Las protestas en contra de la reformas al sistema laboral y de pensiones, que el pasado viernes se iniciaron desde primera hora y se extendieron hasta la madrugada del sábado en ciudades como Brasilia (capital), Río de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Natal y Goianía, terminaron de forma violenta luego que el gobierno de Michel Temer ordenara reprimir a los ciudadanos que se encontraban en las calles.

Brasil de Fato reportó que se produjeron numerosas detenciones en Sao Paulo, Santa Catarina y Río grande do Sul.

Según informes la policía disparó bombas de ruido, gases lacrimógenos y golpeó con bastones a miles de manifestantes que cerraban las calles hasta pasada la medianoche de ayer.

En Sao Paolo la policía reprimió a cientos de manifestantes sindicales que se atrevieron a cerrar una calle de tiendas de lujo. En dicha urbe también fue atacada por los efectivos una manifestación de Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST).

En Brasilia los represores también atacaron a los manifestantes que pretendían llegar hasta la zona de los ministerios.

Mientras tanto, en Brasilia y otras ciudades se produjo una paralización total del transporte; en Río de Janeiro, barricadas en diversos puntos de la ciudad provocaron decenas de kilómetros de embotellamiento y un bloqueo al acceso al su aeropuerto internacional.

También en Río se bloqueó la autopista Linha Vermelha, donde la policía intervino brutalmente, hiriendo gravemente al menos a dos manifestantes.

En otras capitales, como Vitória (del estado suroriental de Espirito Santo) y Florianópolis (Santa Catarina, en el sur) se registraron también represión policial a los manifestantes. En ambas ciudades los dirigentes sindicales denunciaron el uso de violencia excesiva para deshacer los bloqueos en importantes vías de acceso.

Según el presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT), Vagner Freitas, los retrocesos en la legislación laboral amenazan “el empleo formal, que garantiza derechos adquiridos como vacaciones y aguinaldo”.

Los movimientos sociales y los sindicatos de izquierda también reclaman la renuncia del presidente brasileño, quien esta semana fue finalmente denunciado por la Fiscalía por el delito de corrupción pasiva tras la confesión realizada por uno de los dueños del grupo JBS, que le acusó de recibir sobornos desde 2010.

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