La empresa constructora brasileña Odebrecht se ha convertido en una punta de lanza con la que se atacan mutuamente el Gobierno de Mauricio Macri y la oposición argentina, mientras el Senado debate una ley de responsabilidad penal de las empresas que incurran en actos de corrupción.

«Debe esclarecerse el papel del presidente (en los casos relacionados con Odebrecht), pero no me cabe duda de que son causas armadas las que se tramitan en la justicia», dijo el diputado oficialista Fernando Sánchez.

A diferencia del Gobierno anterior, «tanto Macri como todos los funcionarios estamos disposición de la justicia, y así lo hacemos cada vez que nos convocan», sostuvo el legislador del partido Coalición Cívica, que integra la alianza gobernante Cambiemos.

Odebrecht admitió ante la justicia de Estados Unidos que pagó en Argentina 35 millones de dólares en sobornos entre 2007 y 2014, durante la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), para obtener la adjudicación de ocho proyectos que le reportaron un beneficio de 278 millones de dólares en las áreas de infraestructura, transporte y energía.

El oficialismo intenta retirar los fueros parlamentarios al actual diputado Julio de Vido, quien fue ministro de Planificación entre 2003 y 2015, bajo sospecha por haber autorizado el soterramiento de la línea de ferrocarril Sarmiento de la ciudad de Buenos Aires a un consorcio integrado por Odebrecht, y por destrabar un proyecto de ampliación de redes gasíferas en beneficio de la constructora, entre otras obras.

El juez federal Sebastián Casanello requirió en mayo al actual Gobierno información sobre registros que dieran cuenta de posibles encuentros entre representantes de la empresa constructora y Fernández de Kirchner en la sede de Gobierno, la Casa Rosada, o en la residencia presidencial, situada en el municipio bonaerense de Olivos.

Responsabilidad empresaria

A raíz del escándalo de Odebrecht en Argentina, el Gobierno de Macri impulsa un proyecto de ley de Responsabilidad Penal para las Personas Jurídicas, aprobado en Diputados y a estudio del Senado, que ya tienen países como Alemania, Brasil, Chile, Estados Unidos y Suiza, de acuerdo al diputado.

«No alcanza con el Código Penal y la persecución individual de la responsabilidad penal, y los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han entendido que la responsabilidad penal de las corporaciones tiene que ser incluida dentro del régimen de persecución», alegó Sánchez.

Aunque el impulso de esta iniciativa no esté relacionado con los casos de corrupción de Odebrecht en Argentina, según el legislador, «sobran los casos de corrupción transnacional que justifican un régimen de responsabilidad penal empresarial».

Uno de los aspectos más controvertidos de este proyecto es el artículo 37, propuesto por el oficialismo pero finalmente tumbado por la Cámara de Diputados, que establecía que «las personas jurídicas podrán solicitar el acogimiento voluntario a un acuerdo administrativo de colaboración eficaz (…) por hechos anteriores a la sanción de la presente ley».

La intención del Ejecutivo era establecer un régimen de responsabilidad que permitiera hacer un acuerdo administrativo con la empresa que hubiera cometido un hecho ilícito.

Ese artículo otorgaba facultades al Gobierno para conocer de antemano la información que la compañía procesada pudiera ofrecer, por ejemplo en relación a los sobornos para intentar recuperar lo robado, sin que por ello se agotara la vía penal.

«Los Estados celebran acuerdos administrativos asiduamente, no es una anormalidad porque todos esos acuerdos son revisables judicialmente», indicó el legislador.

Para el diputado opositor Rodolfo Tailhade, que sigue el curso de cinco causas penales presentadas contra el Gobierno de Macri en relación a Odebrecht, «es absolutamente falso que la ley tuviera que ver con recuperar lo robado».

«En realidad es un eslogan para correr a la oposición de que no queríamos votar una ley diseñada para combatir la corrupción», consideró el parlamentario de la coalición Frente para la Victoria.

«Mientras tanto, el Gobierno ha hecho lo imposible para que la información no llegue a los fiscales que tienen causas sobre Odebrecht», enfatizó.

Por un lado, «han intentado negociaciones reprobadas con los brasileños, y por el otro, el ministro de Justicia, Germán Garavano, y la jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, han llevado a cabo una negociación vergonzosa con el abogado de Odebrecht en Argentina, lo que fue público y notorio», puntualizó Tailhade.

El ministro de Justicia también viajó a Estados Unidos para pedir información que tiene ese país sobre los sobornos de Odebrecht en Argentina.

«En todos los casos se buscaba que la información pasara primero por el Gobierno y después por la justicia, donde ya no los pueden manejar, porque hay información que compromete a Macri y a sus empresas», afirmó.

Causas relacionadas con Macri

La justicia argentina ventila en la actualidad cinco causas que relacionan a funcionarios del actual Gobierno con la empresa constructora, tres de las cuales involucran a Macri de manera directa.

«Esto hace imposible convalidar una negociación directa entre el Ejecutivo y empresas sin pasar por la justicia», dijo el diputado opositor.

Una de las más avanzadas es la relacionada con la empresa estatal Correo Argentino.

La empresa constructora se convirtió, por detrás del Estado, en el principal acreedor de la compañía de servicios postales, a través de un banco radicado en Antigua y Barbuda, Meinl Bank, con el que Odebrecht pagó 1.600 millones de dólares de sobornos en distintos países durante 15 años, según confirmó la justicia brasileña.

Meinl Bank compró en 2014 dos créditos de una deuda que arrastraba Correo Argentino por valor de 400 millones de pesos (50 millones de dólares en aquel momento) y que estaban en manos del Banco Interamericano del Desarrollo (BID) y la Corporación Financiera Internacional (CFI), según la denuncia.

Esa deuda estaba impaga desde que en 2001 el Grupo Macri, perteneciente al padre del presidente, Franco Macri, declarara en quiebra la compañía Correo Argentino, privatizada en los años 90 y más tarde retornada al Estado.

En junio de 2016, el Gobierno actual ofreció un acuerdo a Correo Argentino para condonar el 98,82% de la deuda, según la fiscal del caso, Gabriela Boquín.

«Odebrecht se presentó en el concurso de acreedores aceptando la propuesta del concursado, lo que demuestra una complicidad entre la empresa y los Macri, porque ninguno en su sano juicio compra dos créditos para después renunciar a ellos», señaló Tailhade.

El legislador también denunció al presidente por emitir un decreto de necesidad y urgencia en enero de 2016 «por el cual le otorgó 45.000 millones de pesos (2.800 millones de dólares) al consorcio al que pertenecía la constructora» Odebrecht para soterrar la línea de ferrocarriles Sarmiento, en la ciudad de Buenos Aires.

Una tercera querella denuncia que por ese proyecto se pagaron sobreprecios de entre 700 y 800 millones de dólares.

El legislador descartó que el caso Odebrecht permita cambios de fondo en Argentina, dado que el Gobierno está en manos de ejecutivos de empresas «que tienen intereses en las áreas en las que trabajan», y el Poder Judicial no tiene «las figuras ni las intenciones necesarias para modificar estructuralmente su funcionamiento».

Cuatro jueces y dos fiscales argentinos viajaron esta semana a Estados Unidos para recibir información sobre los sobornos que la empresa constructora distribuyó en Argentina.

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