Una vez celebrado el World Pride Madrid, se confirma que los resultados económicos no han sido los esperados para los gerifaltes políticos que gobiernan España. Pese a que nos aseguren que a la ciudad llegaron millones de turistas, lo cierto es que se han cubierto las mismas plazas hoteleras que en las mismas fechas de hace un año, cuando el evento no tenía la catalogación de global.

Por otro lado, pese a la prolongación de los horarios del metro, el tránsito de personas por el mismo en su horario habitual, ha sido menor que en años precedentes. Una realidad, que cotejados los resultados expuestos en el primer párrafo, confirman que la afluencia a este tipo de actos exhibicionista no deja de caer de año en año.

A todo lo dicho habría que sumar los gastos ocasionados, lo que demuestra que el evento ha sido deficitario en su conjunto. A los 3,5  millones de euros públicos aportados a asociaciones LGTBIQ, habría que sumar 400.000 euros por la ampliación del horario del metro, el coste de un dispositivo policial de 3500 policías, las horas extra de los trabajadores de diferentes empresas y organismos públicos, los gastos sanitarios, así como todo aquellos derivados de otras administraciones como la Comunidad de Madrid.

Pese al fiasco, todos los partidos políticos con representación en el Parlamento acudieron ilusionados a la marcha que recorrió las calles del Madrid el pasado sábado 1 de julio, los cuales consideran que España se encuentra a la vanguardia del progreso humano por ser la más tolerante con la comunidad LGTBIQ, a la cual se le han otorgado más privilegios que país alguno en el orbe entero.

Dentro de este contexto no es de extrañar el clima de represión y falta de garantías democráticas que vive el país en una cuestión tan fundamental como la defensa de la familia, pilar básico del mantenimiento de una sociedad. Hace pocos meses, la política del PP y presidenta regional de Madrid, Cristina Cifuentes, aprobaba una ley que permitía imponer multas administrativas a aquellos, que no incurriendo en ningún delito penal, osen criticar la política pro-LGTBIQ que están implementando los diferentes poderes fácticos. El texto que socava el más elemental de los derechos fundamentales, como es la libertad de expresión, ha sido apoyado por el resto de grupos políticos con representación en la cámara. Incluso el partido Podemos quiere aprobar una ley similar para el conjunto del Estado.

Además de la persecución, el sistema político imperante dotó de una extraordinaria publicidad al acto del orgullo “gay”. Ya no sólo en sus noticiarios e informativos, sino en cualquier espacio televisivo, con independencia del tema tratado. Incluso hubo televisiones que emitieron íntegramente la marcha del pasado 1 de julio, donde comentaristas afeminados como Paco Clavet o Boris Izaguirre, criticaban vehementemente a aquellos gobiernos que mantienen políticas de defensa de la familia y la infancia, con excepción de nombrar a aquellos regímenes extremistas islámicos que aplican la pena de muerte para personas que practican las relaciones homosexuales. En este sentido, hasta 3 veces atacó Boris Izaguirre a Rusia delante de la cámaras de la televisión pública Telemadrid, por 0 al régimen teocrático saudí.

Pero si esto no fuera poco, la Alcaldesa de Madrid por el partido de Ahora Madrid (sucursal de Podemos), Manuela Carmena, en su alocución desde el estrado ante miles de hooligans LGTBIQ, atacó con saña a Rusia por hechos sin demostrar y que ella daba por ciertos en virtud a los testimonios de militantes de la asociación Human Right Watch, una entidad privada que según el diario progresista de The Guardian, ha recibido recientemente 100 millones de euros del oligarca financiero George Soros. Un hecho que no impidió arengar la rusofobia, mientras se denunciaba la islamofobia de aquellos que supuestamente atacan los lugares de culto wahabí.