El Gobierno dominicano y sus aliados responden ayer con acusaciones a los reclamos que hicieron el domingo último los participantes de la Marcha Verde contra la corrupción y la impunidad.

El ministro de Interior y Policía y miembro del Comité Político del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Carlos Amarante, aseveró que la Marcha Verde lo que busca es desestabilizar el sistema político dominicano.

En declaraciones a un programa de la Secretaría de Comunicaciones del PLD, Amarante dijo que no importa el color con el que se vistan los opositores porque en la competencia electoral del 2020 tendrán que vérselas con el morado (color del PLD).

Según Amarante, los reclamos de esos sectores adversos al Gobierno confirman que no se reponen todavía de la victoria electoral obtenida el pasado año por el presidente Danilo Medina.

En tanto Reynaldo Martínez, coordinador ejecutivo del Bloque Progresista (BP), un grupo de partidos que desde hace varias elecciones apoya al PLD, dijo que las solicitudes de la Marcha Verde son desaforadas y tremendistas.

Se trata de un desatino de un sector de oposición que se manifiesta en esa organización, basado en acusaciones imprecisas y vagas, realizadas de tal forma, que incluso contravienen el espíritu de la ley, opinó Martínez.

Destacó que el presidente Medina trabaja con denuedo por el país y siempre puede verse aportando soluciones a los problemas de los dominicanos, por lo que esas exigencias merecen rechazo de todos los sectores genuinamente democráticos.

Al finalizar el pasado domingo la movilización de miles de dominicanos que por varias horas inundaron varias calles de esta capital el movimiento Marcha Verde leyó un manifiesto en el que pidió llevar a la justicia al mandatario.

La organización aseguró que existen claros indicios de responsabilidad del Gobierno de Medina en la licitación irregular y sobrevaluación de la termoeléctrica Punta Catalina, que construye un consorcio encabezado por Odebrecht.

También dijo que el Gobierno maniobra para obstruir la Justicia en el caso de la constructora brasileña que confesó haber distribuido 92 millones de dólares aquí en sobornos a funcionarios y legisladores a cambio de la asignación de obras públicas.

Asimismo la Marcha Verde consideró inaceptable cualquier resultado judicial sin una indagatoria de las actuaciones de los ex presidentes Leonel Fernández (1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012), e Hipólito Mejía (2000-2004).

Según el colectivo, el gobierno de Fernández (PLD), rubricó el 52 por ciento de los contratos con Odebrecht; mientras que Mejía, actualmente en el opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), firmó en su gestión 11 por ciento de los contratos.

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