilidad de un estatus diferenciado en los vínculos de las naciones con el ente.

La primera ministra británica, Theresa May, rechaza la celebración de un segundo referendo, tras el de 2014, cuando la mayoría de los escoceses votó por permanecer en Reino Unido.

El Ejecutivo de Londres acusa al Gobierno de Edimburgo de ‘descuidar’ necesidades primarias de la nación en favor de convertirse en un estado independiente, tal como fue hasta 1707, cuando los parlamentos escocés e inglés firmaron el Acta de Unión, que disolvió ambos y transfirió todos los poderes a un nuevo parlamento en Londres.

Según argumenta May, una consulta sobre la independencia de Escocia motivaría divisiones y causaría una enorme incertidumbre económica justo »en el peor momento posible’.

‘Este no es el momento (…) Deberíamos estar trabajando juntos, no separándonos (…) Sería injusto convocar una consulta antes de que se sepan los términos de la futura relación con la UE, afirmó.

El gobierno británico quiere invocar a finales de este mes el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia un periodo formal de dos años de negociaciones sobre la retirada de un país comunitario del bloque europeo.

‘Ahora estamos en el umbral de la negociación más importante para nuestro país en una generación’, dijo el ministro británico encargado del Brexit, David Davis.

La jefa del gobierno británico opina que el país debe centrar ‘todas sus energías’ en las negociaciones con la UE. Para ella, pensar en un nuevo referendo separatista hace ‘más difícil’ obtener el acuerdo correcto para Escocia y para todo el Reino Unido’.

No obstante, advirtió que Escocia abandonará la UE aunque se independice.

El gobierno británico se apoya en las normas comunitarias, las cuales estipulan que si parte de un Estado miembro se convierte en independiente, a fin de adherirse de nuevo a la UE, ese nuevo Estado solicitará de cero su inclusión en la Unión, en lugar de adquirir la pertenencia de forma automática.

Anders Vistisen, político danés miembro del Parlamento Europeo, estimó que tardaría de cuatro a seis años que la UE acepte la membrecía de Escocia. Esa posibilidad estaría atada a que esa nación se comprometa a unirse al euro y a bajar su enorme déficit fiscal, señaló.

CONSECUENCIAS

Los últimos sondeos de opinión indican un aumento del euroescepticismo entre el electorado escocés, mientras que las encuestas sobre el sentimiento independentista en la región arrojan resultados contradictorios.

En agosto de 2014, se realizó en Escocia un referendo similar en el que triunfó la opción del ‘No’, por lo que el territorio continuó siendo parte de Reino Unido, con el que mantiene una relación de mil años basada en resentimientos generados por varias guerras.

El político Simon Usherwood, de la Universidad inglesa de Surrey, dijo que Sturgeon adelantó su plan de convocar un referendo porque era ‘la mejor oportunidad que tenía de poner a May en una posición difícil, algo que complica el proceso del Brexit’.

Para este analista, la primera ministra afronta tres problemas internos en los próximos dos años de conversaciones con Bruselas.

El primero, según Usherwood, es que Escocia puede no estar en el Reino Unido para cuando terminen las negociaciones con Bruselas; el segundo será la complejidad de gobernar en el país, sobre todo con las autonomías, y el tercero partiría del efecto de la decisión escocesa en Irlanda del Norte y Gales, que podrían exigir una mayor autonomía.

Para el editor de la revista británica Politics First, Marcus Papadopulos, si Escocia se independiza del Reino Unido tras celebrar otro referendo, la economía británica resultará más afectada que por el Brexit.

De acuerdo con la cadena británica BBC, uno de los cambios más radicales que sufriría Reino Unido si Escocia se independiza sería la reducción de su tamaño y de su población.

Escocia tiene una extensión de 80 mil 77 kilómetros cuadrados, lo que representa el 32 por ciento del territorio británico, por lo cual su salida aumentaría la densidad poblacional en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte.

Respecto a la economía, Escocia aporta cerca de 155 mil millones de dólares (7,7 por ciento) en bienes y servicios al Índice de Valor Agregado (GVA, por sus siglas en inglés), que es la medida utilizada por la Oficina Nacional Estadísticas de Reino Unido para medir la producción económica del país.

El valor de las exportaciones de Escocia al resto del mundo representó unos 35 mil millones de dólares en 2015, lo que significó el ocho por ciento del total (436 mil millones de dólares) de las realizadas por Reino Unido ese año.

El desafío de Escocia pone en aprieto al gobierno de Theresa May y Londres podría oponerse al referendo independentista, pero una decisión de este tipo provocaría una crisis constitucional y amenazaría la estabilidad del país.

No obstante analistas consideran que el Ejecutivo podría retrasar la consulta, para evitar que esta afecte la negociación del Brexit con la UE.

Por Yanet Llanes Alemán