La Operación Valle ilegalizó un partido comunista y decretó la prisión para 3 personas por participación voluntaria de 2 brigadistas en las YPG para combatir al Daesh.

Conforme avanzan las investigaciones relacionadas con los atentados yihadistas acaecidos en Barcelona y Cambrils nos parecen más y más curiosas las informaciones que están viendo la luz. En ellas hemos podido comprobar, una vez más, la desproporcionalidad con la que se ha tratado el caso de la Operación Valle, en especial a sus imputados, en contraposición con las, aparentemente, laxas medidas que recayeron en su momento sobre terroristas como el imam de Ripoll, Abdelbaki  es Satty.

Cabe recordar que la Operación Valle persigue la solidaridad internacional con el pueblo kurdo, principal agente en la lucha contra el Daesh; en el transcurso de la investigación de dicha operación policial y judicial se ilegalizó un partido comunista, el PML (RC), y se decretó la prisión preventiva de tres personas, una de ellas sin fianza durante casi dos meses; el desencadenante de dicha operación fue la participación voluntaria de dos brigadistas en las filas de las YPG para combatir al Daesh. Ninguno de los imputados en la Operación Valle ha cometido ningún delito, sus únicas relaciones han sido con las YPG, las mismas que tienen alianzas tácticas con países como, por ejemplo, Estados Unidos. Es importante también recalcar que jamás, ni el PML (RC), ni los internacionalistas a nivel individual, han escondido su apoyo al pueblo kurdo.

El imam de Ripoll, Es Satty, vivió en Vilanova i la Geltrú  en el mismo piso que el cerebro de la célula yihadista investigado en la Operación Chacal y con otro terrorista que se inmoló matando a una treintena de personas en Irak. En 2005, a raíz de la Operación Camelón, el juez Grande-Marlaska autorizó la intervención de su teléfono en base a, citando el auto, «La proporcionalidad, necesidad e idoneidad en la observación del teléfono utilizado por Abdelbaki es Satty se infiere de la gravedad de los hechos objeto de imputación, así como las sospechas fundadas sobre su vinculación al Grupo Terrorista Ansar Al Islam» a lo que se añadía en el mismo auto: «puede actuar como intermediario a la hora de dar apoyo logístico para las redes terroristas, al mantener contactos con ciudadanos árabes que se dedican a la falsificación de documentación en el ámbito de la delincuencia común, con el objetivo de dar cobertura a la salida de elementos terroristas por territorio español y europeo».

Nos resulta extremadamente curioso que teniendo todos estos indicios de su estrecha relación con el yihadismo no se procediera a su inmediato ingreso en prisión preventiva; con muchas menos evidencias o ninguna de este calibre se ha encarcelado en España a luchadores políticos y sociales durante meses.

No contentos con eso, un mes después y pese a todos esos indicios que fundamentaron la investigación, la Policía propuso al juez que se cesase la intervención telefónica y, “sorprendentemente” (nótese la ironía), según avanzó la investigación de dicha operación, Es Satty volvió a aparecer. Un testigo le señaló como el más estrecho colaborador con la cabeza del yihadismo de la Operación Chacal.

Pero, ¡sorpresa!, el juez Garzón no imputó a Es Satty. También nos deja ojipláticos saber que a pesar de las condenas, los yihadistas fueron absueltos por el Tribunal Supremo por haber sufrido torturas y presiones para declarar en dependencias policiales, así como que algunas de las intervenciones telefónicas no habían sido autorizadas.

¿Cuántos presos políticos han denunciado maltrato en dependencias policiales? ¿A cuántos se les ha absuelto por ello? A ninguno. ¿Cuántos denuncian estar siendo vigilados y tener las comunicaciones intervenidas a pesar de que haya finalizado la fase de instrucción y con ello la autorización judicial? Prácticamente todos, entre ellos nuestros compañeros imputados por solidarizarse con el pueblo kurdo.

Es realmente significativo que todas las modificaciones en materia terrorista que se introdujeron en el Código Penal, bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo yihadista, solo estén sirviendo para vapulear y reprimir a los elementos más progresistas y conscientes de la sociedad.

Mientras se ingresa en prisión preventiva a luchadores sociales y políticos con el único fin de desmovilizar a la clase obrera, los yihadistas campan en libertad hasta que atentan, pese a que previamente fuese palpable su radicalización y sus intenciones de delinquir. Eso sí, mientras a los presos políticos se les dispersa, aísla y aleja entre ellos, los presos yihadistas tienen tal situación en las cárceles que éstas son el principal medio de captación y radicalización. Tanto es así que recordamos la bandera del Daesh que apareció pintada en el patio de una cárcel madrileña y que nosotros veníamos denunciando durante meses, ¿cómo se puede hacer a lápiz tal pintada sin que las autoridades penitenciares se den cuenta? Permisividad.

No nos cansaremos de decir que luchar contra Daesh y el terrorismo yihadista no es un delito. También luchamos contra el fascismo que se apoya en el terror para hacer calar sus discursos racistas. Continuaremos denunciando la doble vara de medir que ha demostrado la Justicia española y la Policía en lo que atañe a combatir, de forma efectiva el terrorismo yihadista, en comparación con su desproporcionalidad a la hora reprimir la lucha política hacia el progreso. Continuaremos denunciando la complicidad de España con el terrorismo del Daesh mientras se continúe vendiendo armas a Arabia Saudí, país aliado de los yihadistas, o mientras se continúen teniendo relaciones con el fascista Erdogan y su permisividad con los terroristas mientras reprime a los elementos más conscientes de Turquía y masacra al pueblo kurdo; o exige sumarios como el de nuestro caso tras haber presionado al gobierno español para que actuase contra la solidaridad internacional que veníamos realizando y que, pase lo que pase, seguiremos abanderando.