Con la intención de frenar el flujo migratorio, el gobierno italiano aplica hoy mayores controles sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG) presentes en las operaciones de socorro en el mar Mediterráneo.

El papel de las ONG en las actividades de rescate ocupa el centro de una polémica iniciada cuando el diario británico The Financial Times publicó, en septiembre último, partes de un informe confidencial de la Agencia Europea para la Guardia Costera y de Fronteras (Frontex).

En el documento, según el periódico, se expresaban dudas sobre el comportamiento de algunas, a las cuales se atribuían posibles vínculos con las redes de traficantes de personas, aunque sin precisar nombres.

El debate se trasladó a los medios, al parlamento y a los partidos políticos con la participación de representantes del gobierno, el ministerio público, la iglesia y organizaciones humanitarias, pero sin ningún resultado concreto.

La presencia de las ONG en las labores de auxilio en el Mediterráneo se remonta a 2014, cuando se sustituyó con la Operación Tritón otra denominada Mare Nostrum que el gobierno italiano creó para salvar vidas tras la tragedia de la isla de Lampedusa, en la cual murieron 386 personas en octubre de 2013.

Las fuerzas y medios de esa iniciativa europea, cuyo encargo es la vigilancia en aguas internacionales, a una distancia no mayor de 138 millas náuticas de las costas italianas, intervienen en acciones de salvamento, sólo en casos puntuales, con la obligación de trasladar todos los rescatados a puertos italianos.

Como consecuencia del vacío dejado por la desaparición de Mare Nostrum aparecieron en escena organizaciones no gubernamentales como Médicos sin Fronteras, Save the children, SOS Mediterranée, ProActive Open Arms y Moas, entre otras.

En total son alrededor de una decena las que participan en las tareas de auxilio, con mil 450 personas asistidas en 2014; 20 mil 63 en 2015; y 46 mil 796 en 2016, de acuerdo con información oficial citada por varios medios.

En el primer semestre de este año, según datos publicados por el diario La Repubblica, el 34 por ciento de los más de 85 mil migrantes desembarcados fueron rescatados por las ONG, el 28 por la Guardia Costera, el 11 por ‘Tritón’, el nueve por la Operación Sofía y el siete por ciento por barcos mercantes.

Con el respaldo de la Unión Europea (UE) y sus países miembros, Roma diseñó un código de conducta sobre el comportamiento de las ONG en las actividades de salvamento, con el propósito de ejercer un mayor control sobre ellas.

La propuesta, cuyo texto está aún en proceso de discusión con los interesados, principalmente las ONG, fue incluida en el plan de acción para apoyar a Italia en la gestión del flujo migratorio, presentado por la Comisión Europea (CE) el 4 de julio último.

La norma prohíbe ingresar en aguas territoriales libias, ‘excepto en situaciones de peligro inminente y grave que requieran asistencia inmediata y no interfieran las acciones de búsqueda y rescate de la Guardia Costera’ de la nación norafricana.

Prevé además el compromiso de respetar la obligación de no apagar o retrasar los tiempos regulares de transmisión de los señalizadores a bordo, para garantizar la seguridad de la navegación y de los buques, incluyendo a los que no participan en las operaciones, pero se encuentran en la zona.

Compromete a las tripulaciones a no realizar llamadas telefónicas ni emitir señales luminosas para facilitar la partida de embarcaciones con inmigrantes, ‘sin perjuicio de las comunicaciones necesarias durante eventos de búsqueda y rescate para preservar la seguridad de la vida en el mar’.

Esta medida está dirigida expresamente a evitar contactos con los traficantes de personas, acusación hecha alguna vez en la polémica de los últimos meses sobre la actuación de las fuerzas y medios de las ONG en el Mediterráneo.

Los tripulantes de los barcos tendrán que poseer una certificación técnica sobre competencias y equipamiento para realizar tareas de salvamento en el mar, además de no trasbordar las personas rescatadas a otros navíos.

Asimismo, estarán obligados a recibir a bordo, previa solicitud de la autoridad nacional competente, a oficiales de la policía judicial para la recolección de información y evidencias ‘con vistas a conducir investigaciones sobre el contrabando de migrantes’.

Las ONG tendrán también que informar a los estados donde estén registradas, las fuentes de financiamiento para sus actividades de rescate en el mar y trasladarla a las autoridades italianas cuando la soliciten.

Finalmente, deben colaborar con la Autoridad para la Seguridad Pública mediante el suministro de información relevante que pueda resultar de interés para los servicios policiales italianos, además de los datos que deben aportar según lo establecido cada vez que se realiza una operación.

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