Diferentes informes y estudios publicados en las últimas semanas muestran que un número creciente de ciudadanos turcos buscan abandonar el país empujados por la deriva autoritaria desatada tras el fallido golpe militar en julio de 2016.

La declaración del estado de emergencia por parte del gobierno de Ankara dio comienzo a la mayor campaña de represión llevada a cabo en Turquía, afectando a decenas de miles de personas que fueron detenidas o perdieron su trabajo, bajo la acusación de formar parte de una organización terrorista.

Funcionarios públicos, jueces, fiscales, miembros de la policía y del ejército, periodistas y empresarios, pasaron de la noche a la mañana a formar parte de la red que organizó y llevó a cabo la intentona golpista, y que según el ejecutivo turco está encabezada por el clérigo musulmán, exiliado en Estados Unidos, Fetullah Gülen.

Pronto se comprobó que las acusaciones de pertenecer a la cofradía gulenista, o a cualquier otra organización terrorista, eran solo una pantalla para proceder a encarcelar o matar por la vía civil cualquier atisbo de oposición al gobierno.

Más de 68 mil docentes fueron despedidos de sus puestos sin que mediara sentencia judicial o investigación administrativa, e impidiéndoles volver a trabajar de por vida para la administración o buscar un empleo en el extranjero, al cancelarles su pasaporte.

Igual sucede con el resto de funcionarios expulsados, que superan los 60 mil, pues tampoco pueden ejercer sus profesiones en el sector privado, como les ocurre a juristas, agentes de policía o militares, o si no lo tienen expresamente prohibido, como es el caso de los médicos, a duras penas encuentran quienes quieran contratarlos salvo para trabajos poco cualificados y con menores sueldos.

Además, también habría que sumar los cerca de tres mil periodistas que perdieron su empleo tras cerrarse 186 medios de comunicación, entre canales de televisión, agencias de noticias, emisoras de radio, periódicos y revistas, además de 42 editoriales, todos ellos clausurados por el gobierno al amparo de la legislación de excepción.

Así las cosas, cientos de excluidos buscaron durante los últimos meses refugio en países europeos, como ocurre con el ex director del diario Cumhuriyet, Can Dündar, hoy exiliado en Alemania y perseguido por la justicia turca, o con el editor y dueño de la editorial Belge, Ragip Zarakolu, establecido en Suecia y pendiente de juicio por haberse solidarizado con una publicación kurda.

El 6 de marzo el Consejo Federal de Suiza, órgano ejecutivo del país, aseguró que desde la intentona golpista en Turquía ‘se recibieron 408 solicitudes de asilo de ciudadanos turcos, entre ellos titulares de pasaportes diplomáticos’.

Pocos días después las autoridades de Noruega concedieron asilo político a cuatro soldados turcos y a un agregado militar, que se encontraban en el país al servicio de la OTAN, permitiéndoles residir y trabajar, al igual que a sus familiares.

En mayo, un informe de la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF) de Alemania recogió la cifra de unas 450 solicitudes de asilo por parte de diplomáticos, militares, jueces y otros funcionarios turcos, junto a sus familiares.

También en Grecia un pequeño grupo de militares buscó refugio tras el golpe de Estado y su caso está siendo tramitado por las autoridades del país a pesar de la orden de extradición emitida por Ankara, y que la justicia helena desestimó hasta la fecha.

Otros ciudadanos turcos parecen estar buscando nuevos horizontes por otros medios, especialmente tras el resultado del referéndum de reforma constitucional del 16 de abril que disparó las preocupaciones de un importante sector, al conceder al futuro presidente amplios poderes y ningún control por parte del legislativo o el judicial.

Así, según la inmobiliaria Lucas Fox International Properties y el Instituto Nacional de Estadística español, cerca de nueve mil propiedades fueron adquiridas en Barcelona por ciudadanos turcos durante el primer trimestre de 2017.

Algo similar sucede en Grecia, cuyo gobierno otorga permisos de residencia de cinco años para quienes adquieren propiedades inmobiliarias, y donde se registró en los últimos meses un fuerte aumento en el número de compradores turcos, especialmente en Atenas, pero también en las islas de Mykonos, Santorini, Rodas y Creta.

Para firmas del sector como Coldwell Banker la inestabilidad política y el deterioro democrático han hecho que sus oficinas en Turquía pasasen de recibir una o dos solicitudes a la semana sobre la compra de viviendas en el extranjero a decenas de consultas diarias, sobre todo en España, Grecia, Reino Unido e Irlanda, según publicó el portal informativo Yapi.

La tensiones en Turquía no solo impulsan a miles de ciudadanos a poner sus ojos en el exterior, también son muchas las empresas que llevaron a cabo un análisis de riesgos para trazar nuevas estrategias antes del referéndum, según explicó Ali Pandir, presidente de la Asociación de Gestión Institucional de Turquía, a Al-Monitor.

Pandir dijo que las compañías son conscientes de las malas relaciones entre Turquía y la Unión Europea y del empeoramiento del entorno político en el país, por lo que comenzaron a mover sus inversiones a países del Este de Europa, con mejores oportunidades para sus negocios.

Turquía se enfrenta a la pérdida de un importante sector social, formado y culturalmente comprometido, que incluye a intelectuales y a grupos cercanos, lo que supondría un grave retroceso para el país, como ocurrió con la dictadura militar de 1980, pero en este caso bajo un gobierno civil.

Etiquetas: ; ; ; ;