Ley de referéndum unilateral de secesión.

El anuncio tuvo lugar en un acto celebrado en el auditorio del Parlamento catalán en Barcelona, impulsado por diputados de la coalición independentista Junts pel Sí y sus socios anticapitalistas de Candidatura de Unidad Popular.

Los independentistas catalanes presentaron ayer la ley con la que pretenden “blindar” el referéndum unilateral de secesión de España previsto para el próximo 1 de octubre. La norma será “suprema”, no establece un mínimo de participación y el resultado será vinculante y efectivo en 48 horas.

En un acto de carácter partidista celebrado en el auditorio del Parlamento catalán en Barcelona, diputados de la coalición independentista Junts pel Sí (JxS) y sus socios anticapitalistas de la CUP (Candidatura de Unidad Popular) explicaron que se creará una Sindicatura Electoral de Cataluña que “velará por la neutralidad informativa y la igualdad de oportunidades” durante el proceso electoral. También está prevista la participación de observadores internacionales. El censo, en el que figurarán todas las personas residentes en Cataluña y en el exterior con derecho a voto -es decir con nacionalidad española-, será elaborado por el gobierno catalán y convalidado por la Sindicatura.

Según afirmó el diputado Lluís Corominas, de JxS, la ley será “suprema” y, por lo tanto, prevalecerá sobre cualquier otra norma que pueda contradecirla, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de todos los cargos públicos que colaboren en la consulta, que es considerada ilegal por ir contra los preceptos de la Constitución española.

En el mismo sentido se pronunció el representante de la CUP Benet Salellas, quien consideró que se trata de “una ley de mínimos estrictamente formal” pero que a pesar de ello se convierte en “suprema”, ya que defiende el “ejercicio democrático”. Además, va “acompañada del derecho internacional”, dijo.

Sin embargo, los promotores de esta ley no establecieron un mínimo de participación para considerar válido el referéndum de acuerdo con las normas internacionales. “Si la mayoría de los votos son negativos, habrá elecciones autonómicas, y si son favorables, se declarará la independencia de Cataluña y se abrirá un proceso constituyente para la creación de la República Catalana Independiente”, aseguró Gabriela Serra, también de la CUP.

Serra defendió la normativa, que “constituye un acto de soberanía y de desobediencia” y de “coherencia” porque “obedece a un mandato que se dio y se recogió por la mayoría parlamentaria” en las elecciones de septiembre de 2015, cuando los independentistas alcanzaron la mayoría en el parlamento regional de Cataluña. “Sean cuales sean los resultados, como es vinculante, los aceptaremos”, subrayó Serra.

Los independentistas parten de la premisa de que el pueblo catalán es “soberano y ejerce el derecho a decidir libre y democráticamente su condición política”, algo que el parlamento catalán ya declaró en 2014 y el Tribunal Constitucional español consideró ilegal. El Gobierno español envió a los Ayuntamientos catalanes una carta en la que les pidió su “colaboración” para garantizar “el respeto a la legalidad” y les recordó que la convocatoria de un referéndum “atenta” contra la Constitución.

En el Preámbulo de la ley -cuyo borrador fue adelantado por el diario El País- se subrayó que España ratificó en 1977 el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos aprobado por Naciones Unidas en 1966 que recoge el derecho de autodeterminación como el primero de los derechos humanos. El pasado 9 de junio el presidente catalán, Carles Puigdemont anunció la fecha y la pregunta de la consulta de secesión, pero no dejó constancia escrita de ese acto para evitar una suspensión por parte del Tribunal Constitucional.

En caso de que el referéndum se celebre, a pesar de todas las incógnitas abiertas, los catalanes tendrán que responder si quieren que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república. Ante el nuevo paso dado ayer por los partidos que apoyan a Puigdemont, Xavier García Albiol, el líder en Cataluña del conservador Partido Popular afirmó que los independentistas “están buscando la suspensión de la autonomía”.

Esa sería la medida más radical que de acuerdo con la Constitución podría adoptar el gobierno de Rajoy para evitar el referéndum, que Puigdemont se comprometió a celebrar. De hecho, no parece que el líder catalán esté dispuesto a dar ningún paso atrás. Por el contrario, ayer cesó de su cargo a un consejero que dijo públicamente que el Estado español tiene tanta fuerza que probablemente el referéndum no se podría celebrar.

En este contexto, la ministra de Defensa española, María Dolores de Cospedal, recordó que las Fuerzas Armadas tienen la misión que les encomienda la Constitución de “garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial”.