Después de varios años de investigación, usando las fuentes más diversas y solventes, la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, acaba de dirigir un detallado informe al Gobierno de Juan Manuel Santos pidiéndole el proceso serio y garantizado penalmente de altos militares retirados y en activo implicados en crímenes contra civiles inocentes, denominados “falsos positivos”. Entre ellos se encuentran los últimos tres generales que han comandado las Fuerzas militares y el actual, Juan Pablo Rodriguez, que ejercíala jefatura de la Quinta División cuando se produjeron 119 ejecuciones extrajudiciales durante el Gobierno Uribe.

Aunque la Fiscal se refiere a los 1228 casos que tiene documentados la Corte Penal Internacional, su informe cita el que emitió en 2015 el representante en Colombia del Alto Comisariado para los Derechos Humanos de la ONU, Todd Howland, según el cual las víctimas de “falsos positivos” superarían los 5000 civiles.

Según la Fiscalía de la CPI: “la mayoría de los asesinatos se cometieron para mostrar resultados en la lucha contra la guerrilla y las víctimas fueron seleccionadas especialmente pues residían en zonas remotas o pertenecían a sectores marginales de la población. Para ubicarlas se usaron civiles, paramilitares, policías o militares que secuestraron o atrajeron a las víctimas bajo engaños, como promesas de trabajo. Tras su asesinato, les colocaban armas o equipos al lado de sus cuerpos para simular combates que nunca tuvieron lugar”.

Hasta ahora el único general encausado en estos delitos ha sido el General Torres Escalante. Aunque el Gobierno ha ido retirando de la actividad a otros generales sospechosos, como Luis Pico, Paulino Coronado y José Joaquín Cortés, la fiscal de la CPI acusa al Gobierno Santos de no haber dado hasta ahora “pruebas tangibles de que se estén realizando indagaciones relevantes por parte de las autoridades colombianas”, lo que significa la advertencia de una próxima intervención subsidiaria de la Justicia Internacional.

Desde 2002 Colombia está vinculada a Corte Penal Internacional creada por el Estatuto de Roma para juzgar crímenes contra la Humanidad y su Fiscal Jefe, Fatou Bensouda considera que las ejecuciones extrajudiciales probadas en este país “abarcan todos los elementos contextuales requeridos para ser evaluados como Crímenes de Lesa Humanidad, porque se tratan de asesinatos y desapariciones forzadas cometidas de manera sistemática contra la población civil” y aplicadas fundamentalmente durante los gobiernos de Álvaro Uribe.

LOS MILITARES NO PODRÁN ACOGERSE A LA JUSTICIA ESPECIAL DE PAZ

Los 23 generales y 6 coroneles acusados por la CPI no podrán acogerse, como algunos han empezado a solicitar, a la Justicia Especial de Paz, fijada en los Acuerdos de La Habana entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, como condición para su desarme y desmovilización, y cuya aplicación está desatando grandes resistencias en la derecha colombiana, representada fundamentalmente por los seguidores del ex presidente Álvaro Uribe.

Según numerosos juristas, los crímenes denominados “falsos positivos” no fueron hechos generados por el enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla, para los que se aplicará la “Justicia Especial”, sino simples asesinatos orientados a exhibir falsos resultados en la actuación militar, e incluso a obtener beneficios y recompensas por parte del ejército a costa del asesinato de civiles inocentes.

En todo caso, el informe de la Corte Penal Internacional está provocando una gran conmoción entre los poderosos círculos militares, en activo o retirados, ya que, por primera vez, han salido a la luz nombres de decenas de altos mandos, cuyos representantes oficiosos trataban desde hace meses de negociar su impunidad con el Gobierno Santos. Aunque no han protagonizado ningún golpe en la historia de Colombia, los militares han representado hasta hoy un fuerte poder en la sombra.

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