Este 19 de julio entró en funciones en México el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Lo hizo, como se esperaba, sin sus 18 magistrados y sin el Fiscal que debe encabezar el organismo autónomo con el que se aspira a «prevenir, investigar y sancionar» un padecimiento que afecta en grado sumo al corpus social del país.

Si una situación evidencia las falencias del México contemporáneo es ésta: el hecho inconcebible de que a dos años de publicadas en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales que permitieron la creación del SNA —27 de mayo de 2015—, el Congreso del país no aprueba aún a la persona que encabezará ese ente gubernamental. Cierto que no se fijó un plazo para ello, pero dos años se antojan tiempo más que suficiente para tener a punto un organismo que serviría para restaurar la deteriorada fe de los mexicanos en muchas de sus instituciones. El peligro de esta demora estriba —según comunicado del Comité de Acompañamiento Ciudadano (CPC) para la designación del Fiscal Anticorrupción, fechado el 12 de julio del corriente y que me permito citar «in extenso»— en que «la legislación penal anticorrupción sólo entra en vigor una vez designado el Fiscal […]. Ello significa que todos los casos de malversación de fondos públicos, peculado o tráfico de influencias, que actualmente se procesan, como el del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, se llevarán a cabo con la legislación anterior y con una tipología de delitos penales desactualizada. Esto implica también que no entrarán en vigor las nuevas penas para este tipo de delitos, las cuales son más altas».

Las razones para la tardanza son varias. Se habla de falta de voluntad política porque los senadores se niegan a convocar a sesión extraordinaria para finiquitar el asunto ante la prioridad que le conceden a los conflictos poselectorales vigentes en varios estados del país, fundamentalmente en Coahuila; se habla de vaguedades legales para la implementación del SNA que impiden que haya coincidencia entre los legisladores; se habla de elegir al titular del organismo mediante acuerdos políticos entre partidos y no tanto por la competencia de los nominados para el puesto… Más allá de estas elusivas razones —o del hecho cierto de que dos de los aspirantes fueron rechazados por plagiar parte del texto que presentaron al Senado para solicitar el cargo—, esas «malas lenguas» que muchas veces hablan bien, aducen con ironía que la tardanza de los congresistas mexicanos para aprobar al titular del SNA se debe a que no quieren echar a andar un organismo que los a tendría a ellos entre los primeros sospechosos. Como dijera Aristóteles Núñez Sánchez, extitular del Servicio de Administración Tributaria, en reciente entrevista (mayo de 2017), «muchos legisladores son corruptos desde que son palomeados en la lista, ya sea para ser plurinominales o para ir a competir a las urnas […], son corruptos desde ahí porque saben perfectamente que pueden hacer politiquería o grilla pero que no tienen la capacidad de legislar».

Si bien aplaudo la creación del SNA, no estoy muy seguro de que un organismo «ad hoc» para el combate a la corrupción le abone mucho a la solución de ese problema en México, por más que su lema sea «prevenir, investigar y sancionar». En la prevención se puede trabajar, a corto y mediano plazos, mediante normativas que inhiban la posibilidad de que la gente sea tentada por la corrupción o se sienta tentada a corromper (que hablamos de una puesta en escena en la que a menudo intervienen dos actores), pero sobre todo, y a largo plazo, a través de lo que pueda hacer el país en materia de educación. Lo primero le apuesta a lo legal, lo segundo a la moral. Se vale legislar para atacar la corrupción, pero en tanto consecuencia y no causa de un estado de cosas, la mejor política sería dinamitar los pilares económicos y sociales que la sustentan. De esta forma, la investigación y sanción de actos de corrupción sería corolario y no fundamento de cualquier jurisprudencia sobre el tema.

Como es costumbre en México, la creación de organismos especializados aparenta ser la solución para los asuntos más agudos del país —dígase la vulneración de las votaciones, que atiende la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, o el asesinato de periodistas, que lleva la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. Y digo aparenta» porque crean la ilusión de que de esa forma van a estar mejor atendidos los problemas cuando en el fondo sólo se genera más burocracia que es igual a mayor ineficacia. En este sentido, y para no ir muy lejos, basta exponer lo sucedido con el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción —espacio ciudadano en el que convergen las principales instituciones dedicadas a combatir la corrupción en el país—, el cual se negó a secundar la solicitud del Comité de Participación Ciudadana del SNA —espacio creado para asistir a los senadores en la tarea de escoger al candidato ideal para el cargo de fiscal anticorrupción— respecto a pedirle cuentas al Gobierno sobre los excesos cometidos en la utilización del sistema de espionaje «Pegasus», bajo la consideración de que la intervención ilegal de las comunicaciones telefónicas, si bien era un delito, no constituía una falta que pudiera ser tildada de corrupta, un tecnicismo absurdo que se me antoja un hijo con dos padres: hijo adoptivo de la ineficiencia e hijo putativo, ¿quién lo diría?, de esas mismas prácticas viles y deshonestas que hoy se buscan combatir en México con una institución maniatada y acéfala.

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