Exxon Mobil y algunas otras grandes compañías del sector energético estadounidense están preocupadas por el proyecto de ley sobre el recrudecimiento de las sanciones contra Rusia.

Los costes de las sanciones para las empresas pueden servir como pretexto sólido para revisar la iniciativa, señala en una entrevista a la agencia Sputnik Vladislav Ginkó, economista y profesor de la Academia Rusa Presidencial de la Economía Nacional y la Administración Pública (Ranepa).

Gigantes petrogasíferos estadounidenses como Exxon y Chevron miran con recelo el proyecto de ley que prevé imponer nuevas sanciones contra Moscú, según publicó The Wall Street Journal. Desde el punto de vista del economista ruso, Trump podría reconsiderar la cuestión de las sanciones, dado que, una vez que afecten a la propia economía de EEUU, dejan de tener cabida en su programa de reformas.

Antes, el Senado de EEUU aprobó el proyecto de la ley que establece las nuevas sanciones contra Rusia e Irán. Sin embargo, el documento sigue parado hasta ahora a la espera de la valoración por parte de los representantes del Congreso y de la firma del presidente.

Ginkó afirma que la situación con las sanciones antirrusas afecta simultáneamente a las políticas de EEUU y a su economía.

«El propio Donald Trump ve que lo asedian y lo contradicen, tratando de imponerle la agenda en política exterior. En este momento tiene que decidir el destino de las medidas restrictivas, porque no se corresponden con su programa, que debería hacer a EEUU más fuerte. Evidentemente, para este fin son indispensables los proyectos petrogasíferos. Y no se puede prescindir de Rusia en este caso», recalcó el experto.

El país eslavo es un importante actor en el sector petrogasífero. El año pasado, el gigante euroasiático superó incluso al líder de los países de la OPEP, Arabia Saudí, en los índices de extracción de petróleo a diario.

«Es por eso que los proyectos petrogasíferos conjuntos están orientados también a los intereses estratégicos estadounidenses. Las sanciones bien podrían costar a EEUU no menos de 100.000 millones de dólares», subrayó Ginkó.