Esta semana se ha vivido el Día Mundial de los Refugiados. Pero no había nada que celebrar. La situación de este colectivo olvidado y maltratado es completamente catastrófica y lo peor de todo es que no parece que vaya a mejorar en el futuro inmediato. Europa es un triste ejemplo del fracaso de la política aplicada a integrar a los refugiados.

De acuerdo a los estremecedores datos de la ONU, una persona se desplaza cada tres segundos en alguna parte del planeta. Y el número de desarraigados ha alcanzado los 65,6 millones en 2016, un nuevo récord que causa escándalo. El último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que en 2016 había 40,3 millones de desplazados internos y 22,5 millones de refugiados. En el primer caso, las naciones más afectadas son Nigeria, Colombia y Siria. Las principales causas radican en general en las hambrunas que azotan numerosos países del Cuerno de África y en la multiplicación de los conflictos armados.

¿Cuáles son las soluciones? En primer lugar, según aconsejan las organizaciones internacionales especializadas, habría que dejar las fronteras abiertas para los refugiados y poner fin a las prácticas disuasorias que han activado países como Estados Unidos o Australia. La segunda medida sería concebir vías legales para que los refugiados encuentren una verdadera protección pues en el 95% de los casos se encuentran en regiones próximas a sus lugares de origen.

Pero también es preciso, y esto se olvida a menudo, atacar sin contemplaciones a los traficantes de personas, un mundo cruel y mafioso que está floreciendo porque sencillamente no existen alternativas legales para quienes huyen desesperados de su patria. Este negocio de desalmados es tan rentable que según el colectivo Migrants Files, durante los últimos 15 años, los refugiados han desembolsado 16.000 millones de euros para alcanzar los santuarios de Europa.

Lo lamentable es que ‘solo’ son 65 millones, una cantidad asumible si se la comparara con la población mundial total de 7.500 millones de personas.

Europa también tiene que hacer sus deberes. Y pronto. Pero hay países que poseen una legislación claramente represiva frente a la entrada de refugiados y obviamente han dado la espalda a los acuerdos firmados por el resto de los socios comunitarios.

El sistema actual de cuotas de la Unión Europea ha fracasado con estrépito. Lo reconoce abiertamente hasta el presidente del Parlamento Europeo, el italiano Antonio Tajani. De los 160.000 refugiados con solicitud de asilo que se contemplaban en el plan decidido y adoptado en 2015, solo 20.869 han sido reubicados, pese a que en teoría los países pueden ser multados por cada refugiado que no aceptan de su cuota correspondiente.

La Comisión Europea ha lanzado un procedimiento sancionador contra Polonia, Hungría y la República Checa por negarse en redondo a aceptar más refugiados, lo que va a agravar aún más si cabe las tensiones entre Bruselas y este grupo rebelde a propósito de cómo gestionar en común el espinoso asunto de la inmigración.

Los Gobiernos euroescépticos de Varsovia, Budapest y Praga no quieren colaborar en el programa de reubicaciones y justifican su firme negativa, sobre todo, en la delicada situación de seguridad en Europa, agravada por el reciente atentado terrorista en Londres. También apelan a su soberanía nacional porque en su momento votaron en contra del plan de cuotas.

En Francia, el nuevo presidente, Emmanuel Macron, se comprometió durante la campaña electoral a acoger más refugiados. Ahora esas palabras deberían traducirse en actos. Veremos si se transforman. Macron, líder del movimiento ¡En marcha!, escribió hace meses en una tribuna de prensa que la sociedad alemana y la canciller, Angela Merkel, habían «salvado» la «dignidad colectiva» de los europeos al recibir a decenas de miles de sin «techo», muchos de ellos escapando de la guerra en Siria. Alemania ha recibido a 890.000 refugiados en 2015, tras la decisión de no cerrar sus fronteras.

Macron parece partidario de «preservar» los acuerdos de Schengen —que suprimen las fronteras internas entre varios Estados de la Unión-, «reforzar el cuerpo de guardafronteras europeo», «desarrollar los acuerdos de cooperación con los grandes países de emigración y de tránsito» y «crear un sistema de información común».

En España, el Gobierno de Mariano Rajoy tampoco está cumpliendo sus compromisos. Las autoridades están poniendo tantas trabas a la agrupación familiar de refugiados que la organización no gubernamental Oxfam Internacional está considerando ya la idea de demandar al Ejecutivo si dentro de 100 días no ha acogido a los más de 17.000 refugiados comprometidos con la Comisión Europea, de los que han llegado solo un 7% (1.304 personas). Sería un hecho sin precedentes.

Un informe de Oxfam enumera algunas de esas trabas: obstáculos administrativos, falta de información, una definición muy limitada de lo que es ser «familiar» y políticas discriminatorias del acuerdo UE-Turquía. Así, por ejemplo, el Reglamento de la Ley de Asilo, que permitiría resolver «importantes lagunas», está pendiente desde hace siete años cuando se aprobó la normativa legal.

Esa lamentable falta de compromiso se ha plasmado en la campaña «Tu silla, su refugio», promovida por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) donde han participado 60 personalidades del mundo del espectáculo, la cultura, el deporte y el periodismo.

La imagen que se está transmitiendo al exterior no es solo la de una Europa impotente sino también indiferente ante esta tragedia mayúscula. Ya no se ven ni se escuchan tantas noticias de niños de ojos tristes bajo una sucia tienda de campaña, o de pateras repletas de inmigrantes subsaharianos que cruzan el Mediterráneo desde Libia con poco más que una ilusión a cuestas. Sin embargo, que ya no aparezcan en los telediarios no significa que no sigan ocurriendo. El mayor éxodo de la historia no se ha detenido.

 

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