Esta vez le tocó a la naturaleza. El presidente de facto de Brasil, Michel Temer, eliminó la protección de una reserva de unos 47.000 km² de territorio de la Amazonía, que meses antes una fundación ambientalista de carácter privado había alertado sobre el daño que esto podría causar.

Se trata de la Reserva Nacional de Cobre y Asociados (Renca) una superficie de gran valor natural en la que estaba prohibida o fuertemente regulada la actividad minera, y fue creada en 1984 durante el régimen militar de João Figueiredo para la región entre los estados norteños Pará y Amapá, reseña Agencia Brasil.

Desde hace 33 años, la actividad minera y comercial de la zona estaba a cargo de la Compañía Brasileña de Recursos Minerales y de las empresas autorizadas por esta. Allí actualmente se explota cobre, pero estudios geológicos señalan que hay presencia de oro, manganeso, hierro y otros minerales.

En este sentido, el decreto firmado por Temer abre la posibilidad de crear explotaciones mineras en una extensión de casi 47.000 kilómetros cuadrados. Para tener una idea de esta extensión, se puede recordar a República Dominicana que tiene una superficie de 48.442 km².

La decisión del Gobierno de Brasil pretende “incentivar la actividad económica” y según no afectaría a la protección de la fauna y la flora de esta gran superficie en la cuenca del Amazonas.

Pero diversos expertos en medio natural y grupos ecologistas han destacado que esto abriría las puertas a la construcción de grandes explotaciones mineras y afecta a los bosques estatales, reservas ecológicas y tierras indígenas.

El área Renca engloba nueve áreas protegidas: el Parque Nacional Montañas del Tumucumaque, los Bosques Estatales del Parú y de Amapá, la Reserva Biológica de Maicuru, la Estación Ecológica del Jari, la Reserva Extractiva Río Cajari, la Reserva de Desarrollo Sostenible del Río Iratapuru y las Tierras Indígenas Waiãpi y Río Paru d’Este.

En opinión del director general del Departamento Nacional de Producción Mineral, Víctor Hugo Froner, esta acción, criticada por el impacto ambiental que generaría, “demuestra que el Gobierno le está dando atención a la minería”.

Por su parte, el senador del partido ambientalista Rede-AP, Randolfo Rodrigues calificó la decisión de Temer como “el más grave crimen contra la naturaleza amazónica” desde los años 70.

Rodrigues critica que no haya habido diálogo con las comunidades originarias de la zona y que el decreto sea de “una arbitrariedad absurda”.

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