En América Latina líderes sociales son criminalizados, perseguidos y desplazados debido a su defensa de derechos por los bienes comunes y el acceso al territorio frente al aparato industrial-financiero global. Según datos del Informe Global Witness, durante 2016 fueron asesinados 185 defensores del medio ambiente en 16 países. Casi el 40% de las víctimas pertenecían a grupos indígenas, 122 de estos crímenes ocurrieron en América Latina, ocho de ellos fueron cometidos en Honduras y 10 en Guatemala.

Los pueblos originarios y campesinos en sus actos de resistencia por defender su territorio, sus bosques y sus fuentes de agua se enfrentan a proyectos hegemónicos de corte neoliberal basados en la invasión, militarización territorial, saqueo y privatización de recursos.

Una verdadera guarimba transnacional caracteriza a la rapacidad extractivista de las corporaciones.

Las disputas son el trasfondo de los asesinatos por intereses puestos en los negocios y commodities del sector energético, la minería y la agroindustria. Tal es el caso de la líder indígena Berta Cáceres, quien llevó adelante una lucha incansable en Honduras contra la proliferación de proyectos hidroeléctricos, mineros y la expansión de monocultivos para la agroexportación.
En Colombia ya suman mas de 46 defensores indígenas y campesinos muertos violentamente, un caso reciente fue el asesinato del líder indígena del Cauca Gerson Acosta Salazar.

Las masacres a los indígenas mayas de Totonicapán en Guatemala, por defender su territorio; la sistemática represión al pueblo mapuche, constituyen cruentos referentes de la impune realidad que viven los pueblos de Latinoamérica ante la escalada homicida del capital por recursos cada vez mas escasos en el planeta.

Por Equipo de Análisis Nuestramericano