Organizaciones civiles pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la creación de un Consejo Asesor del Estado mexicano contra la Impunidad, dijo a Sputnik la jurista Rocío Culebro, quien presentó la petición ante el organismo autónomo de la OEA.

«Hemos pedido ante la Comisión Interamericana que se sume a nuestra iniciativa y firme un acuerdo de cooperación para la consolidación de un Consejo Asesor contra la Impunidad, junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), y el Estado mexicano», dijo Culebro desde Lima, donde asiste al 163 período de sesiones de la CIDH.

Culebro, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHyD), fue designada por nueve de las principales ONG de México para presentar la solicitud formal ante la CIDH.

La solicitud incluye «que se exhorte al Estado mexicano a realizar mesas de diálogo para definir un acuerdo de cooperación internacional».

En ese proceso público debería participar la cancillería mexicana, la Secretaría de Gobernación (Interior) y la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal), los organismos internacionales de derechos humanos de la ONU y la OEA, además de las organizaciones de la sociedad civil, explicó.

Una segunda petición a la CIDH es que haga un llamado al Estado mexicano para «garantizar la construcción normativa del modelo institucional y de gestión de la nueva Fiscalía General de la República».

Las organizaciones civiles independientes pidieron que la construcción de la nueva fiscalía sea regida «bajo los principios y el formato de parlamento abierto, con el fin de asegurar la participación efectiva de la sociedad civil», añadió Culebro, una experimentada abogada humanitaria.

«Ese mecanismo requiere de un debate técnico e informado en el Congreso, donde participen todos los actores interesados y con el compromiso de las principales fuerzas políticas del país para respetar los acuerdos», explicó.

Espionaje

Las organizaciones presentaron una tercera petición a la CIDH, que señala «la ausencia de condiciones que garanticen la independencia e imparcialidad de la PGR para investigar los hechos de espionaje contra integrantes de organizaciones de la sociedad civil y periodistas».

Culebro afirmó que en el espionaje que el Gobierno de México habría realizado mediante el programa Pegasus, «la fiscalía pudo haber estado involucrada, y solicitamos a la CIDH que haga una exhortación urgente al Estado mexicano para esclarecer esa violación, un espionaje ilegal, sin autorización judicial».

«El espionaje viola valores más básicos de una democracia participativa, mientras nos trata como sus enemigos», dijo Culebro.

«Para resolver ese tercer tema, pidieron que la CIDH convoque un diálogo de alto nivel para la conformación de un panel internacional de expertos con organismos internacionales de derechos humanos», dijo la representante.

De hecho, la CIDH también pudo haber sido espiada cuando su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) colaboró en las pesquisas sobre la desaparición de los 43 estudiantes Ayotzinapa desde septiembre de 2014.

Durante su presentación a un panel que examinó el tema de la impunidad en México, las ONG ofrecieron documentación de «situaciones emblemáticas en distintos niveles y contextos en México».

Corrupción, impunidad, violaciones

Además de la «corrupción endémica, los niveles de impunidad son alarmantes y vivimos en una crisis en materia de derechos humanos», indica un documento de 27 páginas con esos casos ejemplares, entregado a la CIDH y al cual tuvo acceso Sputnik.

Los ciudadanos «somos presas de tres males, en el circuito entre corrupción, impunidad y violaciones a los derechos humanos, que se fortalecen entre sí dejando a su paso miles de víctimas», prosigue la denuncia.

El informe documenta casos impunes como las masacres y desapariciones masivas en el norteño estado de Coahuila, en las que «un alto mando de la policía federal filtra información de inteligencia al cartel de Los Zetas».

También incluye las «masacres en Tamaulipas y la masacre de Tlatlaya, perpetradas por elementos del Ejército».

Asimismo, denuncia «miles de desapariciones en Veracruz, donde quien fuera secretario de Seguridad es señalado por decenas de ellas», durante la administración de Javier Duarte (2010-2016).

Esos casos muestran, dicen las ONG, «la mínima o nula eficiencia que el Estado mexicano ha mostrado para garantizar la justicia».

Finalmente mencionan que en la actualidad «ocho exgobernadores han sido detenidos por incurrir en delitos relacionados con la corrupción y la delincuencia organizada, sin embargo, ninguno ha sido investigado por violaciones a los derechos humanos».

Las organizaciones que presentaron el documento son el Centro de Análisis Fundar, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los DDHH, el jesuita Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Asilegal, Artículo 19, el Centro de DDHH de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Comunicación Social, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y el IMDHyD.

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