Los jóvenes inmigrantes beneficiados en Estados Unidos por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) ven hoy como el futuro del mecanismo está en peligro ante el empuje de estados republicanos.

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), John Kelly, encendió ayer la señal de alarma entre los protectores de los derechos de los llamados ‘dreamers’ (soñadores) en una reunión con líderes del Caucus Hispano del Congreso.

Durante ese encuentro celebrado a puerta cerrada, el titular advirtió que el programa corre peligro y podría quedar en manos de los tribunales.

Tal mecanismo, creado por el expresidente Barack Obama en 2012 y del que se benefician unas 800 mil personas, permite que quienes llegaron a este país sin papeles cuando eran niños puedan permanecer en él y obtener permisos de trabajos, renovables cada dos años, si cumplen ciertos requisitos.

Aunque Kelly afirmó que él personalmente respalda la iniciativa, dijo que la ha discutido con abogados dentro y fuera del Departamento de Justicia ‘y la mayoría estima que el DACA, tal como existe, no es legalmente sostenible’.

En ese sentido, reiteró que el Congreso es la fuente de una solución a largo plazo para el programa.

David Lapan, portavoz del DHS, explicó que ahora mismo no hay un plan para anular o cambiar la medida, pero siempre está la preocupación de que si es impugnada en los tribunales, no podría superar esa barrera y dejaría de existir.

Entonces el riesgo parece peligrosamente cercano, pues los fiscales generales de Alabama, Arkansas, Kansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Tennessee, Idaho y Virginia Occidental enviaron una carta a Kelly para exigirle que el gobierno cancele el mecanismo antes del 5 de septiembre.

Pedimos específicamente que el secretario de Seguridad Nacional anule el memorando del 15 de junio de 2012 del DACA y ordene que la rama ejecutiva no renueve ni emita nuevos permisos de DACA o de su expansión en el futuro, indicaron en la misiva difundida a principios de este mes.

De lo contrario, amenazaron con presentar una demanda contra en la corte de Brownsville, Texas, donde está el juez Andrew S. Hanen, quien detuvo en 2015 el programa de Acción Diferida para Padres (DAPA) que también quiso poner en práctica Obama.

Entonces, esa corte federal dictó una medida cautelar que frenó la puesta en vigor del DAPA y la ampliación del DACA.

Los miembros del Caucus Hispano dijeron que ayer instaron a Kelly a apoyar la legislación bipartidista conocida como Bridge Act, destinada a preservar eficazmente el DACA.

Sin embargo, dudaron que el Congreso controlado por los republicanos en ambas cámaras apruebe cualquier ley que evite la expulsión de inmigrantes indocumentados, y que la administración de Donald Trump defienda el programa en las cortes.

Jeff Sessions va a decir ‘depórtenlos’, lamentó el congresista demócrata por Illinois Luis V. Gutiérrez, quien recordó que el fiscal general del país fue un feroz oponente de la inmigración ilegal como senador de Alabama.

Medios latinos en Estados Unidos indicaron que el tema preocupa no solo a activistas, sino a fiscales de estados simpatizantes con el mecanismo, entre ellos Xavier Becerra, de California, y Maura Healy, de Massachussets.

‘Las consecuencias de eliminar el programa, especialmente para estados como el nuestro donde viven más de 200 mil jóvenes con DACA, serían debilitantes para la economía y sociedad’, manifestó ayer Becerra, citado por el diario La Opinión.

A su vez, Tom Wong, politólogo y estudioso de la Universidad de San Diego, previó que eliminar esa iniciativa costaría cuatro mil millones de dólares en pérdidas en todo el país.

Cristina Jiménez, directora de la organización United We Dream, consideró preocupante que el gobierno haya permitido los arrestos de algunos beneficiaros de DACA y no tenga una postura fuerte en defensa de su aplicación, a pesar de haber permitido hasta ahora su continuidad.

Ante los peligros que amenazan esa iniciativa, los activistas pro inmigrantes remarcaron que si Trump decide eliminarla va a tener muchos problemas con un sector que tiene gran fuerza a nivel nacional.

Sabemos que estados totalmente antiinmigrantes presionan al presidente para que cumpla sus promesas xenofóbicas. Estamos totalmente decepcionados y preocupados por nuestra gente, expresó al diario Hoy Los Ángeles Raúl Murillo, titular de la organización sin fines de lucro Hermandad Mexicana Nacional.

En tanto, el congresista Gutiérrez señaló que deben prepararse para lo peor y estar listos para manifestarse contra la deportación en masa.

‘Nos presentamos en los aeropuertos para luchar contra la prohibición de viajes de los musulmanes y refugiados, y ahora los dreamers y las personas que han vivido aquí legalmente durante décadas están en peligro inminente’, alertó.