El pasado fin de semana el Partido Revolucionario Institucional (PRI) llevó a cabo su XXII Asamblea Nacional, en donde quedarían establecidas las reglas para disputar los puestos de elección popular en el 2018, incluida la candidatura presidencial. Un partido que ha ejercido el poder durante casi ochenta años (setenta de ellos de forma ininterrumpida) y que se ha caracterizado por el autoritarismo y la corrupción no tiene un espíritu democrático en su seno y esta Asamblea Nacional tampoco lo fue. Está claro que Enrique Peña Nieto, presidente de México, gozará del privilegio que tuvieron sus antecesores priistas: la designación del candidato presidencial.

En la Asamblea se jugaba poco. Los candados que impedían la designación de un candidato sin militancia partidista tenían un solo nombre: José Antonio Meade, actual secretario de Hacienda. Los presidenciables Aurelio Nuño (Educación) y José Antonio Narro (Salud), al igual que Meade, no han disputado ni ganado nunca un cargo de elección popular, aunque sí contaban con la antigüedad de su militancia. También ese candado, el de haber desempeñado un cargo por elección popular, desapareció. Miguel Ángel Osorio Chong era el único presidenciable que contaba previamente con todos los requisitos. Al final del día siguen los cuatro en carrera, aunque la Asamblea significó una pequeña victoria para Meade, único en aparecer en las fotos del portal de presidencia junto a Peña Nieto.

Seguramente la candidatura priista no será definida hasta después que todos los partidos políticos y coaliciones electorales tengan nombre y apellido. Es la ventaja que da jugar con el ‘tapado’, figura clásica de la política mexicana desde el nacimiento del PRI, pero esta vez el posible sucesor priista estará en la peor posición de arranque en su historia. A menos de un año de las elecciones de 2018, las encuestas ponen al PRI en tercer lugar, tienen al presidente con menor aprobación en la historia del país y cuenta con menos gobernadores que en cualquier proceso electoral anterior. El PRI tiene todas las de perder y por eso se jugará todo en una mano: una elección de Estado. Muy similar al proceso que se vivió en el estado de México y la candidatura del primo del presidente, Alfredo del Mazo.

Es por eso que Enrique Peña parece apostar por una figura como Meade. Sin militancia partidista definida, ha laborado tanto con el PRI como con los gobiernos de derecha del Partido de Acción Nacional (PAN), lo que puede tender puentes y facilitar arreglos en una contienda cerrada. A Meade le une una amistad desde la universidad con Luis Videgaray, anterior secretario de Hacienda y hoy de Relaciones Exteriores, a quien el presidente tendrá en cuenta a la hora de tomar la decisión. También, desde hace mucho mantiene trato con las instituciones financieras internacionales, por lo que se espera un apoyo del exterior a su candidatura. La desconfianza que una parte abrumadora del electorado tiene en los políticos ‘tradicionales’ busca ser aprovechada por el principal responsable de esa desconfianza (el PRI) y promover la figura de un ‘ciudadano’ al servicio de las ‘instituciones’. La narrativa de una candidatura ciudadana con el emblema del PRI puede ser de naturaleza infantil, pero es a lo que apostarían los millones de ‘spots’ del partido hegemónico.

Si la elección del candidato del PRI es tradición del dedo presidencial y una elección de Estado es lo que se entiende por democracia en México, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? La respuesta natural sería la de poner los candados que ellos quitan. De vigilar, controlar y fiscalizar los recursos financieros, los topes de campaña y la compra de votos. El derroche económico en el estado de México fue el ensayo de lo que veremos en 2018. La compra de cada voto osciló entre 2.000 y 4.000 pesos (100 y 200 dólares) y el tope de campaña se rebasó con mucho. Los institutos electorales piden comprobar estos actos para que se castiguen como si el votante cooptado diera facturas electrónicas. Y aunque las autoridades electorales dicen no haber visto nada irregular, en todos los periódicos y en todos los canales de televisión se habló de los gastos excesivos en la campaña priista.

En una mesa de análisis, Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), reconocía que en el estado de México se habían rebasado los topes de campaña. La forma tan evidente en que se había hecho provocaba la risa en él y sus interlocutores (un exsecretario de Relaciones Exteriores del PAN e intelectuales afines al PRI y PAN) en lugar de causar indignación. El propio Luis Carlos Ugalde decía que los lineamientos actuales hacen prácticamente imposible demostrar legalmente los excesos en los gastos de campaña. El sistema de justicia electoral se parece mucho al resto del sistema de justicia mexicano, donde prevalece la impunidad. Según los números del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de cada 1.000 delitos solamente 1,4 recibe algún castigo, mientras que los otros 998 quedan impunes. ¿Por qué la justicia electoral debería ser diferente a lo que sufre el ciudadano común cotidianamente?

El día siguiente que el priismo anunciaba salir fortalecido de su Asamblea Nacional, el periódico brasileño ‘O Globo’ y la organización mexicana Quinto Elemento Lab dieron a conocer que el exdirector en México de la empresa brasileña Odebrecht, Luis Alberto Meneses Weyll, declaró haber hecho pagos por cuatro millones de dólares en marzo de 2012 a Emilio Lozoya Austin, encargado en ese momento de los asuntos internacionales en la campaña presidencial de Peña Nieto. Odebrecht abonó otros 6 millones con posterioridad, según lo detallan los periodistas de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), a la vez que ganaba una licitación en la refinería de Tula por 115 millones de dólares ya con Lozoya como director general. ¿Es posible que los 4 millones de dólares iniciales hayan entrado a la campaña electoral de Peña Nieto y es por este motivo que Lozoya parece casi intocable? Probablemente. De ser así, es obvio que estos recursos no habrían sido fiscalizados.

Los ciudadanos debemos poner énfasis en el trabajo de la autoridad electoral, que a todas luces se ha mostrado incapaz o sin la voluntad necesaria para hacer valer la equidad en las contiendas electorales. Exigir mayor fiscalización, candados y castigos al financiamiento ilícito y al rebase de topes de campaña. El exconsejero presidente Ugalde reconoce la incapacidad para fiscalizar y castigar que tiene el INE; figuras como Emilio Álvarez de Icaza y Cuauhtémoc Cárdenas han pedido la renuncia de los consejeros por la incapacidad de dar certeza a las elecciones. Las jornadas electorales no contribuyen por sí mismas a aumentar la calidad de la democracia, mucho menos las elecciones de Estado. Entre 2006 y 2018 no solo han corrido ríos de tinta en reformas que no funcionan, sino que han corrido ríos de sangre (240.000 muertos), mucha de gente inocente. Si el grupo en el poder apuesta por repetir el esquema de 2006 o el que se implementó en 2017 en el estado de México, las consecuencias pueden ser desastrosas para el ciudadano común. La impunidad es un prado seco en el que se propaga el fuego de la violencia y la corrupción que vive México.

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