Detrás de la bandera de los desaparecidos en manos de integrantes de organismos de derechos humanos avanzó en primera línea por la avenida de Mayo (Buenos Aires, Argentina) el Comité por la Libertad de Milagro Sala, destaca Página 12.

Esa fue una de las consignas centrales de la multitudinaria marcha realizada ayer en el 41° aniversario del último golpe de Estado.

En la actividad participaron también el movimiento obrero con protagonismo de las juventudes sindicales que tuvieron un lugar central el año pasado tras las primeras olas de despidos del gobierno de Mauricio Macri.

“El mismo plan económico, la misma lucha. Paremos la miseria planificada”, fue la consigna principal de la organización Madres de Plaza de Mayo.

Fue un masivo reclamo en contra de la reimplantación, por parte del gobierno de Macri (Cambiemos) de un modelo de exclusión percibido como una continuación del impuesto por José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura autodenonimada Proceso de Reorganización Nacional que gobernó entre 1976 y 1981.

Los participantes también rindieron homenaje al escritor y periodista Rodolfo Walsh, de cuyo secuestro y posterior desaparición se cumplen hoy 40 años.

SON 30.000

Otro de los mensajes de la jornada de ayer fue la reivindicación de los 30 mil desaparecidos y la reafirmación de que en Argentina se cometió un genocidio.

Es la respuesta a la intención del gobierno macrista que pretende destruir el consenso acerca de lo que significó el terrorismo de Estado, en un contexto de retiro del Estado del proceso de Memoria, Verdad y Justicia.

Alertaron además que Argentina vuelve a ser convocada por los organismos de derechos humanos no ya como modelo, sino para rendir cuentas de detenidos políticos.

A un año y tres meses del triunfo de Cambiemos, la convocatoria de ayer aparece como respuesta a las políticas públicas del actual gobierno en el amplio campo de vulneración de derechos.

Creen que a pesar de la actual política existe un proceso instalado en la sociedad que tiene muchos años, está consolidado y que no tiene marcha atrás.

Afirman que hay un movimiento que sale a la calle para sostener lo que hasta ahora parecía etapa superada pero que ahora peligra: la institucionalización del proceso de justicia y las políticas públicas del Estado en ese área.

“Hay una sensación de vuelta a los primeros tiempos”, dijo Jorge Auat, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad durante la marcha.

Por su parte, Pablo Llonto, del colectivo de abogados de lesa humanidad Mario Bosch, explica que aún hay esperanzas. “Quieren joder, pero no pueden. Los juicios siguen. Las investigaciones siguen, hay más genocidas denunciados, pistas para buscar desaparecidos y nietos”, aseveró.

Desmantelamiento de las investigaciones

La llegada de Mauricio Macri a la presidencia de Argentina ha representado un retroceso con respecto al alineamiento de los tres poderes del Estado logrado por los gobiernos anteriores de Néstor y Cristina Kirchner en el impulso de los principios de Memoria, Verdad y Justicia. Las políticas públicas en esa línea salieron de la agenda. Entre diciembre 2015 y marzo de 2016, el Ejecutivo desmanteló el área de derechos humanos del Banco Central encargada de investigar el sistema financiero de la dictadura; las tres divisiones de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad:

Coordinación de Huellas, el Grupo Especial de Asistencia para casos de apropiación de niños y luego el Área de Asistencia a la Justicia en la investigación de documentos de Prefectura, Gendarmería y Policía, con aportes centrales en las causas judiciales como “vuelos de la muerte”. Los Equipos Especiales de Archivos de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa –con 10 de los 13 trabajadores originales– no se desarmaron, pero no pudieron desclasificar un sólo fondo documental en 2016, no pudieron actualizar la página de archivos abiertos, no realizaron publicaciones ni difusión y no contaron con insumos mínimos para la digitalización de archivos. Los contratos de varios trabajadores vencen el próximo viernes 31 de marzo y a la fecha aún no saben si continuarán, destaca Página 12.

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