El Gobierno del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, introdujo ayer en el parlamento federal un proyecto de ley contra el terrorismo, que crearía un cuerpo civil de control a las agencias de espionaje.

Al presentar el texto ayer martes, el ministro de Seguridad Pública, Ralph Goodale, dijo que la iniciativa está dirigida a lograr un mejor equilibrio entre el fortalecimiento de la integridad del país y el cumplimiento de las leyes en defensa de los derechos de los ciudadanos.

Trudeau prometió rechazar los elementos problemáticos de la actual Ley Antiterrorista conocida como C-51, aprobada durante la Administración del conservador Stephen Harper, pero que recibe fuertes críticas de amplios sectores por considerarla demasiado amplia e intrusiva.

En la campaña electoral para los comicios federales de 2015, el Partido Liberal, ahora en el Gobierno, prometió una mayor supervisión para el Servicio de Seguridad e Inteligencia y la revisión de la C-51 cada tres años.

En mayo pasado el Gobierno publicó un resumen de una serie consultas públicas realizadas en todo el país, de las cuales surgieron cerca de 60 mil recomendaciones sobre el tema, entre ellas la necesidad de garantizar una mayor supervisión a las entidades encargadas de la seguridad.

Según el documento, existe consenso en la población de que debe existir una entidad especializada, independiente y no partidista que fiscalice todas las actividades gubernamentales en esa área.

Un artículo reciente del diario The National Post señaló que existen preocupaciones de que las iniciativas del partido gobernante prioricen la protección de los derechos de los ciudadanos, en detrimento de la seguridad nacional.

El problema radica en que en su propio informe sobre estas consultas, el Ejecutivo dejó claro que ‘la naturaleza compleja y secreta’ del trabajo en esta rama hace que los canadienses no tengan idea alguna de si los oficiales encargados de hacer cumplir las leyes necesitan o no poderes adicionales, acota el rotativo.

Por otra parte, Dick Fadden, ex director de los Servicios de Inteligencia y Seguridad de Canadá, pidió recientemente a sus compatriotas no olvidar que el país fue nombrado por el grupo terrorista del «Estado Islámico» como un objetivo de sus actividades extremistas.

Fadden estima que el Gobierno debe actuar con cautela al eliminar algunas de las facultades que el parlamento otorgó en el pasado a las agencias de seguridad nacional, porque la amenaza sigue siendo real y en la práctica esas prerrogativas que se intentan reducir no se utilizan de manera exagerada.

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