Bien saben los periodistas que la información es poder. De ahí mi perplejidad por la sorpresa que manifiestan los medios mexicanos ante la evidencia revelada por el diario estadounidense The New York Times, el pasado 19 de junio, de que el Gobierno de Enrique Peña Nieto espía a «periodistas, activistas y defensores de derechos humanos».

Es de ingenuos pensar que el programa de espionaje Pegasus, adquirido en el 2011 por la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) a la empresa israelí NSO Group, solo serviría para el combate legal del crimen organizado.

El espionaje es elusivo y confidencial por naturaleza, por lo que no debe sorprender que el Estado mexicano utilice las posibilidades que le brinda la sofisticada tecnología de Pegasus —que solo se vende a Gobiernos— para ‘monitorear llamadas, correos electrónicos, las citas en el calendario e incluso mensajes encriptados’ de los teléfonos de sus adversarios; tampoco debe sorprender que en esta categoría incluya, aunque no le asista la razón, no solo a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, sino también a políticos, abogados y funcionarios de alto rango, como apuntan las denuncias dadas a conocer tras el reportaje publicado por el diario estadounidense.

Si resulta innegable el carácter ilegal y el atentado a la privacidad que representa intervenir el teléfono de quienes no están inmersos en hechos de naturaleza criminal, también resulta innegable que sería de ingenuos esperar que en apego a la ley algún oficial del CISEN, general de la SEDENA o investigador de la PGR solicite la autorización de un juez federal para espiar a personas no sujetas a una investigación criminal.

Me resulta una ingenuidad similar a la del exmandatario mexicano Vicente Fox en abril de 2002, cuando se enteró ‘a la brava’ de que su conversación ‘privada’ con el presidente cubano Fidel Castro, previa a una cumbre presidencial convocada en marzo por la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Monterrey —el famoso «comes y te vas» que en realidad fue «me acompañas a la comida y de ahí te regresas»—, había sido grabada por el servicio secreto de Cuba y difundida ‘urbi et orbi’.

Juego de poderes

En México, la divulgación de conversaciones telefónicas grabadas ilegalmente es una práctica de vieja data. Hacia finales del año 2000, en un noticiero de Televisa, se difundió un audio en el que Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, comentaba que iba a aclarar «de dónde salieron, quién era el intermediario, para qué eran y dónde fueron» los fondos cuya posesión lo había llevado a la cárcel por enriquecimiento ilícito.

A inicios de 2006 se divulgó una conversación telefónica entre el exgobernador de Puebla, Mario Marín, y el empresario textil Kamel Nacif en la que se puso en evidencia la connivencia del primero en la detención de la periodista Lydia Cacho en diciembre de 2005. En octubre de 2010, la filtración de una conversación de Servando Gómez, ‘La Tuta’, líder de los Caballeros Templarios, reveló el vínculo con ese grupo criminal de Julio César Godoy Toscano, diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y medio hermano del exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy.

En mayo de 2015 se dio a conocer una conversación del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, en la que se burlaba de la forma de hablar el español de un líder indígena. Apenas si son cuatro ejemplos, que aparte del daño puntual que procura la revelación, demuestran que ésta constituye por sí misma una estrategia destinada a que la gente conozca que puede ser espiada y que se preocupen quienes deban preocuparse por ello, no una falla criminal en el entramado de los servicios de inteligencia mexicanos.

El espionaje a periodistas —y a defensores de derechos humanos, abogados, políticos, funcionarios de alto rango—, es más bien para ir un paso adelante de cara a un eventual control de daños —»prevención, disuasión, contención y neutralización de riesgos y amenazas», según el CISEN—, y no tanto por la posibilidad de recurrir al chantaje —aunque no se descarta— si existiera la ocasión para ello No coarta la libertad de expresión el espionaje telefónico; en el fondo de lo que se trata es de un juego de poderes. El primero (ejecutivo) contra el cuarto (medios de comunicación). Un juego viejo e interminable entre el ‘yo sé’ y el ‘yo sé que tú sabes’. Lo único que ha hecho el reportaje aparecido en The New York Times es develar el nombre y el ‘modus operandi’ del malicioso programa usado para espiar.

Garganta profunda

Al periodismo y el espionaje los emparenta la necesidad de información. En el primer caso para divulgarla, en el segundo para usarla según se necesite, valga la perogrullada. Las preguntas que se hace un periodista inmerso en una investigación —qué, cómo, dónde, cuándo, quién, por qué, para qué— son las mismas que en esencia sirven para configurar el llamado ‘ciclo de Inteligencia’: ‘planeación, recolección, procesamiento y análisis, difusión y explotación, retroalimentación’. Solo que el periodista trabaja a la luz del día y el agente de inteligencia desde las sombras.

No por casualidad el disfraz predilecto de Richard Sorge, uno de los más famosos espías de la historia, fue el de periodista. No por casualidad Bob Woodward y Carl Bernstein —los periodistas que develaron la trama de las escuchas ilegales (escándalo Watergate) que en 1974 le costaría el puesto al presidente estadounidense Richard Nixon—, le dieron un nombre en clave, recurso típico del espionaje, a su fuente de información: Garganta profunda.

Si el asesinato de periodistas es una tragedia en el México contemporáneo, la ingenuidad externada por muchos articulistas ante el hecho de que se les espíe bordea la comedia. Más que la confrontación mediática de denuncias y negaciones, los periodistas mexicanos, como hicieron los colegas estadounidenses, deben encontrar a su Garganta profunda si quieren que las acusaciones de espionaje vayan más allá del temporal escándalo mediático, un Garganta profunda que aporte las pruebas irrefutables de un delito del que hoy apenas si se conoce el nombre mítico del arma utilizada. Y ya se sabe: «la culpa del crimen nunca es del cuchillo».