Un juez peruano decidirá hoy sobre el pedido de un fiscal, de prisión preventiva por 18 meses para el ex presidente peruano Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, a quienes acusa de lavado de activos y asociación para delinquir.

El magistrado Richard Concepción Carhuancho deberá resolver al respecto en una audiencia en la que escuchará los argumentos del fiscal del caso, Germán Juárez, y el alegato de la defensa de los imputados.

Según Juárez, hay evidencias suficientes que justifican la prisión preventiva, como su afirmación de que Humala recibió dinero de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS a cambio de contratos de obras públicas.

Sin embargo, César Nakazaki y Luis Lamas, abogados distantes políticamente de Humala, coincidieron en señalar que las evidencias no se aplican para medidas preventivas, como la prisión solicitada, en la actual etapa de investigación sino en el juicio.

Nakazaki aseveró que el pedido de prisión es extraño porque solo es pertinente si hubiera peligro de fuga, que no existe, pues Humala y su esposa no han dado señales de que intenten huir.

Otra causal es la obstaculización de la investigación, esta que fue invocada hace cinco meses y rechazada, sin que las circunstancias hayan cambiado, apuntó el abogado

Lamas dijo que el pedido no se justifica y solo da armas a Humala y su esposa para que denuncien que son víctimas de persecución política

Humala, por su parte, calificó ayer de abusivo y motivado por presiones políticas, el pedido de prisión preventiva y señaló que esta no se justifica y señaló él y su esposa cumplen con todas las disposiciones de la Fiscalía y colaboran con las investigaciones ‘porque somos los principales interesados en que esto se aclare’.

Según Humala, la fiscalía actúa bajo presión mediática y parlamentaria, espacios marcadamente hostiles al ex gobernante (2011-16).

‘Lo que están haciendo es ceder a una presión. Da la impresión que quisieran quedar bien con algún sector de la prensa o del Congreso de la República’, aseveró

El fiscal Carhuancho los acusa de lavado de activos y asociación para delinquir, por la recepción y el manejo de fondos para las campañas electorales de Humala de 2006 y 2011.

Menciona el aporte de tres millones de dólares que la empresa Odebrecht afirma haberle dado por encargo del Partido de los Trabajadores (PT), que él niega y señala que en todo caso es legal.

‘Si quieren que sea ilegal (las contribuciones electorales), cambiemos la ley, pero mientras tanto, los aportes de campaña son íntegramente legales’, añadió Humala.