El pleno de la Cámara de Diputados de Italia prosigue hoy el debate sobre la nueva ley electoral, en una carrera contra reloj para la probable realización de comicios anticipados a finales de septiembre.

Tras un inusual maratón de consultas y enmiendas extendido hasta el pasado fin de semana, la Comisión de Asuntos Constitucionales aprobó el proyecto respaldado por las cuatro principales agrupaciones políticas del país.

Los promotores de la iniciativa son el gobernante Partido Democrático (PD), el Movimiento 5 Estrellas (M5E), Fuerza Italia (FI) y la Liga Norte (LN), en una alianza coyuntural que representa alrededor del 80 por ciento de los votos en el parlamento, tanto en la Cámara como en el Senado. La propuesta se basa en un sistema proporcional para la adjudicación del 60 por ciento de los escaños en ambas cámaras, en las cuales el 40 por ciento restante será asignado a las candidaturas uninominales, aunque en la boleta los electores tendrán sólo una posibilidad de expresar su intención. De esa manera, los votantes no podrán escoger candidatos uninominales de partidos diferentes a los de su preferencia.

Prevé además la exigencia a los partidos de obtener una cuota mínima de cinco por ciento de los votos para tener presencia en cualquiera de las dos ramas del legislativo, a lo cual sólo pueden aspirar en la actualidad las cuatro organizaciones generadoras del proyecto, según todas las encuestas. Esa medida penaliza a otras 18 colectividades obligadas a forjar alianzas para no quedar fuera del parlamento, como Hermanos de Italia y Alternativa Popular, encabezada por el canciller, Angelino Alfano, ambas de derecha. Excluye además a otras ubicadas del centro hacia la izquierda del espectro político italiano como Artículo 1, Movimiento de Demócratas y Progresistas, Izquierda Italiana y Campo Progresista.

Para garantizar la paridad de géneros, la norma fija en 60 por ciento el límite de candidatos del mismo sexo en cualquiera de las dos variantes, ya sea proporcional o uninominal. En la manera en la cual está planteada la ley, ningún partido cuenta con fuerza suficiente para formar gobierno por sí sólo y tendrán que formar coaliciones después de realizados los comicios.

Con la aprobación del estatuto se espera que sus impulsores provoquen la caída del gobierno del primer ministro, Paolo Gentiloni, con la consecuente convocatoria a elecciones antes del fin natural de la actual legislatura en febrero del próximo año, contra lo cual se pronunciaron conocidas figuras de la política nacional. Una de ellas es la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Boldrini, quien expresó preocupación por la suerte de importantes proyectos de ley en curso actualmente en el parlamento, los cuales deben ser aprobados por la actual legislatura para ‘no defraudar las expectativas’ del país.

Entre las iniciativas en peligro de quedar pendientes de aprobación se refirió al código antimafia, el testamento biológico, la ciudadanía para hijos de inmigrantes nacidos en Italia, el delito de tortura y la legalización para uso personal y terapéutico de la marihuana. Mencionó además la posibilidad de poner el apellido de la madre a los hijos, el apoyo a los descendientes de madres víctimas de feminicidio, el enfrentamiento a la homofobia y la protección a pequeñas comunidades amenazadas por el éxodo de sus habitantes, especialmente en el centro del país tras los terremotos del último año.

Boldrini dijo sentirse ‘un poco frustrada’ por esta situación, pero recordó que durante la actual legislatura fueron aprobadas varias leyes importantes como el matrimonio de parejas del mismo sexo, la explotación ilegal y a bajo costo de mano de obra agrícola y el ingreso de inclusión en la lucha contra la pobreza. En igual sentido se manifestó el presidente del Senado, Piertro Grasso, la presidenta de la Comisión Antimafia, Rosy Bindi y los ex primeros ministros Romano Prodi y Enrico Letta.

La crítica más reciente provino del ex presidente Giorgio Napolitano, quien atacó duramente el eventual llamado anticipado a las urnas por considerarlo un compromiso calculado según la conveniencia de cuatro líderes de partidos principales. Censuró además la nueva ley la cual, en su opinión, afecta la gobernabilidad del país.