Un intercambio de reproches y acusaciones entre un juez y la fiscalía sobre las gestiones para extraditar al expresidente peruano Alejandro Toledo, matiza hoy la confianza de la ministra de Justicia en el logro de ese objetivo.

La titular, Marisol Pérez Tello, señaló que su ministerio, junto al Poder Judicial y el Ministerio Público, realizan todos los esfuerzos necesarios para extraditar de Estados Unidos al exgobernante neoliberal (2001-06), prófugo y cobijado en ese país.

Toledo es acusado de lavado de activos y de recibir un soborno de 20 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht por el contrato de construcción de una carretera a Brasil y Pérez alentó la posibilidad de lograr pronto la entrega del exmandatario pronorteamericano.

La ministra obvió sin embargo mencionar los problemas que enfrenta la gestión, entre ellos el conflicto que protagonizan el juez Abel Concha, a cargo del caso de lavado de activos, y la fiscalía dedicada al tema, que se acusan mutuamente de dificultar las gestiones para la extradición.

Un pedido de arresto preventivo de Toledo fue enviado en marzo pasado a las autoridades norteamericanas y diversas fuentes señalan que la solicitud de entrega permanece en el Departamento de Estado, sin pasar al de Justicia, que lo debe trasladar a un juez para que acceda a la solicitud y avance el proceso.

La solicitud, por alegadas insuficiencias, ha sido corregida por lo menos dos veces, según fuentes judiciales citadas por la prensa local, ante las exigencias estadounidenses

De otro lado, Perú tiene listo un segundo pedido de prisión preventiva con fines de extradición que, según el fiscal superior de Lavado de Activos, Rafael Vela, es demorado por el juez Concha, a quien acusa de la intención de favorecer a Toledo.

El magistrado, sometido a una investigación por el organismo de control del Poder Judicial por las críticas a su gestión, alega que solo busca que el pedido tenga la precisión adecuada para que sea aceptado y los términos de la solicitud de la fiscalía no abonan a ese objetivo.

Concha pidió y obtuvo por ello asesoría de la Unidad de Extradición y Colaboración Internacional del Ministerio Público y alega que ‘solo quiero hacer un buen trabajo como juez imparcial, sin favorecer al expresidente Toledo’.

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, respaldó al juez, negó que este pretenda ayudar a Toledo y pidió al Ministerio Público que haga su trabajo y ayude al avance del proceso.

Rodríguez manifestó en días pasados que las autoridades de Estados Unidos deben dar curso a la solicitud y poner en marcha el proceso de extradición, en cumplimiento del tratado bilateral de la materia.

La situación de Toledo se agravó esta semana, al confirmar el Ministerio Público que logró un acuerdo con uno de los coacusados de Toledo, el empresario peruano-israelí Yosef Maiman, quien aceptó colaborar y a cambió se revocó una orden de prisión preventiva en su contra.

La fiscalía espera que la declaración de Maiman refuerce la acusación contra el exgobernante, pues el empresario era dueño de la cuenta suiza en la que Odebrecht depositó el soborno.

De esa cuenta provendrían los fondos con los que Maiman, junto a Toledo, creó la empresa de fachada Ecoteva, en Costa Rica, para transferir varios millones de dólares para la compra de costosos inmuebles en Perú por parte de la anciana suegra belga de Toledo.