China ha dado un importante golpe diplomático en Latinoamérica al conseguir que Panamá rompa sus relaciones con Taiwán y las suscriba con Pekín.

Este histórico paso aumentará el creciente aislacionismo de las autoridades de Taipéi e incluso podría desatar un efecto dominó en otros países de América Central que todavía reconocen a la antigua isla de Formosa como nación soberana.

Sólo 20 Estados del mundo reconocen ahora a Taiwán. La mayoría de estos países —concretamente once— se encuentra en América Central o en el Caribe, incluyendo Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití. La decisión adoptada por los dirigentes panameños pone en duda todo este entramado político-diplomático basado en suculentas ayudas al desarrollo y la cooperación.

China no mantiene relaciones diplomáticas con aquellos países que reconocen oficialmente a Taiwán, porque considera que la isla subtropical es una parte inseparable de su territorio. La división interchina se materializó tras el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas nacionalistas chinas del general Chiang Kai-shek perdieron la guerra civil contra las fuerzas comunistas encabezadas por Mao Zedong, y tuvieron que abandonar el continente y buscar refugio en la escarpada y verde Taiwán a partir de 1949. Desde entonces, aun siendo un mismo pueblo que comparte tradiciones e historia, la tensión ha ido fluctuando de más a menos, o de menos a más, según el talante de quien controlara el poder en la isla, lo que ha convertido al estrecho de Formosa en una de las zonas más delicadas de Asia.

La noticia de que Panamá le da la espalda a Taiwán es un importante revés para la nueva presidenta Tsai Ing-wen, quien visitó aquel país el verano pasado, poco después de tomar posesión de su cargo, para asistir al juramento del presidente Juan Carlos Varela y a la inauguración de las obras de ampliación del Canal de Panamá. No parece una casualidad que el primer buque que atravesó la nueva obra de ingeniería fuera un gigantesco barco chino —no taiwanés— repleto de contenedores. Eso es una circunstancia lógica ya que la República Popular de China es el segundo país del mundo, después de Estados Unidos, que más emplea ese estratégico canal interoceánico para transportar millones de toneladas de carga al año.

Ya en enero de este año, la presidenta Tsai volvió a América Latina; en esta ocasión para ver in situ la toma de posesión del presidente nicaragüense, Daniel Ortega; también se detuvo en Guatemala y Honduras en un viaje que fue presentado en Taipéi como una forma de reforzar las alianzas en América Central.

Por consiguiente, el fracaso en materia exterior del gobernante Partido Democrático Progresista es muy pronunciado y va a provocar serias consecuencias en clave interna con una oposición que exige responsabilidades. De ahí que el Ministerio taiwanés de Asuntos Exteriores reaccionara con «indignación y pesar» ante un paso que considera «un acto desleal». La retirada y cierre de la embajada de Taiwán irá acompañada del cese de toda cooperación y ayuda bilateral.

La llegada al poder de Tsai, considerada una política «chinoescéptica», desequilibró la balanza en la siempre compleja relación con la China continental, tras ocho años de acercamiento promovidos por el anterior presidente, Ma Ying-jeou, líder del partido Kuomintang actualmente en la oposición.

La pérdida de Panamá es un hecho muy severo pues «estaba en lo más alto de la lista» de los últimos aliados importantes diplomáticos de Taiwán. Eso considera Ross Feingold, asesor en Taipéi de la firma estadounidense D.C. International Advisory, especializada en la gestión de los riesgos políticos y el desarrollo del comercio internacional.

«Es muy posible que el resto de países cambie de idea», pronosticó Feingold, tras conocer que la vicepresidenta panameña y ministra de Exteriores, Isabel Saint Malo de Alvarado, había rubricado en Pekín junto a su homólogo chino, Wang Yi, el Memorándum de Entendimiento que formaliza el establecimiento de relaciones diplomáticas.

El Gobierno de China subrayó en una declaración que el acuerdo se llevó a efecto «de acuerdo con los intereses y deseos de los pueblos de ambos Estados». El propio Varela confirmó ese extremo en un discurso televisado y en una serie de mensajes de Twitter. «Estoy seguro de que este paso beneficiará a nuestras naciones, a las presentes y futuras generaciones», insistió el jefe de Estado panameño, quien ya ha activado a sus correspondientes equipos para poder firmar acuerdos bilaterales a corto y medio plazo en materia turística, comercial, migratoria, agrícola, cultural, educativa y marítima.

«Taiwán ha sido un gran amigo de Panamá; estamos agradecidos por su amistad y cooperación durante las relaciones diplomáticas que mantuvimos», enfatizó Varela en su discurso, después de puntualizar que China «siempre ha jugado un papel relevante en la economía de Panamá», por ejemplo, siendo el principal proveedor de mercancías de la Zona Libre de Colón, al norte del país centroamericano.

Xinhua, la agencia oficial china de noticias, calificó la noticia de «nueva y prometedora era» y destacó que Panamá había reconocido en un comunicado conjunto que el Ejecutivo de Pekín es el «único gobierno legal que representa a toda China, y que Taiwán es una parte inalienable del territorio de China».

Las autoridades chinas no ocultaban su satisfacción al señalar, a través de un comentario de Xinhua, que el establecimiento de relaciones diplomáticas plenas entre China y Panamá «refleja el creciente poder nacional y el estatus cada día más importante del país asiático en la arena internacional. Y lo que es aún más importante, constata la fuerza que ha seguido cobrando el consenso internacional acerca del nuevo tipo de relaciones internacionales defendido por China y cuyo núcleo es la cooperación recíprocamente beneficiosa».

El rotundo éxito de Pekín es doble, porque no sólo consigue sumar un significativo aliado político-económico sino que también consolida un poco más su estrategia de una sola China de cara a la comunidad internacional. Esa estrategia política se basa en la Resolución 2758 adoptada por la Asamblea General de la ONU el 25 de octubre de 1971 que reconoce a los representantes de la República Popular de China como los «únicos legítimos de China ante las Naciones Unidas» y decide «expulsar inmediatamente a los representantes de Chiang Kai-shek del puesto que han ocupado ilegalmente en las Naciones Unidas y en todos los organismos relacionados con ellas».

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