La Contraloría General de Venezuela inició hoy una auditoría a la Fiscalía General, para evaluar los procedimientos administrativos, presupuestarios y financieros de este órgano desde el 1 de enero de 2008 hasta el 30 de junio de 2017.

Según el contralor general venezolano, Manuel Galindo, este control fiscal tiene el propósito de ‘verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de sus operaciones’.

Galindo precisó que el procedimiento se desarrollará en todas las instancias del Ministerio Público a nivel nacional, e incluye la instalación de comisiones en la sede administrativa de esta entidad, en las fiscalías superiores regionales, en el Servicio Integral de Salud, la Escuela Nacional de Fiscales y la Asociación Nacional de Redes y Organizaciones Sociales (ANROS).

También designó a los contralores de cada uno de los estados a realizar la función asignada en las sedes regionales del Ministerio Público.

‘Esto significa -subrayó Galindo- que los contralores estatales tendrán las mismas atribuciones del Contralor General de la República para este caso en específico en sus respectivas jurisdicciones estadales’.

Explicó que la Contraloría General de la República actúa de manera autónoma en el ejercicio de las atribuciones y obligaciones contenidas en la Constitución de la República, en la Ley de Contraloría General y el Sistema Nacional Control Fiscal y su reglamento.

El Contralor General aclaró que, en el supuesto caso de negativas al ser detectados ‘indicios suficientes, pertinentes y oportunos de alguna irregularidad administrativa, se dará inicio a los procedimientos que haya lugar, los cuales seguirán su curso hasta obtener sus resultas definitivas’.

Agregó que el entorpecimiento o negativa a suministrar informes, libros y documentos que sean requeridos dentro del plazo fijado, traerá como consecuencias la imposición de sanciones.

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