Una vez concluida hoy la segunda vuelta de las elecciones municipales en Italia, quedará despejado el camino para el reinicio del debate parlamentario sobre el otorgamiento de la ciudadanía a hijos de inmigrantes.
La iniciativa promovida por el gobernante Partido Democrático (PD) fue aprobada por la Cámara de Diputados en octubre de 2015 y desde entonces pasó al Senado donde hace apenas 10 días despertó una trifulca provocada por la oposición derechista y xenófoba.

El caos generado por lo que los promotores de la propuesta consideraron una actitud obstruccionista de los senadores de la Liga Norte, opuestos al proyecto, convirtió el augusto salón plenario de la Cámara Alta en escenario de un poco frecuente espectáculo con gritos, insultos y acusaciones recíprocas.

A pesar de la algarabía y recriminaciones, el presidente del Senado, Pietro Grasso, estima que las nuevas disposiciones serán aprobadas antes que concluya el verano.

La polémica se mueve en dos conceptos jurídicos: el ius soli y el ius sanguinis, expresiones del latín mediante las cuales se describen el derecho a la ciudadanía por nacer en un territorio, en el primer caso, y por lazos sanguíneos de padres a hijos, en el segundo.

Cualquiera de los dos son restrictivos y cuestionables, no porque uno sea superior al otro, sino porque son un reflejo de un mundo parcelado caprichosamente por los más poderosos en función de sus intereses, en cada momento histórico del desarrollo de la humanidad.

Al margen de sus implicaciones políticas, filosóficas y éticas, el debate en Italia se centra entre quienes desde posiciones conservadoras abogan por mantener el derecho a la ciudadanía por los lazos de consanguinidad con el lema de ‘ser italiano se nace, no se hace’ y quienes estiman que esa es una regla obsoleta.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, en enero de 2016 residían en Italia alrededor de un millón de menores extranjeros, la mayoría de ellos nacidos en este país. Esa cifra debe crecer entre 70 y 80 mil nacimientos anuales, además de los niños y adolescentes que arriban al país con sus padres o sin acompañantes.

La ciudadanía italiana se adquiere actualmente al nacer, por el ius sanguinis, de manera tal que los hijos sólo podrán lograrla por vía indirecta como descendientes una vez que sus padres la obtengan, después de 10 años de residencia legal en el país.

La propuesta que debe aprobar el Senado para convertirse en ley incorpora el ius soli atemperado porque no será automático, sino que exige determinados requisitos en relación con los progenitores.

Prevé además el ius culturae, mediante el cual podrán acceder a la ciudadanía los menores extranjeros nacidos aquí o llegados al país antes de los 12 años de edad, que hayan frecuentado la escuela italiana durante al menos cinco años y superado por lo menos el nivel elemental o el medio.

El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados con 310 votos a favor, 66 en contra y 83 abstenciones, aunque esa no debe ser la proporción en el Senado donde será rechazado por la Liga Norte, la cual presentó 50 mil enmiendas con ‘claros propósitos obstruccionistas’ como expresó Grasso al diario La Republica.

Aún no está claro cuál será la actitud del Movimiento 5 Estrellas (M5E) tras afirmar que este asunto debe ser debatido a nivel europeo porque de lo contrario es un acto de propaganda y ‘humo en los ojos de los ciudadanos’.

Según una declaración titulada ‘Por un ius Europeum’ publicada en el blog de su líder, Beppe Grillo, la organización se pronunció a favor de detener el debate, pedir orientación a la Comisión Europea e involucrar también en la discusión al Parlamento y al Consejo Europeo.

Sin embargo, el planteamiento del M5E fue desestimado por el comisario europeo Dimitris Avramopoulos, quien al responder a una pregunta en una conferencia de prensa en Bruselas expresó que los temas de ciudadanía son de estricta competencia nacional.

No existe de hecho -precisó- ninguna ley de la Unión que diga después de cuantos años o en qué condiciones un estado miembro deba conceder la ciudadanía.