El ministro libanés de Relaciones Exteriores y Emigrados, Gebran Bassil, puso el dedo en la llaga, los refugiados en El Líbano, en proporción, son como si Estados Unidos recibiera 150 millones de personas con ese status.

Esas declaraciones las formuló el canciller durante una visita a la nación norteña y de alguna manera hizo referencia a las políticas del presidente Donald Trump referidas a la situación de los emigrantes en Norteamérica, con mucho muy por debajo del drama que viven en naciones del Medio Oriente.

Tal vez exageró un poco, porque en realidad los refugiados sirios representan 20 por ciento de la población total, aunque de por sí se trata de un lugar ya superhabitado por personas que huyen de los conflictos.

En tal caso se cuentan los palestinos que establecieron varios campamentos, en un principio de manera temporal, pero ya pasaron décadas de la llegada de los primeros y no se ve una solución a corto plazo.

Los sirios que huyen a Líbano y Jordania se encuentran cada vez con mayores dificultades para atravesar las fronteras, a causa de que las autoridades comenzaron a aplicar restricciones para frenar entradas masivas.

Según cifras facilitadas por un Centro de Política Migratoria, los acogidos en las dos naciones del Medio Oriente superan a todos los que llegaron a la Unión Europea, Noruega y Suiza.

Pasar la línea fronteriza es solo un detalle de las dificultades que enfrentan los migrantes al entrar en los dos Estados vecinos, porque los gobiernos libanés y jordano no firmaron la Convención del Estatuto de los Refugiados de 1951, de La Haya, y no se sienten comprometidos con los derechos para ese tipo de desplazados.

El Líbano no otorga status de refugiado y su aceptación en el territorio depende de la capacidad económica del momento o de la opinión pública nacional.

A juicio del ministro libanés de Relaciones Exteriores el tema no es la asistencia que se recibe para una permanencia en el país, sino como ayudar a que en algún momento regresen a Siria.

En el plano económico, tanto en el caso jordano como en el libanés, el informe del Banco Mundial y ACNUR de finales de 2016 alerta sobre los altos índices de pobreza entre los llegados de Siria y, además, vaticina un empeoramiento de las condiciones en los próximos años.

Ese pronóstico se debe al incumplimiento de la comunidad internacional de sus obligaciones y compromisos con los que, en condiciones económicas y sociales muy inferiores a las de Europa, sin embargo, acogen a la mayor parte de los refugiados sirios.

Había un compromiso de ayuda por valor de seis mil millones de dólares para el 2016 y una cifra similar adicional a hacerse efectiva antes de 2020, pero hasta ahora siguen sin cumplirse.

A esa financiación se unían préstamos en condiciones favorables por valor de 41 mil millones de dólares, también sin concretarse.

La partida para ayudar a la educación de los refugiados, solo recibió la tercera parte de lo prometido y 800 mil niños continúan sin escuelas, rezan los informes de la ONU.

En una conferencia sobre Siria celebrada en Bruselas a principios de abril de 2017, los donantes reconocieron que año tras año remitían ayuda por debajo de las necesidades.

Y en diciembre pasado, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, divulgó que la llamada de emergencia para cubrir a los refugiados sirios solo llegó a 56 por ciento.

La comunidad internacional tampoco atiende una de sus obligaciones básicas, el reasentamiento en terceros países para aliviar la enorme presión sobre El Líbano y Jordania, cuyas economías no soportarían otra oleada de desplazados.