Turquía conmemora este fin de semana el primer aniversario del fallido golpe de Estado, llevado a cabo el 15 de julio de 2016, y que dejó importantes secuelas en la vida política, social y económica del país.

Durante el último año Turquía se ha regido por la legislación especial del estado de emergencia, lo cual permitió al gobierno funcionar a golpe de decretos legislativos, evitando de ese modo cualquier tipo de control parlamentario, y en materia económica articular mecanismos que sirvieran para impulsar el crecimiento en un momento de crisis.

En la primera mitad de 2016, el país se vio sacudido por una serie de graves atentados terroristas cuyos efectos en el sector turístico comenzaron a ser preocupantes, especialmente en la ciudad de Estambul, a pesar de lo cual la tasa de crecimiento durante el primer semestre se mantuvo en torno al 5 por ciento.

La entrada de capital extranjero, un recurso vital para la economía nacional, se ralentizó pero gracias a las reservas oficiales y a la relativa estabilidad del mercado internacional de divisas la moneda turca se mantuvo en un rango de entre 2,8 y 2,9 liras por dólar estadounidense.

La frustrada intentona golpista tuvo consecuencias inmediatas para la economía turca, produciéndose importantes caídas en el sector productivo, la demanda interna y las inversiones, y cuyo resultado fue una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) del 1,3 por ciento durante el tercer trimestre del año.

Por primera vez en mucho tiempo los resultados económicos presentaban números rojos, especialmente en el sector turístico y en la industria automovilística, lo que sumado a la grave inestabilidad política en la que se hallaba el país movió a las principales agencias de calificación de crédito, Fitch, Moody y Standard and Poor, a rebajar la solvencia de Turquía encareciendo de ese modo su financiación.

Las inversiones extranjeras comenzaron a desaparecer, sobre todo a partir del mes de octubre, y las entidades financieras encontraban mayores dificultades para poder cubrir el déficit de liquidez de numerosas empresas, especialmente de aquellas que dependían de la importación para su actividad ante la creciente debilidad de la lira.

El retroceso económico coincidió con una revalorización de la divisa estadounidense, de modo que si en julio de 2016 un dólar se cambiaba por 2,96 liras, en enero de 2017 ya cotizaba a un promedio de 3,73.

En su batalla política y judicial contra los probables organizadores del golpe Ankara dirigió sus acciones contra cientos de compañías cuyos propietarios pertenecían o tenían relación con la cofradía religiosa del clérigo musulmán Fethullah Gülen, el supuesto organizador del levantamiento militar.

Esta cofradía, a semejanza del ultracatólico Opus Dei, cuenta con una poderosa y extensa trama empresarial asentada en más de 100 países, con intereses en todos los sectores y con especial incidencia en el sector educativo mediante colegios y universidades.

Bajo las leyes de emergencia, aprobadas tras el 15 de julio, el gobierno tomó el control de 858 empresas radicadas en Turquía, con el objetivo declarado de suprimir a los golpistas y a sus partidarios también en el terreno económico.

Según explicó en marzo el viceprimer ministro Nurettin Canikli el valor de estas compañías ascendía a unos 40 mil 500 millones de liras (unos 12 mil millones de dólares), daban trabajo a un total de 44 mil 868 personas y para su gestión se nombraron a 259 administradores del Estado.

En las semanas posteriores al golpe, Ankara creó un fondo de riqueza soberana con funciones paralelas a las del presupuesto del gobierno central y, en algunos casos, a las del Banco Central, decretando la transferencia de numerosos bienes estatales con el fin de engordar esta cuenta de inversión.

La oposición parlamentaria trató durante todos estos meses de fiscalizar la política económica del gobierno, sin resultados satisfactorios ya que las propias leyes de excepción fueron erosionando el papel del poder legislativo.

En enero de este año el diputado Faik Oztrak, antiguo subsecretario del Tesoro, criticó al primer ministro, Binali Yildirim, por utilizar los decretos legislativos para la gestión ordinaria de las cuentas públicas, violando el artículo 121 de la constitución que limita el alcance de estos decretos a los ‘asuntos necesarios por el estado de emergencia’.

A pesar de lo cual el gobierno siguió usando esta facultad legislativa a fin de tratar de combatir la crisis, tanto para controlar el cambio de la moneda, como para fomentar los préstamos o incentivos fiscales a empresas en dificultades o con vistas a prohibir el derecho de huelga a los trabajadores.

Todas esas medidas han tenido resultados modestos en aspectos como la disminución del desempleo y la inflación o las fluctuaciones de la lira, si bien a nivel macroeconómico el ejecutivo pudo sacar pecho al registrar durante el primer trimestre de 2017 una mejora del PIB, anotando un aumento del 5 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

Ankara espera cerrar el año con un crecimiento del 4,4 por ciento, una tasa de desempleo del 10,2 por ciento (11,7 en la actualidad) y con una inflación por debajo del 10 por ciento, tras revisar al alza en dos ocasiones este indicador.

Sin embargo las perspectivas de Turquía continúan ensombrecidas por el paulatino aumento de la deuda pública, la incertidumbre política y la constante represión contra organizaciones sociales, todo ello cuestiones sin duda influyentes en el actual ciclo económico.

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