Violaciones en masa. Agresiones sexuales a gran escala y por motivos étnicos como tónica general de una conflicto armado que estalló en 2013. Es lo que está ocurriendo en Sudán del Sur, el país más joven del mundo, nació oficialmente en 2011 y donde la paz no ha durado ni dos años. El conflicto estalló en diciembre de 2013 después de que el presidente Salva Kiir, de etnia dinka, acusara a su vicepresidente, Riek Machar, de la tribu nuer, de un intento de golpe de Estado.

Según el último informe de Amnistía Internacional (AI), todas las facciones del conflicto en Sudán de Sur utilizan la violencia sexual “a gran escala” como represalias y castigos por motivos étnicos y políticos

En el documento, que recoge el testimonio de 168 víctimas civiles de los estados de Ecuatoria Central, Jonglei, Alto Nilo y Unidad, así como de refugiados de tres campamentos en Uganda, AI denuncia “violaciones en grupo a mujeres, agresiones sexuales con palos y mutilaciones genitales”.

En la mayoría de los casos de agresiones sexuales a mujeres, los agresores fueron hombres de una etnia diferente a la suya, pero AI pudo documentar también algunos casos de agresiones a mujeres de la misma etnia que los atacantes, que se practicaron como castigo por la disidencia política de las agredidas.

Amnistía Internacional también recogió en su informe un total de 16 casos de agresiones sexuales a hombres, sometidos a violaciones y mutilaciones sexuales.

“IMPEDIR QUE LOS RIVALES POLÍTICOS PUEDAN PROCREAR”

Los ataques “parecen dirigidos a aterrorizar, degradar y avergonzar a las víctimas, y, en algunos casos, a impedir que los miembros de partidos políticos rivales puedan procrear”, manifestó Muthoni Wanyeki, directora regional de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.

Asimismo, agregó que estos ataques dejan secuelas duraderas a las víctimas, tales como lesiones físicas y psicológicas, así como la incapacidad para procrear, además de una fuerte estigmatización social en el caso de las mujeres, que son con frecuencia repudiadas por sus esposos y señaladas socialmente.

PIDEN UNA INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE

El informe recoge varios testimonios y casos desgarradores. Como el de Jokudu, de 19 años. La violaron salvajemente cinco soldados gubernamentales cerca de la localidad de Yei en diciembre de 2016. Ahora padece incontinencia urinaria y hemorragias frecuentes.

A Nyabake, de 24, la violaron en grupo unos soldados del gobierno en un puesto de control en Yuba en julio de 2016. Según afirmaba, no consigue dormir más de tres horas seguidas por la noche debido a las pesadillas y tiene la sensación permanente de que los soldados van a volver.

A Sukeji la violaron en grupo tres soldados gubernamentales en Kajo Keji en agosto de 2016, en presencia de sus dos hijos. Dijo: “A veces no puedo evitar recordarlo, aunque no quiera, y me echo a llorar. Me pregunto por qué mis hijos tienen que cargar con eso en su memoria. Cuando sean mayores, ¿qué pensarán de su madre?”.

Nyagai, a la que unos soldados del gobierno violaron en grupo en Yuba en julio de 2016, perdió la fe en su religión tras la agresión. Contó que había dejado de ir a la iglesia después de ser violada y que no había vuelto a rezar más. “El demonio me atravesó el día en que me violaron”, dijo.

Jacob, esposo de Aluel, violada delante de él por combatientes del Movimiento de Liberación Popular de Sudán en la Oposición en julio de 2016 en Yuba, dice que ha pensado en suicidarse.

“El gobierno de Sudán del Sur debe tomar medidas deliberadas para detener esta epidemia de violencia sexual, empezando por transmitir un mensaje inequívoco de tolerancia cero, ordenando inmediatamente una investigación efectiva e independiente sobre los ataques que se han cometido y garantizando que se obliga a los responsables a rendir cuentas en juicios justos”, ha afirmado Muthoni Wanyeki.

Wanyeki manifestó que tanto el Gobierno como la oposición deben tomar medidas urgentes para detener las agresiones, “ordenando inmediatamente una investigación efectiva e independiente” y “apartando a los sospechosos de las fuerzas armadas hasta que las acusaciones contra ellos se confirmen o desmientan”.

Las autoridades también deben proporcionar “justicia, asistencia médica y reparación a las víctimas”, exige la organización.

Fuente