El futuro de la situación es aún incierto. Al cierre de esta edición de Orbe, miles de campesinos paraguayos continuaban acampados en Asunción.

Su principal demanda sigue sin ser satisfecha, el gobierno les hizo una nueva propuesta pero sus dirigentes la rechazaron y es difícil vaticinar cuánto más durará la pulseada.

Llegaron a la capital hace ya más un mes con la exigencia mayor de recibir el beneficio de la condonación de las deudas vencidas para los pequeños productores y declarar una emergencia nacional para ellos, dada la grave crisis por la cual atraviesan por falta de políticas oficiales en su favor.

El poder Ejecutivo se opone terminantemente a dicha condonación, como mismo hizo en abril de 2016 cuando hubo otra manifestación de ese tipo aunque de más corta duración y concluida tras la firma de un acuerdo entre las partes, con el cual los labriegos se dieron por satisfechos, cuando en aquella ocasión la oferta y aceptación fue del refinanciamiento de los débitos.

Ahora la palabra condonación fue sustituida por subsidio, que en la práctica sería lo mismo o casi, y las autoridades aseguran no tener cómo sacar recursos del presupuesto para cubrir los más de 50 millones de dólares en que se calcula rondan los adeudos.

Así, los dirigentes de la organización convocante a la movilización, la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI), llegaron al Senado con dos proyectos de leyes: uno, Rehabilitación Financiera de los Pequeños Productores de la Agricultura Familiar Campesina cuyas fincas no excedan las 30 hectáreas, el otro el de la emergencia nacional para esos productores, ambos aprobados por una y otra cámaras del Congreso.

Faltaba entonces la venia presidencial para ser promulgados como leyes y, aunque primero el jefe de Estado, Horacio Cartes, aseguró que no pondría obstáculos para evitar mayor tensión social en el país, en pocas horas cambió de parecer y emitió su veto a la primera de esas normas, la referida al subsidio.

Sin embargo, esa objeción presidencial puede ser anulada si es rechazada por mayoría simple de senadores y diputados, por separado, con lo cual quedaría vigente.

Los dirigentes de la CNI iniciaron entonces una labor de lobby, primero en la Cámara alta, en busca de asegurar los votos necesarios, mientras el gobierno respondió con una nueva propuesta que permita a los legisladores hacer modificaciones a la norma según los términos planteados.

Inmediatamente la CNI se mostró contraria a ese plan -que básicamente vuelve sobre el refinanciamiento-, al considerarlo no una propuesta objetiva, sino un intento de distracción, y afirmó cómo toda la política financiera del gobierno no funciona y por ello el campesinado cayó en la usura de entidades financieras privadas.

Un nuevo elemento se suma a la situación, que puede ser explosiva, porque acostumbrados a realizar marchas casi diarias por calles capitalinas para defender sus reclamos ahora las fuerzas de seguridad pasaron de un acompañamiento pasivo al cerco total para evitar las caminatas, con el argumento de una vieja ley -significativamente desempolvada- que prohíbe todo tipo de manifestación pacífica en horario laboral.

Los protestantes vieron limitadas sus acciones al lugar donde tienen plantadas carpas para su permanencia durante estas jornadas de protesta, la Plaza de Armas frente a la sede del poder Legislativo.

Y allí seguirán quién sabe por cuánto tiempo más, pues aseveran que no depondrán su actitud hasta tanto sean respondidas favorablemente sus reivindicaciones.