Tras la ruptura del acuerdo entre los cuatro principales partidos italianos sobre una nueva ley electoral, la convocatoria anticipada a las urnas parece hoy poco probable.
Hasta hace apenas 24 horas los pronósticos indicaban todo lo contrario, basados en la alianza coyuntural forjada entre el gobernante Partido Democrático (PD), el Movimiento 5 Estrellas (M5E), Fuerza Italia (FI) y la Liga Norte (LN) para aprobar la legislación con la cual se realizarían los próximos comicios.

La iniciativa fue sancionada en la Comisión de Asuntos Constitucionales para dar paso a su análisis en el pleno de la Cámara de Diputados, previo al visto bueno posterior del Senado, lo cual se daba por descontado porque, teóricamente, los promotores de la norma contaban con el apoyo del 80 por ciento de los legisladores.

Todo estaba diseñado para culminar el proceso en la primera semana de julio y forzar un llamado a las urnas para finales de septiembre, antes del cierre natural del mandato de la actual legislatura, en febrero de 2018, para lo cual es necesario provocar la caída del gobierno encabezado por el primer ministro, Paolo Gentiloni. Una vez hecho eso, el presidente de la República, Sergio Mattarella, debe iniciar las consultas correspondientes con las diferentes fuerzas políticas y si comprueba la inexistencia de respaldo mayoritario para la permanencia del actual ejecutivo, o su remplazo por otro, disuelve ambas cámaras y llama a elecciones.

La propuesta impulsada por los cuatro grandes partidos, se basaba en un sistema proporcional para la adjudicación del 60 por ciento de los escaños en ambas cámaras, en las cuales el 40 por ciento restante sería asignado a las candidaturas uninominales. No obstante, en la boleta los electores tenían sólo una posibilidad de expresar su intención, sin opción para escoger candidatos uninominales de partidos diferentes a los de su preferencia.

Preveía además, la exigencia una cuota mínima de cinco por ciento de los votos para que los partidos pudieran tener presencia en cualquiera de las dos ramas del legislativo, a lo cual sólo podían aspirar las cuatro organizaciones generadoras del proyecto, según todas las encuestas. Esa medida penalizaba a otras 18 colectividades obligadas a forjar alianzas para no quedar fuera del poder legislativo, como Hermanos de Italia y Alternativa Popular, encabezada por el canciller, Angelino Alfano, ambas de derecha. Excluía además a otras ubicadas del centro hacia la izquierda del espectro político como Artículo 1, Movimiento de Demócratas y Progresistas, Izquierda Italiana y Campo Progresista.

Para garantizar la paridad de géneros, la norma fijaba en 60 por ciento el límite de candidatos del mismo sexo en cualquiera de las dos variantes, ya fuera proporcional o uninominal.

Una vez en el pleno de la Cámara de Diputados, el frente multipartidista promotor del proyecto comenzó a mostrar fisuras, cuando el M5E presentó 15 enmiendas de mayor o menor envergadura. Ente las modificaciones sugeridas estaba la de permitir a los electores votar por el partido de preferencia y también por algún candidato de la lista uninominal, aunque perteneciera a otra organización.

El agrietamiento fue evidente en la votación secreta de tres objeciones de presentadas por igual número de partidos pequeños, amenazados de quedar fuera del parlamento al no poder cumplir con la exigencia de la cuota mínima del cinco por ciento, durante las cuales resultó evidente la existencia de ‘franco tiradores’.

Con esa denominación se conocen en el ámbito parlamentario italiano los legisladores que por determinado motivo se apartan de la decisión adoptada por sus respectivas organizaciones y votan según sus intereses particulares.

La gota que colmó la copa fue la votación secreta de la propuesta de normas comiciales especiales para la región de Trentino Alto Adige, presentada por la diputada de FI Micaela Biancofiore, a la cual se opuso el relator del proyecto de ley, además de los cuatro partidos promotores de la legislación. Sin embargo, la norma resultó aprobada por 270 votos a favor y 256 en contra, lo cual desató una tormenta con acusaciones y recriminaciones recíprocas entre diputados del PD y el M5E, cuando por una falla técnica apareció por unos segundos en la pantalla electrónica el resultado del sufragio.

Así naufragó la propuesta, reenviada a la Comisión de Asuntos Constitucionales donde su futuro se torna incierto, como insegura parece también la posibilidad de elecciones anticipadas.

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