La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocerá hoy los recursos de apelación presentados por 10 de los 14 acusados de haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para lograr contratos en República Dominicana.

Los reclamos están dirigidos contra la sentencia dictada el 7 de junio pasado por el juez Francisco Ortega Polanco, que envió a prisión preventiva a ocho de los imputados y dictó arresto domiciliario contra otros dos.

En prisión están el ex ministro de Industria y Comercio y dirigente del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Temístocles Montás, y el ex presidente del Senado y presidente del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista.

Asimismo están encarcelados el empresario Ángel Rondón, el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, el exdiputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Ruddy González, el abogado Conrado Pitaluga, el exvicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas César Sánchez y el exfuncionario de esa entidad Máximo De Óleo.

Guardan arresto domiciliario el miembro del Comité Político del PLD, Radhamés Segura y el ex senador del PRM, Roberto Rodríguez,.

Además el juez dictó fianza y prohibición de salir del país a los senadores del PLD Julio Cesar Valentín y Tommy Galán, y al diputado del PRM Alfredo Pacheco.

De todos ellos, solo Valentín, Galán y Rodríguez no apelaron la sentencia del juez Ortega.

Otro acusado por este caso es el ingeniero Bernardo Castellanos, quien estaba en Panamá el día de los arrestos y como no se ha presentado, actualmente contra él hay una orden de captura por parte de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

La víspera el procurador general dominicano, Jean Rodríguez, advirtió en un comunicado que sería un obstáculo para las investigaciones dejar en libertad a cualquiera de los 10 acusados de recibir sobornos de Odebrecht.

La constructora brasileña admitió haber pagado 92 millones en sobornos en República Dominicana entre 2001 y 2014 y la fiscalía espera que las investigaciones en curso arrojen más pruebas contra los acusados y revelen los nombres de otros posibles implicados.