Según Naciones Unidas, un reducido número de grandes compañías controlan hoy la mayor parte de la economía mundial, particularmente en los mal llamados países en desarrollo, donde violan sus fronteras sin rendir cuenta a los gobiernos donde se establecen.

Ante el poder omnímodo y escandaloso de esas empresas, expertos de la ONU llamaron recientemente a los Estados a ejercer un mayor control sobre aquellas multinacionales que tengan su sede o estén domiciliadas en su territorio y que operan en otros países, para asegurarse de que sus actividades no afectan los derechos de los ciudadanos.

Tal apelación la formuló en un informe el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, para el cual sería contradictorio que un Estado permaneciera impasible si un actor domiciliado en su territorio y, por tanto, bajo su control y autoridad, dañase los derechos de personas de otro país.

Actualmente un número cada vez más reducido de transnacionales y sus subsidiarias realizan cerca de los dos tercios del comercio mundial, mientras que medio centenar de las empresas más poderosas superan con sus ventas las exportaciones de gran parte de los países subdesarrollados.

La actual globalización- coinciden expertos- no es tanto el resultado de la libre competencia entre las naciones, sino de una red de acuerdos y actividades productivas y financieras entre las propias compañías multinacionales, cuyo comercio entre sí supera al menos el 60 por ciento de las transacciones mundiales.

Si tradicionalmente el poder global se evidenció en el equilibrio geopolítico entre un grupo de potencias, actualmente los principales actores de este juego los constituyen las multinacionales, cuyo dominico mundial parte de la perforación de las soberanías nacionales con sus mercaderías, servicios, capitales, tecnologías, telecomunicaciones, tarjetas de crédito y patrones de consumo.

Para no pocos analistas, lo irónico de esta situación es que esas enormes corporaciones, vistas con temor durante un buen tiempo como la personificación del dominio y la explotación, ahora lo son como la encarnación de la modernidad y la prosperidad.

Es así que muchos países se esmeran por atraer las inversiones y las tecnologías de las multinacionales con el poco frecuente logrado objetivo de incrementar las ventajas competitivas y atraer mercados.

No es fortuito que el mencionado comité, fije en la guía elaborada que los Estados deben vigilar a las multinacionales, operen donde operen, y dar prioridad al bienestar económico, social y cultural de sus ciudadanos por encima del cumplimiento de tratados de inversiones, conforme al Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por gran mayoría de países.

Esas directrices son esenciales en tiempos en que las inversiones extranjeras y los intercambios comerciales aumentan, según consideraron los encargados de supervisar dicho pacto.

El informe del organismo internacional establece, además, la obligación de los Estados de luchar contra la evasión de impuestos de grandes corporaciones que se sirven de un sistema de sociedades opacas para ocultar capitales en paraísos fiscales, tal y como revelaron las investigaciones periodísticas denominadas ‘Papeles de Panamá’ y ‘BahamasLeaks’.

Cuando ya peligra el cumplimiento de buena parte de los 17 objetivos del Desarrollo Sostenible hasta el 2030, este informe se considera muy oportuno, para tratar de evitar, como muchas veces ha sucedido en los corredores de la historia, que el grito de los ricos suene más alto que el quejido de los pobres.