«Se ha desatado una auténtica guerra entre el Gobierno de Polonia y la Comisión Europea», advierte Serguéi Manukov, columnista del diario Expert.

El motivo del conflicto es el polémico proyecto de reforma judicial, diseñado por el partido gobernante polaco Ley y Justicia (PiS), que busca cambiar el reglamento para la elección de jueces del Tribunal Supremo. Esta modificación permite destituir a los magistrados que ya están en ejercicio —salvo aquellos que defienda el ministro de Justicia—.

Los intentos de Bruselas por llegar a un acuerdo con Varsovia al respecto han fracasado, lo que hizo que la Comisión Europea iniciara el procedimiento de activación del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea.

Este artículo prevé un mecanismo sancionador que podría derivar en la pérdida de los derechos de voto para Polonia en los foros europeos, en caso de que se produzca «una violación grave y persistente» de dicho artículo.

No obstante, el columnista opina que la activación de medidas restrictivas es poco probable.

«Para privar al país del derecho de voto en el Consejo Europeo se requiere la aprobación de todos los miembros de la UE, pero Hungría ha declarado en repetidas ocasiones que bloquearía cualquier intento de castigar a Varsovia», explica Manukov.

El columnista señala que Bruselas también muestra su descontento respecto a la política del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, especialmente por los ataques contra los jueces, periodistas y la oposición, así como el rechazo de seguir la política europea de puertas abiertas respecto a los refugiados. Al igual que Varsovia, Budapest se opone a acoger refugiados tal y como dictan las cuotas establecidas por la Comisión Europea.

La única cosa que distingue a Polonia de Hungría es la actitud hacia Rusia, señala el periodista. Mientras que Varsovia sigue una dura política antirrusa, Budapest mantiene unas relaciones estables con Moscú y solicita el levantamiento de las sanciones contra el país eslavo.

Sin embargo, Polonia y Hungría no son los únicos miembros del este de la UE que se desvían de la línea política de Bruselas, observa Manukov. Por ejemplo, la República Checa, Eslovaquia y Rumanía también se niegan a acoger refugiados.

«Las fuerzas centrífugas que buscan dividir la Unión Europea son fuertes, pero no se debe subestimar el centro europeo que, al menos por ahora, logra luchar con éxito contra sus oponentes».

Bruselas, dirigida por la principal defensora de una Europa unida, Angela Merkel, junto con el nuevo presidente francés, Emmanuel Macron, repelió el primer ataque de los populistas y ultraderechistas que ya sufrieron derrotas electorales en los Países Bajos y Francia. Según el columnista, los votantes también perdieron interés en sus ideas en Alemania, donde a finales de septiembre se celebrarán elecciones parlamentarias, así como en Italia, España y otros países europeos.

«Los líderes de Polonia y Hungría se han envalentonado tras la victoria de los adversarios de la Europa unida en el referéndum sobre la salida de la UE en el Reino Unido y con la llegada de Donald Trump, considerado por ellos como un aliado», explica Manukov.

Según el autor, las dificultades para la activación del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea no implican que Europa permita a Varsovia implementar la política del PiS respecto a los tribunales.

«Es posible que la propuesta alemana de castigar a los rebeldes polacos mediante la vinculación del tamaño de la asistencia —económica— proporcionada por la UE a los Estados miembros con el seguimiento de sus valores comunes sea más eficiente», opina el columnista.

Polonia recibe una de las mayores asistencias económicas del continente, de 140.000 millones de euros anuales. Naturalmente, Varsovia se opone rotundamente a esta iniciativa.

En 2015, el Parlamento Europeo instó a la UE a crear una especie de clasificación para monitorear el seguimiento de los valores europeos por parte los Estados miembros de la UE, recuerda el autor.