El ex mandatario brasileño advierte que, en la actual coyuntura nacional en la que se vive, los derechos del pueblo deben prevalecer sobre los intereses de una minoría elitista y declaró que “nadie respeta a una nación cuando ella se subordina”.

En una entrevista añadió que los empresarios brasileños no quieren que el pueblo tenga derecho, lo que quedó en evidencia, a su juicio, con la nueva reforma laboral impulsada por el presidente de Brasil, Michel Temer.

Por ello, ha cuestionado este proyecto señalando que en su elaboración deberían participar los sectores involucrados y no el presidente del país, que representa los intereses de la clase empresarial, reseña Hispantv.

Además, quien fuera presidente de Brasil entre los años 2003 a 2010, anunció que está sopesando crear un grupo de trabajo para evaluar los efectos adversos de la reforma laboral en Brasil.

Lula afirmó que para su gobierno tenía claro que “cuando comenzáramos a respetar sus derechos todo iba a estar mejor. Nadie respeta a una nación cuando ella se subordina (…) Tengo una obsesión para volver a demostrar que es posible recuperar este país”, afirmó.

Igualmente, el ex mandatario reconoció que el Partido de los Trabajadores (PT) ha cometido errores, pero afirma que está trabajando para recuperar la confianza del país de cara a las elecciones presidenciales de 2018.

Asimismo, ha relatado que cuando llegó a la Presidencia en 2003 tenía como obsesión demostrar que podía gobernar mejor que las élites, ya que creía en la idea de que el pueblo tenía un complejo de inferioridad respecto a una minoría dominante, es decir, que había perdido la autoestima.

APOYO INCONDICIONAL

Por otra parte, el Frente Brasil Popular (FBP), que agrupa movimientos populares, políticos y sindicales, convocó una marcha para defender la imagen del ex presidente y rechazar la referida reforma laboral impulsada por Temer.

Igualmente, el PT de Brasil rechazó la decisión del juez de la Operación Lava Jato, Sérgio Moro, de bloquear más de 600.000 reales (unos 192.000 dólares) del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), y aseguró que fue una “condena de asfixia económica”. El PT aseguró que la decisión del juez se realizó en secreto.

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