Todavía entrampado en una huelga de maestros iniciada hace más de tres meses, el gobierno peruano trata hoy de resolver un viejo reclamo de decenas de comunidades selváticas contra la contaminación de sus tierras por operaciones petroleras.

El nuevo conflicto coincide con el paro de sindicatos regionales de maestros con los que el Gobierno negocia una solución y que se inició el 15 de junio, primero minoritariamente para luego extenderse a casi todo el país.

La huelga magisterial es materia de negociaciones indirectas entre los dirigentes sindicales y la ministra de Educación, Marilú Martins, con la mediación de representantes de la mayoría de las bancadas parlamentarias.

Tal mediación se hizo necesaria por el veto del ministro del Interior, Carlos Basombrío, a parte de los dirigentes, alegando para ello que están ligado a grupos subversivos, tema al que dedicó una larga comparecencia en la que se extendió en el tema, sin convencer a la mayoría de las bancadas, que lo criticaron.

Entretanto, los 25 apus (líderes) de las comunidades indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón involucradas en el conflicto, llegaron a Lima para tratar con diversos sectores sobre sus demandas referidas a los lotes petroleros 192 y 8, ubicados en la región amazónica de Loreto.

Las conversaciones en la capital fueron planteadas el pasado viernes por el viceministro de Gobernanza, Javier Fernández-Concha, en una visita a la zona, a donde acudió ante la toma del aeropuerto del Lote 192 por los nativos y el bloqueo de la vía de acceso a la terminal.

La protesta, levantada ante la promesa de diálogo, planteaba lo que será el tema de las conversaciones en Lima: las exigencias de cumplimiento de tres acuerdos firmados con los nativos y de una consulta a las comunidades, previa a una nueva concesión del Lote 192, indicaron los apus.

Esos acuerdos apuntan a la remediación de los daños ambientales causados por las operaciones petroleras a cargo de transnacionales, indicó el presidente de la federación de comunidades de la cuenca del Pastaza, Aurelio Quino.

El dirigente demandó que en las pláticas participe la ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín, a quien sus críticos califican como pro-empresarial, así como representantes de la oficina de las Naciones Unidas en Perú y de la Defensoría del Pueblo.

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