Alrededor de 22 millones de personas más sin cobertura médica y mayores afectaciones para los estadounidenses de bajos recursos son posibles impactos del proyecto de ley sanitaria que la Casa Blanca se empeña hoy en defender.
El pasado jueves, tras preparar el borrador bajo gran secretismo, el liderazgo de la mayoría republicana en el Senado dio a conocer el documento de 142 páginas que está dirigido a derogar y reemplazar la normativa de salud actual, conocida como Obamacare.

Aunque la versión de la Cámara alta fue anunciada como una renovación total del esbozo aprobado por los representantes a principios de mayo, en realidad mantiene aquella estructura con modestos ajustes.

La versión del Senado es, en algunos aspectos, más moderada que el proyecto de ley de la Cámara baja, al ofrecer más ayuda financiera a algunas personas de pocos recursos para ayudarlas a sufragar el rápido aumento del costo del seguro médico privado.

Pero, en general, el documento de los senadores, como el de los congresistas, eliminaría gradualmente el dinero adicional que el Gobierno ha proporcionado a los estados como incentivo destinado a ampliar el Medicaid, que beneficia a personas ancianas y de bajos ingresos.

También anularía virtualmente todos los aumentos de impuestos que comprende el Obamacare como vía para costear sus gastos, lo cual llevará a la reducción de miles de millones de dólares del mencionado programa.

Las reacciones contra la propuesta no se hicieron esperar, tanto desde las filas demócratas como desde organizaciones e instituciones que alertan sobre las graves consecuencias de una reforma sanitaria de este tipo.

El expresidente Barack Obama, que tiene en la actual ley de salud uno de los principales legados de su administración (2009-2017), divulgó un extenso texto en el cual calificó la iniciativa republicana de transferencia de riqueza de las familias pobres y la clase media a la gente más acaudalada.

La polémica en torno a la ley, que el Partido Republicano pretende votar esta misma semana, se volvió ayer aún mayor luego de que la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) publicara un análisis del posible impacto y costo de la legislación.

Según esa entidad no partidista, bajo la iniciativa de los senadores de la fuerza roja aumentaría en 22 millones el número de personas sin seguro médico para 2026.

Tal cifra es solo ligeramente inferior a las predicciones que realizó ese órgano sobre la propuesta aprobada por la Cámara de Representantes.

De acuerdo con el reporte, dentro de 10 años habrá unos 49 millones de estadounidenses sin cobertura médica, un número mucho mayor a los 28 millones que carecerían de ella de mantenerse el Obamacare.

Solo en 2018 unos 15 millones de personas perderían su seguro con la propuesta de los republicanos, y el déficit federal descendería 321 mil millones de dólares en una década.

Ante tales pronósticos, la Casa Blanca pidió no confiar ciegamente en el informe de la oficina y manifestó que ese órgano tiene un historial de ‘inexactitud’, para lo cual recordó cálculos que el órgano debió corregir en sus estimaciones sobre el Obamacare. Pero más allá de que el gobierno de Trump pretenda desechar el análisis del grupo, la publicación de ese informe fue una mala noticia para la formación roja, que podría tener difícil llevar a votación esta semana el proyecto legislativo.

Los demócratas protagonizaron anoche un maratónico debate en el que intensificaron sus esfuerzos contra la medida.

‘Después de semanas de trabajo secreto a puertas cerradas, los republicanos elaboraron un plan que eliminará el seguro médico de 22 millones de personas y reducirá el programa de Medicaid, todo a cambio de recortar impuestos por miles de millones de dólares a la familias más ricas de este país’, sostuvo la senadora por Massachusetts Elizabeth Warren.

Sin embargo, el principal problema para quienes quieren dar luz verde a la reforma sanitaria está dentro del propio Partido Republicano, cuando varios conservadores rechazan la versión por creerla demasiado ligera, y algunos moderados, por el contrario, la ven muy severa.

Entre estos últimos se encuentra Susan Collins, legisladora por Maine, quien anunció que se pronunciará contra la normativa si se mantiene del modo en que está redactada, con lo cual suman seis los republicanos en esa posición.

La posibilidad de que se avale el proyecto, entonces, dependerá de las negociaciones y concesiones que se realicen en los próximos días para complacer a todas las partes del espectro, pues la fuerza roja solo puede darse el lujo de perder dos votos.

En esa coyuntura, muchos senadores se encuentran ante la disyuntiva de seguir la línea marcada por el liderazgo de su formación y ayudar al presidente a cumplir su promesa de campaña de derogar el Obamacare, o escuchar el llamado de muchos votantes que podrían verse afectados.

Tal dilema parece estar mucho más determinado por los intereses políticos individuales y partidistas, que por la atención a las necesidades de la ciudadanía.

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