Al cumplirse tres años del reintegro de Crimea a Rusia, Ucrania presenta hoy cada vez más grietas en su estructura monolítica, con riesgos de convertir el caos en regla y la presión ultraderechista en un poder casi legislativo.

El 18 de marzo de 2014, en el Kremlin se realizaba una ceremonia de firma de un acuerdo de reunificación de Crimea a la Federación de Rusia que dio paso a un anhelo de 20 años de los habitantes de esa península en el mar Negro.

Por más de dos décadas, las autoridades en Kiev redujeron sistemáticamente toda la autonomía de Crimea, hasta anularla en tiempos de Viktor Yushenko. Solo quedó una opción constitucional: realizar un referendo de soberanía.

La asonada golpista de febrero de 2014 contra el entonces presidente Viktor Yanukovich, se realizó después de que éste firmó un acuerdo de salida de la crisis con funcionarios de Alemania, Francia y Polonia, convertido en papel mojado horas después.

Cientos de neofascistas armados tomaron la sede del Gobierno, el Parlamento y la Presidencia para obligar a realizar cambios radicales, sobre todo, en contra de lo relacionado con Rusia o cualquier indicio de antifascismo.

Occidente ignoró como llegaron sus protegidos al poder, el más visible, el actual presidente Piotr Poroshenko y el ya defenestrado primer ministro Arseny Yatseniuk. A muchos en Europa les pareció propicio situar a un oligarca en el poder.

Crimea pudo convertirse en otro de los territorios donde los ultra nacionalistas llegaron armados y desalojaron a la administración del gobierno de Yanukovich e impusieron su poder por la fuerza en las primeras semanas después del golpe.

Pero, como se les llama aquí, los ‘hombrecitos verdes’ o la ‘gente amable’, conocidos así por su forma de actuar, se adelantaron a la llegada de trenes cargados con ultra nacionalistas armados a suelo crimeo.

Los militares, en su mayoría de la guarnición rusa de Sebastopol, bloquearon las unidades ucranianas, bases navales y aéreas, así como formaron patrullas en edificios administrativos con lo que evitaron un derramamiento de sangre.

Claro que con lo ocurrido, contrario al escenario de Kiev, vinieron sanciones de Occidente contra Rusia y Crimea, seguidas del boicot al suministro de agua, gas y electricidad, así como de los recursos financieros de la península. Sería el fin.

Pero tres años después, Crimea cuenta con un gasoducto que la une con Rusia, con una extensión de 374,2 kilómetros y una capacidad para cuatro mil millones de metros cúbicos anuales.

La población crimea cuenta con el 25 por ciento más de ingreso que en el momento de la integración a Rusia. De haber quedado dentro de Ucrania, ahora contaría con entradas dos veces menores.

Además, en la península se construyen dos termoeléctricas, en Sebastopol y en Simferopol, con una potencia conjunta de 940 megavatios, lo que reforzará el puente eléctrico construido de urgencia para unir a Crimea con el sistema nacional ruso.

Para el 2018, está prevista la conclusión del puente vial que atraviesa el estrecho de Kerch, de 19 kilómetros de largo; y un año después, el ferroviario, con lo que se espera incrementar el turismo.

El pico del turismo en Crimea se alcanzó en 1988, con 8,3 millones. En la época ucraniana el máximo fue de 5,5 millones en el 2013, y en el 2016, pese al bloqueo de agua y electricidad, era de 5,3 millones. Se espera que en el 2018 se supere la cifra de 1988.

Crimea ya cuenta con la primera escuela construida después de la unificación, con capacidad para 800 educandos, y una Academia militar presidencial, construida en apenas un año, mientras se edifican otros 300 objetivos de carácter social y turístico.

Simferopol prepara un aeropuerto internacional, el más moderno de esa región, mientras se construye la autopista Travida, que debe unir al puente Kerch con el resto de la península.

EN KIEV ES OTRA HISTORIA

Mientras Crimea avanza con el apoyo de Rusia, las secuelas de un golpe de estado con empleo de la violencia y apoyo de formaciones armadas irregulares parecen cobrarles a las autoridades ucranianas los errores cometidos.

La operación de castigo lanzada por Kiev en la región hullera del Donbass, donde se encuentran las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, causaron más de 10 mil muertos y ahora parece tomar un camino más complicado aún.

En medio de acciones violentas de las fuerzas radicales, siempre dispuestas a tomar el poder por su cuenta y actuar con independencia de lo que se decide en Kiev, el peligro de una desintegración de Ucrania crece por días.

Poroshenko cada vez parece más subordinado a la voluntad de los ultraderechistas: si bloquean las vías ferroviarias del Donbass o boicotean las filiales de bancos rusos como VTB o Sberbank, el mandatario legaliza esas medidas de presión.

Todo ello, cuando el jefe de Estado entiende que del Donbass sale la cuarta parte del coque empleado para los complejos metalúrgicos y casi otro tanto del carbón necesario para el funcionamiento de las termoeléctricas.

Observadores estiman que el zigzagueo de Poroshenko muestra síntomas importantes de la pérdida de poder que lleva a acusar a Rusia, incluso de la supuesta organización del bloqueo a Donbass, realizado por los ultra nacionalistas y neofascistas.

Además, el mandatario y oligarca ucraniano pretende congelar las operaciones de filiales de banco de Rusia, el segundo mayor inversionista en la vecina república.

Se calcula que unos dos mil millones de dólares fueron incorporados por bancos rusos a las arcas ucranianas. Solo el Sberbank contaba con 230 millones de grivnas (unos ocho millones 560 mil dólares).

Sberbank cuenta con 150 oficinas en el territorio ucraniano, con 330 mil empresas medianas y pequeñas como clientes y más de un millón de depositarios.

La idea es continuar con el bloqueo, por el que pagan a los participantes 400 grivnas diarias (15 dólares), favorecido por el ultraderechista movimiento Autodefensa y en parte por Batkivshchina (Patria), de la ex primera ministra Yulia Timoshenko.

Como afirman analistas aquí, llama la atención que Poroshenko lleva un discurso ambivalente, al considerar contraproducente hablar de integridad territorial y por el otro abogar por el aislamiento del Donbass, casi como territorios fuera de Ucrania.

Sin embargo, acto seguido aprueba una disposición para emplear a cientos de policías para reforzar el bloqueo de carreteras, mientras que convoca a reservistas en una clara señal de que se prepara para dejar a un lado la tregua.

En todo ello aflora otro análisis inevitable en Ucrania: las luchas internas entre los oligarcas de ese país: Poroshenko, Ranit Ajmetov e Igor Kolomoisky.

Poroshenko trató en todo el 2016 de doblegar a Kolomolsy, algo que no sucedió. Entonces ordenó la investigación de negocios afines del empresario y lo despojó del Privat Bank.

Kolomoisky está detrás de la iniciativa de boicotear el acceso del carbón del Donbass al resto de Ucrania.

Ajmetov, considerado el hombre más rico de Ucrania (con activos en las esferas del carbón, naviera, inmobiliaria, metalúrgica y de televisión, entre otras), es el más perjudicado con los bloqueos.

Por otro lado, ni la misma derecha ultra nacionalista parece reconocer el poder en Kiev, como tampoco lo hicieron en febrero de 2014, cuando Yanukovich llamaba a la calma en la convulsa Plaza de la Independencia en Kiev.

Solo que esta vez los ultra nacionalistas buscan radicalizar aún más la sociedad ucraniana: lo mismo puede ser un boicot a la administración de la región de Permo o el disparo con una lanzacohetes antitanque contra un estado mayor de la policía.

Muchos coinciden en afirmar que cuando en Kiev se debilita el poder, las pequeñas grietas del gobierno unitario ucraniano se abren cada vez más, con una seria amenaza de desintegración.

Por Antonio Rondón*