La conmovedora escena de las ropas del joven electricista Jorge Huamán, veladas por su familia, que lo da por muerto, delinean hoy en Perú la tragedia que viven ese y otros tres hogares, víctimas de la ilegalidad y la explotación laboral extrema.
Huamán, de 19 años, pudo comunicarse el jueves con su familia y revelar que estaba encerrado en uno de las decenas de contenedores usados como almacenes de productos de ferretería, como sustancias combustibles, y como talleres.

‘Ya sé que lo van a sacar muerto, pero quiero tenerlo acá y los culpables tienen que pagar’, dijo su madre, Bertha Villalobos, al manifestar indignación por las condiciones en que trabajaba el muchacho, encerrado por el patrón, junto a su compañero Jovi Herrera.

Mientras los bomberos avanzan cautelosamente la dura tarea de sofocar el incendio, la televisión difunde reiteradamente el breve video transmitido por Jorge Luis desde su mortal encierro, que muestra la humareda que les hacía difícil la respiración y deja oir los golpes que los jóvenes daban para salir.

Los bomberos buscan también a otros dos trabajadores que quedaron atrapados en similares circunstancias por el incendio que puso al descubierto los extremos a que llegan la sobreexplotación laboral en Perú. El problema es propiciado por el recorte de derechos y una política que privilegia a las empresas y desampara a los trabajadores, en el marco del modelo neoliberal vigente desde hace un cuarto de siglo, según el movimiento sindical.

Si bien el Ministerio de Trabajo y el municipio limeño consideran el hecho como una tragedia y no consecuencia de falta de control estatal, la Confederación General de Trabajadores acusó al gobierno de reducir la vigilancia y las precauciones en materia de seguridad laboral.

El propio Sindicato de Inspectores de la Superintendencia de Fiscalización Laboral señaló que esta carece de los medios, el personal y las disposiciones necesarias para cumplir su cometido de evitar abusos y otras violaciones de la legislación.

La Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para los Países Andinos, con sede en Lima, manifestó profunda preocupación por los cuatro jóvenes desaparecidos y destacó la investigación abierta por el Ministerio Público ante la posibilidad que en el local siniestrado se haya cometido el delito de trata de personas.

‘La realización del trabajo en condiciones de encierro representa una clara y manifiesta afectación a derechos fundamentales en el trabajo y a la dignidad humana. Esta tragedia refleja una triste y terrible realidad, nos aproxima a formas modernas de esclavitud como el trabajo forzoso’, señala en un comunicado.

El pronunciamiento agrega que se trata de una situación totalmente intolerable en una sociedad moderna y justa, y llama a redoblar esfuerzos para erradicar esas prácticas.

También pide tomar conciencia colectiva de que el combate a las condiciones de trabajo inhumanas no es solamente la lucha contra un delito, sino la obligación de una sociedad que valora y prioriza el ser humano.

La oficina de la OIT demanda igualmente ‘reducir la informalidad, fortalecer las inspecciones laborales, cumplir y hacer cumplir con la ley y mejorar la seguridad de los trabajadores’ como acciones prioritarias a fin de evitar situaciones como la registrada.