Hace unos días, un artículo publicado en un diario de la ciudad de Barranquilla, Colombia, clamaba abiertamente por el asesinato del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

El autor del texto, un sicario mediático de la oligarquía colombiana, ya había hecho declaraciones similares en algún show de televisión de cuarta categoría. Personaje mafioso, vinculado a cierto expresidente del país vecino, conocido por sus probados vínculos con el paramilitarismo, la guerra sucia y el narcotráfico.

Pero lo importante no es la naturaleza aberrada del mensajero, sino el carácter aberrante del mensaje y sus graves implicaciones para las relaciones entre los dos países.

Lo que interesa resaltar aquí es la perversa noción de libertad de expresión que la prensa privada colombiana asume cuando permite –nada más y nada menos– que al Presidente de un país vecino se le trate como un delincuente, y se difunda abiertamente la torcida justificación de un magnicidio.

Una “libertad de expresión” que los dueños de los poderosos medios colombianos le niegan al pueblo de Colombia, cuyas luchas y dolores son silenciados a través del férreo control de la opinión pública.

Es un hecho conocido la brutal campaña de odio y desinformación ejecutada por la oligarquía colombiana contra el pueblo venezolano, nuestro gentilicio, el liderazgo político revolucionario y las autoridades legítimas de nuestro país, durante los últimos 17 años. Una campaña sistemática y perfectamente alineada donde se juntan las grandes cadenas de radio y tv, los más importantes diarios, portales y redes sociales en Colombia, con el único propósito de satanizar la Revolución Bolivariana ante el pueblo colombiano y el mundo.

A comienzos de este año, una popular encuesta, convenientemente divulgada en el país vecino, afirmaba que Venezuela era “percibida” por la ciudadanía como el “principal enemigo del pueblo colombiano” por encima de… ¡las FARC-EP! El conveniente cambio mediático de un “demonio” por otro.

Toda agresión real, señala el manual gringo sobre operaciones no convencionales, requiere de una previa agresión simbólica. En este caso, no se trata de las aisladas declaraciones de un imbécil buscando minutos de fama en el competido mundo del antichavismo y antivenezolanismo en Colombia.

La campaña anti venezolana en Colombia no tiene precedente histórico alguno en la historia de las relaciones entre nuestros países, y puede sin duda enmarcarse como un acto hostil del Estado colombiano a través de los aparatos comunicacionales de la prensa privada. Una campaña de odio y descalificación contra una nación hermana, cuyo Gobierno revolucionario hizo posible la liberación por razones humanitarias de prisioneros de la guerrilla y la firma de los históricos Acuerdos de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP.

La naturaleza abiertamente agresiva de este acto queda absolutamente demostrada por la respuesta, aún más insólita, del Gobierno del presidente Santos. Con un tono de indiferente desprecio ante la gravedad del hecho, el Gobierno de Colombia apenas menciona que la libertad de expresión en Colombia no debe promover la violencia, no sin antes ocupar el comunicado con sus supuestos “aportes” en la búsqueda de la paz en Venezuela.

Lejos de condenar el hecho –como lo hubiese hecho Venezuela de ocurrir aquí–, el Gobierno de Colombia busca relativizar y disminuir su gravedad. Se trata de una respuesta ofensiva que busca provocar a Venezuela. Ninguna nación puede ser indiferente ante el llamado público al asesinato de su presidente, y menos, y con la tolerancia cómplice del gobierno vecino. El gobierno de Santos, atrapado en la impopularidad y derrotado políticamente a lo interno, prueba así su decisión de –en sus últimos y agónicos días– seguir empañando y enrareciendo las relaciones entre ambas y naciones.

Toda Venezuela debe repudiar esta conducta vergonzosa de la Cancillería colombiana que ensombrece aún más nuestras relaciones y que expresa, en el fondo, la peligrosa decisión de la oligarquía colombiana de seguir jugando con fuego. Hay que rechazar por cínico e insatisfactorio el comunicado del Gobierno del presidente Santos y hacerle un firme llamado a la razón, a la sensatez y a la dignidad.

El afecto y la hermandad de Venezuela por el pueblo colombiano, su historia y sus valores no podrá ser borrado por demenciales sueños fascistas, y estará siempre por encima de las miserias de una oligarquía atroz, asesina de la integración y la unidad de nuestros pueblos.