El escándalo de corrupción que sacude a la Fiscalía General en Venezuela confirma al parecer recientes acusaciones contra la ex titular de ese órgano, Luisa Ortega, a quien se le responsabiliza por generar impunidad ante condenables delitos.

Ortega, destituida hace unos días de su alto cargo por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), se convirtió en la mecha incendiaria que utilizó la ultraderecha venezolana para generar un escenario de caos y desestabilización, que provocó la muerte de más de 100 personas a consecuencia de la violencia callejera.

Pero si no fueron suficientes los argumentos para cesarla en su posición dentro del poder jurídico, ahora un nuevo escándalo apunta a la ex fiscal general, involucrada junto a su esposo, el diputado Germán Ferrer.

Aparecen también involucrados otros funcionarios de la fiscalía, en una red de extorsión que sacó del país más de seis millones de dólares, depositados en bancos de Las Bahamas, según denuncian las autoridades venezolanas.

La víspera, las nuevas autoridades del Ministerio Público presentaron a la prensa seis folios originales que dan cuenta de las acciones delictivas de los encartados, que podrán ser juzgados por delitos de corrupción, extorsión, asociación para delinquir y legitimación de capitales.

El nuevo fiscal general venezolano, Tareck Willam Saab, subrayó que están imputados además los fiscales Pedro Lupera y Luis Sánchez, y Gioconda González, antigua jefa del despacho de Ortega en el Ministerio Público, entre otros funcionarios.

Saab detalló que el origen de estos fondos ilícitos proviene de la utilización indebida de una investigación de delitos de corrupción en la faja petrolífera del Orinoco, lo que terminó en extorsión a empresarios vinculados a esa zona petrolera.

Según las investigadas practicadas hasta el momento, la ex fiscal general Ortega ‘montó una estructura para el chantaje, donde se pasaban montos de hasta 100 mil dólares por casos menores (con entrega de bienes como casas y vehículos), indicios que hicieron suponer una escalada a la apertura de cuentas millonarias, precisó Saab.

Por su parte, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, precisó el miércoles último que esa red fue activada después de que el Gobierno ordenó la investigación de empresas del sector petrolero.

A partir de ese momento -comentó Cabello- los fiscales designados para esta tarea llamaron a empresarios para ‘cobrarles peaje como una mafia’.

El dirigente socialista explicó que una primera cuenta fue abierta por el fiscal auxiliar Luis Sánchez, el 5 de abril de 2016, por un monto de 669 mil dólares, y al día siguiente se realizó la apertura de una segunda cuenta por parte de Pedro Lopera (fiscal principal) y Germán Ferrer, por un millón de dólares.

Al tercer día -agregó Cabello-, Ferrer y Sánchez abrieron una tercera cuenta por el mismo monto (un millón de dólares), lo que igualmente hizo el abogado defensor de la exfiscal, José Rafael Parra, actualmente detenido, y quien abrió una cuarta cuenta por un millón 50 mil dólares.

Lo mismo hizo Gioconda García, acompañada de Parra, quien abrió una quinta cuenta bancaria por el monto de un millón 669 mil 321 dólares, conforme a la misma fuente.

Cabello precisó que esa ‘Gioconda García’ es la misma Gioconda González -exdirectora del Despacho de Ortega, cuya identidad se mantuvo oculta mediante el uso de doble pasaporte.

‘Luego Lopera volvió a ir para abrir otra cuenta por un millón 730 mil dólares’, señaló el líder bolivariano, refiriéndose a la existencia de una sexta cuenta bancaria para el traslado de los fondos procedentes de la extorsión.

Explicó también que el Centro de Investigación contra el Crimen de las Américas inició en marzo una investigación, basada en denuncias sobre una presunta red de extorsión y corrupción que operaba en la Fiscalía General de la República, mientras investigaba casos de las compañías PDVSA (Petróleos de Venezuela) y la brasileña Odebrecht.

La víspera, se presentó un audio de una llamada telefónica en la que está implicado Rudy Jesús Pérez, fiscal asignado en el estado Sucre, quien pedía dinero a los acusados a cambio de arreglos judiciales, acción tipificada en las leyes venezolanas como un delito.

En el material de audio, el abogado Jairo Acosta sostiene una llamada telefónica con Pérez para acordar el monto a cobrar a un ciudadano que es investigado por un robo registrado en una alcaldía de la entidad.

En otra llamada, Pérez le dice a un abogado que a través de una suma de dinero dejaría en libertad al investigado.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró actos de detención contra varios de los imputados en ese hecho de corrupción y extorsión, mientras continúan las investigaciones.