Hace unas semanas, varios altos cargos de la política ucraniana dieron a conocer el proyecto de ley sobre la “reintegración pacífica de Donbass”, que, según se filtró en aquel momento, daría por finalizada la “operación antiterrorista” para sustituirla por una operación militar en la que el presidente y su entorno adquirirían un mayor poder.

La ley implicaría también la posibilidad de declarar la ley marcial en zonas cercanas a la línea de contacto como Mariupol, Marinka o Slavyansk. A cambio de esas medidas, sin duda militares y que difícilmente pueden considerarse pacíficas, Ucrania propondría ciertas “indulgencias” para la población de Donbass, en realidad recuperación parcial de derechos de los ciudadanos que Kiev ha pisoteado durante varios años.

Varios medios ucranianos han publicado ya una primera versión de la ley, que no será aprobada en las próximas semanas ya que Ucrania debe pactar sus contenidos con sus socios occidentales: Estados Unidos, Alemania y Francia. Al margen de la infracción a los acuerdos de Minsk que esta ley supone -ya que Minsk exige negociación directa entre Kiev, Donetsk y Lugansk en el proceso político-, también deja claras las prioridades del Gobierno ucraniano. Siempre dispuesto a dar voz a los países occidentales que apoyan su Gobierno, Kiev vuelve a negársela a la población de Donbass, afectada no solo por esta ley sino también de las medidas de castigo colectivo -bombardeos, bloqueo comercial y de transporte, impagos de pensiones- que aún continúan.

Se ha filtrado en la red el proyecto de ley “sobre la reintegración de Donbass en Ucrania”; que ha sido redactada por el bando de Oleksandr Turchinov [presidente del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional ahora y presidente de Ucrania en funciones cuando comenzó la guerra en Donbass en 2014Ed]. Desde hace un mes que se discute el proyecto, que aún no ha sido aprobado, según las declaraciones de Kiev, porque aún debe acordarlo completamente con sus “socios extranjeros”.

En resumen:

Según el párrafo 1 del Artículo 1, se reconoce que hay zonas temporalmente ocupadas en las regiones de Donetsk y Lugansk, donde operan formaciones de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa y formaciones ilegales creadas con la participación de la Federación Rusa, que las administra, como hace con la administración de ocupación de la Federación Rusa, establecida e implementada bajo su autoridad.

Según otros párrafos del Artículo 1, se reconoce como temporalmente ocupadas las aguas territoriales internas y externas y el espacio aéreo de esos territorios.

El Artículo 2 del documento declara ilegales todos los órganos y oficiales no concebidos por la Constitución y la legislación de Ucrania y establecidos, nombrados o elegidos por medios ilegales. Cualquier acto, decisión o documento será declarado nulo.

Los Artículos 3 y 4 de la ley se refieren a la política del Estado en relación con los territorios temporalmente ocupados. Concretamente, se refieren al restablecimiento de la soberanía del Estado en esas zonas, su liberación y restablecimiento del orden constitucional y la protección de los derechos y las libertades de los ciudadanos de Ucrania que sufren a causa de la agresión rusa.

Los Artículos 5 y 6 del documento describen los métodos para asegurar la soberanía del Estado de Ucrania y la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. Al mismo tiempo, el Artículo 7 declara que la para la puesta en práctica de las medidas políticas y diplomáticas para restablecer la integridad territorial de Ucrania es prioritaria la implementación de las provisiones del Protocolo de Minsk del 5 de septiembre de 2014 y el Memorándum de Minsk del 19 de septiembre de ese año y el paquete de medidas para la implementación de los acuerdos de Minsk del 12 de febrero de 2015.

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