Una nueva crisis política que puede llegar a la censura parlamentaria o destitución del primer ministro, Fernando Zavala, se abrió hoy en Perú tras difundirse una grabación que lo comprometería con gestiones indebidas.

Zavala es blanco de críticas desde diversos ángulos, por un audio en el que, junto a los entonces ministros de Transportes, Martín Vizcarra, y Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, intentan persuadir al contralor general, Edgar Alarcón, para que levante las objeciones al polémico contrato de construcción de un aeropuerto en la sureña región de Cusco.

Vizcarra renunció al cargo el mes pasado después que la contraloría impugnó el citado contrato y Thorne posteriormente, cuando el parlamento le retiró la confianza por otro audio en el que parece insinuar a Alarcón que el suministro de fondos extras para ese organismo dependía de su aval al proyecto.

La nueva grabación fue difundida anoche por un programa de televisión, días después que Alarcón revelara la reunión con los tres miembros y afirmara que lo presionaron para que diera luz verde al contrato, pues el gobierno había condicionado este a ese respaldo.

Al respecto, Vizcarra, quien también es vicepresidente de la República, alegó que el fragmento de la grabación conocido evidencia que los ministros no presionaron ni plantearon condicionamientos al contralor.

Añadió que solo le dijeron que permitiera que las 14 observaciones que había planteado al contrato sean levantadas por los funcionarios concernidos o que planteara modificaciones concretas.

‘Hemos sido absolutamente transparente y lo que decimos en público lo decimos en privado. No tenemos dos discursos’, aseguró.

Sin embargo, el vocero de la bancada parlamentaria del partido de oposición de derecha Fuerza Popular, Héctor Becerril, acusó a Zavala de hacer gestiones a favor del consorcio privado contratista de la obra y no del país y dijo que lo sucedido confirma que esa es la política del gobierno.

El legislador, cuyo partido tiene mayoría absoluta y está en condiciones de censurar a Zavala y por tanto obligarlo a renunciar, pidió a título personal que el premier sea convocado al Congreso de la República a dar explicaciones.

El vocero de la bancada del progresista Frente Amplio, Marco Arana, criticó también lo tratado en el audio, en el que los ministros piden a Alarcón que colabore a viabilizar también otros contratos de grandes obras que registran problemas.

Señaló que la grabación confirma que los tecnócratas neoliberales que integran el gabinete del presidente Pedro Pablo Kuczynski tratan los asuntos nacionales como si fueran negocios privados.

Becerril añadió que Zavala habría incurrido en conflicto de intereses porque una de sus hermanas era ejecutiva de una de las empresas del consorcio Kuntur Wasi, contratista de la obra, aunque Vizcarra alegó que ella había renunciado dos meses antes de la reunión grabada.

El analista de centro-derecha César Campos sostuvo que el conflicto de intereses existe y puede causar la censura de Zavala, aunque también señaló que FP puede no llegar a ese extremo por el costo político que tendría ante la imagen de obstruccionista que tiene.

El parlamentario Juan Sheput, vocero del partido gobernante Peruanos por el Kambio (PPK), sostuvo que en el audio difundida no hay nada ilegal y señaló que Alarcón incurrió en un delito al grabar furtivamente la reunión.

La nueva crisis estalló cuando la que costó el retiro de Thorne y Vizcarra parecía vivir sus estertores con la inminente destitución por el parlamento, del contralor Alarcón, por diversas irregularidades que lo descalifican para seguir en el cargo.

La medida fue aprobada por todas las bancadas pero el pleno congresal citó para el lunes al aún contralor para que ejerza su defensa.

En días pasados, Zavala admitió que se reunió varias veces con el contralor y anotó que si este grabó antes un diálogo privado con Thorne, seguramente lo ha hecho otras veces, lo que no le preocupa porque solo trató con el con el fin de destrabar proyectos de obras públicas por su impacto en la economía.

Dijo de otro lado que el gobierno quiere lograr entendimientos con los partidos de oposición en el Congreso y trabajar en una agenda común, lo que puede dificultarse como consecuencia del escándalo.